Casi ocho años después de la masacre conocida como Octubre Negro, el Tribunal Supremo de Bolivia emitió ayer una sentencia contra siete de los 17 acusados.

Dos exministros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fueron condenados a tres años de prisión por ser partícipes en la matanza de al menos 67 civiles. Además, hubo 450 heridos. Otros cinco militares recibieron penas que oscilan entre los 10 y 15 años de cárcel por el delito de 'genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta', especialmente en El Alto, junto a La Paz.

A pesar de ser histórica, la resolución de la Justicia ha generado una satisfacción más bien tibia. La Central Obrera Boliviana no dudó en calificarla de 'benévola', aunque lo que sobre todo pesa es que el principal responsable de la masacre, el expresidente Sánchez de Lozada, sigue prófugo en Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía por extraditarlo a él y a siete de sus exministros. Dos de ellos huyeron también a Estados Unidos, mientras que otros cuatro se fugaron a Perú y uno más, el exministro de Educación Hugo Carvajal, eligió España como refugio.

Ya lo dijo el ministro de Comunicación, Iván Canelas, al señalar que 'los verdaderos autores intelectuales siguen fuera del país'.

La matanza se remite a octubre de 2003, cuando Sánchez de Lozada hizo uso de la fuerza militar para reprimir una movilización popular que protestaba contra la decisión gubernamental de exportar gas a Estados Unidos y a México a través de puertos de Chile, al que Bolivia reclama el acceso soberano al mar que perdió en 1879. Las revueltas, en las que participó el por entonces líder indígena Evo Morales, habían comenzado un mes antes con la demanda popular de nacionalizar e industrializar el gas.

La posterior represión militar desencadenó protestas multitudinarias en todo el país, que terminaron con la muerte de más de 60 campesinos y la renuncia de Sánchez de Lozada, que se marchó precipitadamente a Estados Unidos.