Un juez uruguayo procesó al coronel del Ejército Tranquilino Machado por el homicidio del militante comunista Ramón Peré, considerado el primer asesinato de un activista en la dictadura militar (1973-1985), informaron fuentes judiciales. La sentencia del juez Ruben Saravia considera al oficial 'autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado', por lo que ordena su detención y reclusión en un centro penitenciario.

A Machado se le acusa de haber disparado por la espalda a Ramón Peré el 6 de julio de 1973, apenas nueve días después del autogolpe de Estado del presidente Juan María Bordaberry. El encausado, entonces alférez, participaba en un recorrido de vigilancia por la ciudad de Montevideo junto con un sargento vestido de civil cuando descubrió a la víctima, militante de la Unión de Juventudes Comunistas, y a otro joven, ambos estudiantes de Veterinaria, repartiendo volantes propagandísticos.

El procesamiento de Machado es el primero desde que a finales de mayo fracasara un proyecto del bloque gobernante de izquierda Frente Amplio para anular la Ley de Caducidad. Esta ley, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009, impide procesar a los militares y policías que cometieron violaciones de los derechos humanos durante el Gobierno de facto. Sin embargo, incluye una cláusula que permite al Ejecutivo de turno negar el amparo de esa ley a los casos que considere oportunos.

Este punto ha sido aprovechado por la izquierda para abrir y reabrir varias causas desde que llegó al poder en 2005 con Tabaré Vázquez, miembro del FA como el actual presidente, José Mujica. El plan contra la Ley de Caducidad fue justificado por la condena que recibió el país en marzo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de María Claudia García y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta respectivamente del poeta argentino Juan Gelman.

Varios fiscales han advertido de la necesidad de procesar cuanto antes a todos los responsables de aquellos crímenes de Estado por una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia que, al considerarlos delitos comunes y no de lesa humanidad, ratifica que prescribirán el 1 de noviembre próximo.