El 12 de mayo de 2006 comenzaba la pesadilla en São Paulo. Siguiendo las directrices del Primeiro Comando da Capital (PCC), la organización que controla el crimen y los presidios en el Estado más rico de Brasil, presos de 74 cárceles se amotinaron, mientras se producían 373 ataques contra bases policiales y de bomberos. Cuatro días después, las calles del centro de la mayor ciudad de Suramérica volvían a la calma, pero la violencia continuaba en las periferias de São Paulo y de otras ciudades del Estado.

Las favelas sufrieron una virulenta represión policial: el saldo oficial habla de 43 agentes muertos y 122 civiles; unos 80 de ellos, sospechosos de conexión con el PCC, el resto, supuestas balas perdidas en medio del fuego cruzado. Pero las estimaciones de instituciones médicas calcularon en unas 493 las víctimas mortales de los conocidos como crímenes de mayo.

Las Madres de Mayo denuncian que las ejecuciones sumarias siguen impunes

Las madres de algunas de las víctimas decidieron movilizarse. Débora Maria da Silva fundó entonces la asociación Madres de Mayo, que ayer, en el quinto aniversario del comienzo de los ataques, presentó el libro Del luto a la lucha y dio comienzo a una semana de actos públicos para denunciar la impunidad de aquellos crímenes.

'Mucha gente todavía no sabe que aquellos diez días fueron una pesadilla real y que, de alguna forma, sigue pasando cotidianamente en los barrios humildes: la Policía y los grupos de exterminio siguen extorsionando, torturando, deteniendo y matando, todos los días, sobre todo contra la población pobre y negra', afirma Débora. 'La licencia para matar es tal que pensaron que podían exterminar a 500 jóvenes de la periferia y nos quedaríamos callados'.

Un estudio de la Universidad de Harvard, encargado por la ONG brasileña Justicia Global, les da ahora la razón. El concienzudo informe de 251 páginas, hecho público esta semana tras cuatro años y medio de investigación, señala evidencias de que efectivamente se produjeron ejecuciones sumarias en las favelas. También da las pruebas de la impunidad de los agentes: mientras que el 83% de los casos de agentes muertos fue dilucidado, sólo se esclareció el 13% de los homicidios a manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Una investigación de Harvard sostiene que la corrupción policial motivó los ataques

El estudio, llamado São Paulo sob achaque algo así como São Paulo bajo extorsión, saca otras dos conclusiones: una, que, junto a la transferencia de 765 líderes del PCC a otras cárceles, la corrupción policial estuvo entre las causas principales de los ataques. Entre otras cosas, agentes corruptos secuestraron en 2005 al hijastro del líder de la organización, Marco Williams Camacho, Marcola, quien pagó desde la cárcel 200.000 dólares y ya entonces advirtió: 'No les va a salir barato'.

Y dos, que si finalizaron los ataques fue porque el Estado pactó secretamente con la organización criminal, en lugar de apostar con firmeza por la mejora de las condiciones de los presos, que, cinco años después, siguen hacinados. Las cárceles de São Paulo están al 197% de su capacidad.

Los ataques de 2006 acabaron convirtiéndose en una demostración de fuerza que dejó ver que, si así lo quiere, el Partido —como se hace llamar el PCC— puede poner en jaque a cualquier Gobierno. Al contrario que en Río de Janeiro, donde en la última década varias facciones criminales se han enfrentado por el control del narcotráfico, en São Paulo el crimen está monopolizado por el Partido, que nació en las cárceles a primeros de los años noventa, como respuesta a las inhumanas condiciones que vivían los presos, y se consolidó tras la masacre de Carandirú, en 1992. En aquel momento, la brutal represión de un motín dejó un saldo de 111 muertos, según cifras oficiales (los testigos sostienen que fueron muchos más).

Los presos entendieron que debían organizarse, y el PCC, con su lema de 'justicia y libertad', con su discurso de solidaridad y de lucha social, y con un carismático líder, Marcola, fue haciéndose fuerte hasta monopolizar el crimen en la ciudad, desde el tráfico de drogas y de armas hasta el blanqueo de dinero en las gasolineras.

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