El FBI ha decidido abrir una investigación para averiguar si alguno de los empleados de News Corporation pinchó los buzones de voz de las víctimas de los atentados del 11-S y de sus familias y sobornó a las personas susceptibles de pasarles este tipo de información.

Las autoridades federales responden así a la petición del representante republicano de Nueva York, Peter King, que preside el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja y en cuyo distrito de Long Island se contaron muchos de los afectados por los atentados.

Según la petición de King, News of the World trató de violar la privacidad de quienes sufrieron los ataques terroristas a través de 'sobornos' y 'escuchas no autorizadas'.

El de King es un gesto inesperado dado que los políticos conservadores dependen mucho de la publicidad y la plataforma ideológica que les otorga Fox News, la cadena ultraconservadora, propiedad de News Corporation.

El congresista también asegura que 'periodistas que trabajaban para News of the World solicitaron a un policía de Nueva York el acceso a los archivos telefónicos de las víctimas del 11-S en los días anteriores a los ataques', indicó el representante en su petición.

'Si se demuestra que estas acusaciones son verdaderas, su conducta merecería cargos criminales por intentar violar varias leyes federales relacionadas con la corrupción de funcionarios públicos' y contra las escuchas, subrayó el representante por Nueva York.

Haber sometido a las familias de las víctimas a tales 'presiones parasitarias e injustificables' debería acarrearles 'las sanciones más duras previstas por la ley', de ser declarados culpables, añadió King.

Su denuncia se suma a la de tres senadores demócratas, entre ellos Jay Rockefeller,que han pedido al ministro de Justicia (fiscal general), Eric Holder, que determine si News Corporation violó la ley contra sobornos de empresas extranjeras, al pagar, supuestamente, a las personas que pudieron darle acceso a los buzones de voz. 'Las alegaciones contra News Corporation son muy serias e indican una tendencia hacia la ilegalidad', denunció la senadora por California, Barbara Boxer.