El Gobierno mexicano enviará en los próximos días 2.790 soldados más al estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos y uno de los más golpeados por la violencia del crimen organizado. Este anuncio llega pocas horas después que el presidente Felipe Calderón reafirmara su estrategia de combate militar al narcotráfico emprendida al iniciar su mandato, en diciembre de 2006, ante el cuestionamiento de la sociedad civil. 'Pudo ser un error. Yo creo que no', dijo esta semana el jefe del Ejecutivo a aquellos que le exigen un cambio de maniobra.

La obstinación de Calderón choca con la realidad. Los resultados de haber movilizado al Ejército en otros lugares no le dan la razón. Siguiendo la misma frontera con EEUU, mil kilómetros al oeste de Tamaulipas, se llega a Ciudad Juárez, el laboratorio de esta lucha contra el narco.

Desde diciembre de 2006 han sido asesinadas aquí 9.000 personas, una de cada cinco en México

Allí, la violencia se disparó en 2007, cuando el cártel de Sinaloa, el más poderoso, emprendió la disputa de esta pedazo de frontera, con el cártel local. Los asesinatos se incrementaron de una veintena al mes a cerca de 50. En 2008, para controlarlos, el Gobierno federal mandó al Ejército. En un año y medio llegaron más de 10.000 soldados, el mayor operativo en todo el país. Sin embargo, en 2010, la cifra de asesinatos se multiplicó hasta 3.111, casi una decena diaria, en una ciudad de 1,2 millones de habitantes. ¿Cómo se explica esto? El general al mando en la ciudad, Jorge Juárez, resumió a la prensa la versión oficial defendida por el presidente Calderón: 'En vez de decir un muerto más, digan un delincuente menos'. Con esta consigna, el Ejército no combatió a la delincuencia si no que dejó que los criminales se mataran entre sí.

Ahora, los tiroteos son la sinfonía de esta ciudad. Una ráfaga seca, no muy lejana, suena en medio de la entrevista el pasado fin de semana hubo 19 homicidios, pero Ernesto Martínez sigue con su relato: 28 años, trabajador por 50 euros, 7 días a la semana en una fábrica de capital estadounidense, vecino de una colonia pobre de Ciudad Juárez. 'Uno se acostumbra', dice este joven, que vive en la urbe más violenta del mundo con una criminalidad de 240 homicidios por cada cien mil habitantes el año pasado, una cifra dos veces y media superior a la de Irak, sin una guerra de por medio. O sí.

El crimen organizado ofrece 60 euros por cada muerto, poco más que una jornada semanal

Desde diciembre de 2006, en Juárez han sido asesinadas cerca de 9.000 personas, una de cada cinco de las que han muerto en el país en el mismo periodo.

'Se dio permiso para matar, cualquiera puede decir que está relacionado con un cártel y si no le das lo que te pide te mata, y resulta que no es detenido, así que continúa. En este caos delictivo se sumaron muchos oportunistas, desde empresarios hasta soldados pasando por pandilleros y delincuentes brutales', explica Gustavo de la Rosa, investigador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, adjunta a la Fiscalía.

A esta impunidad, que se aplica al 98% de los casos, se sumó el desempleo. En 2008, sólo las maquilas fábricas que producen en México para EEUU despidieron a 80.000 personas. La construcción cayó en picado por la violencia y con ella todos los negocios adyacentes.

'Es una guerra entre dos bandos del Estado, con policías, soldados y políticos', dice Almada

Martínez lo corrobora, a él ya le han ofrecido varias veces incorporarse a las bandas delictivas. Por cada persona que mate le ofrecen 60 euros, una cifra ridícula pero que es más de lo que gana en una jornada semanal de 60 horas. Él prefiere dormir tranquilo, pero conoce a muchos de su barrio que 'si le han entrado'.

Algunos ya han muerto, otros han sido asesinados sin tener nada que ver, por estar en 'el lugar equivocado' o por negarse a pagar una 'cuota', como les llaman los criminales a las extorsiones periódicas que piden a cambio de 'ofrecerles seguridad' a los negocios, desde fábricas hasta los puestos de comida ambulante. El Ejército y la Policía lo saben pero no hacen nada, 'sino es que son ellos mismos', espeta Martínez.

Así, junto a los cuerpos tirados o colgados de puentes, se multiplicaron los robos, las extorsiones, los secuestros y las matanzas indiscriminadas. Como la que dio la vuelta al mundo hace un año y medio, cuando asesinaron a 15 jóvenes que celebraban una fiesta en un barrio popular de la ciudad. Luz María Dávila, la madre de dos de ellos, estudiantes de 19 y 17 años, encaró a Calderón: 'Quiero justicia. Quiero que se ponga en mi lugar. No me diga que sí, ¡haga algo, señor Presidente!'.

La respuesta gubernamental fue implementar algunos planes sociales, insuficientes según las organizaciones sociales, y sustituir a los soldados por policías federales ahora hay 2.500 soldados y 5.000 agentes. Pero los homicidios y el descontento siguieron creciendo. Así lo reflejan los juarenses, al preguntarles si el despliegue de las fuerzas de seguridad les benefició.

Un joven médico, que prefiere guardar su identidad, asegura que apenas hace unos meses los federales le robaron su coche. Le detuvieron en uno de los múltiples retenes esparcidos por la ciudad. Le faltaba un trámite requerido por Tránsito. En lugar de multarle, le amenazaron y al confesar que era doctor, le exigieron un cuantioso soborno que no podía pagar. A cambio le despojaron de su vehículo.

El médico no denunció por miedo. 'Si lo hago, como mínimo me puede pasar como a muchos otros que luego llegan a sus casas a catearles, y se llevan su ordenador, su televisor y hasta la compra. Vivimos un maltrato constante por parte de la autoridad', asevera. Y cómo la suya, hay decenas de historias. En 2009, la Comisión estatal de Derechos Humanos documentó 1.250 abusos del Ejército y 40 de la Policía Federal y calculan que sólo son un 20% de las que hubieron.

'No es una guerra entre cárteles, ni una guerra contra la delincuencia organizada, es una guerra entre dos bandos del Estado. En cada uno hay policías, militares y sobretodo, políticos poderosos, por eso no se puede resolver el conflicto', explica Hugo Almada, activista y profesor de la Universidad de Juárez.

Así las cosas, muchos han optado por irse. Primero cerraron negocios y ahora se calcula que unas 300.000 personas han huido, la mayoría a la vecina ciudad de El Paso, Texas, paradójicamente, la segunda más segura de EEUU. El propio alcalde de Juárez duerme allí. Y es que estas dos ciudades, sólo separadas por una valla y el cauce del Río Bravo, son la cara y la cruz de una misma moneda. Mientras en El Paso consumen tranquilamente la droga que llega de México, en Juárez se desangran por controlar su tráfico.