Los promotores de las dos causas abiertas en España contra los responsables de las torturas en Guantánamo tienen previsto ampliar las querellas presentadas para incorporar las fichas elaboradas en el penal militar de EEUU sobre cada preso que desveló un pool de medios internacionales a partir del material conseguido por Wikileaks.

Pese a que la existencia de torturas y vejaciones en Guantánamo es algo bien sabido casi diez años después de la apertura del penal emblemático de la 'guerra contra el terrorismo' emprendida por George W. Bush y su equipo, los promotores de las causas en España consideran que el material publicado es, en cambio, muy relevante desde el punto de vista penal: se trata de documentos oficiales, con el membrete del Pentágono, en el que se reflejan por escrito la debilidad de las sospechas contra muchos de los reos detenidos durante años sin tutela judicial, así como las terribles condiciones en la cárcel.

Cada una de estas fichas, además, lleva la firma de generales concretos, un aspecto que los promotores de las causas en España consideran 'muy importante' a efectos de los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional.

'Las fichas demuestran la existencia de un plan sistemático montado por el Estado e implementado por funcionarios públicos concretos. No hay dudas de que estamos hablando de crímenes de Estado', sostiene el abogado Gonzalo Boye, promotor de las querellas en España y que, por ello, fue objeto de una investigación por parte de la Embajada de EEUU en España, según los papeles de Wikileaks.

'Queda claro que se trata de crímenes de Estado', sostiene el abogado querellante

Actualmente siguen vivas dos causas gemelas en la Audiencia Nacional sobre las torturas en Guantánamo: una, en el Juzgado número 5, del juez Pablo Ruz, admitida a trámite en su día por Baltasar Garzón y avalada por el pleno la Sala de lo Penal de la Audiencia en contra del criterio de la Fiscalía. La otra, centrada en los juristas que crearon el andamiaje legal que justificó las torturas, en el Juzgado número 6, del magistrado Eloy Velasco, quien en un auto del pasado 13 de abril dispuso el sobreseimiento provisional. Los querellantes han recurrido.

Las fichas filtradas por Wikileaks serán aportadas como 'hechos nuevos' y resultan especialmente relevantes para el caso cuyo sobreseimiento provisional ha ordenado Velasco. El juez, que firmó su auto sin ni siquiera esperar a la ponencia sobre la causa gemela que está redactando el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, defendiendo la competencia de España, se basa sobre todo en un informe aportado por EEUU en el que se asegura que este país ya ha investigado los hechos. 'Con las fichas queda clarísima la implicación del Estado y, por tanto, sería muy difícil de entender que se archivara el caso tomando como base un informe elaborado por el mismo Estado', subraya Boye, quien añade: '¡Equivale a poner a un gato al cuidado de la carnicería!'.

Según ha contabilizado El País a partir del análisis de los más de 700 ficheros abiertos entre 2002 y 2009 y filtrados por Wikileaks, EEUU no creyó seriamente en la culpabilidad o amenaza de casi el 60% de sus prisioneros, pese a lo cual los mantuvo durante años en el penal al margen de la ley internacional, donde algunas prácticas de tortura (como el suicidio simulado) no eran consideradas como tales.

Las fichas también ponen de manifiesto cómo el general al frente de Guantánamo, Geoffrey Miller, recomendaba la permanencia en prisión de presos sin una sola prueba incriminatoria. Los querellantes han pedido la imputación de Miller en la causa que instruye Ruz en España y han aportado un exhaustivo informe sobre su papel en Guantánamo elaborado por el Center for Constitutional Rights en Washington. Ahora, la Audiencia tendrá además informes firmados de su puño y letra.

Los generales mantenían presos a los reos sin indicios de criminalidad

Tras la reforma jurídica en España para dificultar la aplicación de la jurisdicción universal, a finales de 2009, ambas causas se sustentan a partir de las denuncias de tortura sufridas en Guantánamo por el español Hamed Abderramán y el marroquí Lahcen Ikasrrien, con 15 años de residencia en España.

Ambos tienen también sus respectivas fichas, en las que los generales que las firman piden que sigan en la cárcel sin ninguna prueba de su vinculación al terrorismo. En un informe de agosto de 2003, el general James E. Payne III considera a Abderramán miembro de Al Qaeda sin datos que lo sustenten. El ciudadano español llevaba ya 19 meses en el penal y hasta febrero de 2004 no fue entregado a España, donde fue absuelto.

Por su parte, el general Jay W. Hood pidió que Ikassrien siguiera preso en un informe de noviembre de 2004 en el que reconocía que 'el detenido aún no ha admitido que sea parte de Al Qaeda y sigue negando haber hecho nada mal o cualquier vinculación terrorista'. Y ello pese a que llevaba ya 32 meses en Guantánamo. Ikassrien fue entregado a España en julio de 2005, condenado por la Audiencia Nacional y luego absuelto por el Supremo.

Durante más de cinco años, Abu Sufian Bin Qumu estuvo detenido en Guantánamo como “probable miembro de Al Qaeda”. Fue apresado en Pakistán poco después de los atentados del 11-S y encarcelado en la base militar, debido en parte a informes del Gobierno de Muamar Gadafi que lo acusaban de haber pertenecido a un grupo de oposición islamista en Libia. Bin Qumu perteneció al Ejército libio y en los años noventa emigró a Afganistán para hacerse muyahidin. En 2007, EEUU le devolvió a Libia en un amnistía general. A sus 51 años, el exsoldado es ahora una de las figuras de la revuelta libia. Lidera, según ‘The New York Times’, la brigada Darnah, del nombre de su ciudad natal, en el noroeste del país.  / ISABEL PIQUER