La Unión Europea (UE) ha intensificado su presión contra el régimen de Bashar al Asad al imponer un embargo a las importaciones de petróleo sirio. La medida busca frenar una de las principales fuentes de ingresos del Gobierno sirio, inmerso desde marzo en una cruenta campaña de represión contra la oposición.

El régimen de Al Asad obtiene anualmente unos 2.250 millones de euros en beneficios por la producción de petróleo, lo que supone un 25% de las ganancias de las arcas públicas, según las previsiones estatales para 2010. Los países europeos son los principales compradores de petróleo sirio. De los 150.000 barriles de crudo al día que exporta Siria, un 95% lo vende a Europa, mayoritariamente a Alemania, Francia e Italia. Pese a la magnitud de las cifras, el embargo no supondrá un gran impacto para la UE, pues el petróleo sirio sólo representa un 1,5 % del total de las importaciones de los 27.

El acuerdo alcanzado en la ciudad polaca de Sopot no será, sin embargo, totalmente efectivo hasta el próximo 15 de noviembre, para respetar los contratos en vigor de algunas petroleras europeas. De hecho, Italia presionó durante los últimos días para retrasar la fecha de aplicación.

La venta de petróleo supone un 25%
de los ingresos del régimen sirio

Los ministros de Exteriores acordaron también incluir cuatro personas y tres entidades a la actual lista de sanciones contra Siria, compuesta por 50 individuos, entre ellos Al Asad, y una decena de entidades próximas al régimen.

Como cada viernes de oración desde marzo, Siria volvió ha vuelto a vivir protestas masivas contra el Gobierno de la familia Al Asad, que lleva 45 años en el poder. Al menos 12 personas murieron a manos de las Fuerzas de Seguridad en las ciudades de Homs, Deir al Zur y en algunos suburbios de la capital, Damasco. Las manifestaciones también llegaron a la ciudad de Hama, cuyo fiscal dimitió el miércoles en protesta por los excesos del Ejército en esta localidad del centro del país.

En un vídeo difundido en internet, Adnan al Bakur anunció su renuncia por la muerte a finales de julio de 72 opositores en una prisión. El fiscal también explicó en la grabación que fue obligado a redactar un informe en el que culpaba a 'grupos armados' de la muerte de 420 personas, que, en realidad, habían sido asesinadas y enterradas en fosas comunes por las fuerzas del régimen.

El fiscal general de Hama dimite en protesta por la represión militar

Además, el abogado calculó que alrededor de 10.000 manifestantes pacíficos fueron arrestados de forma indiscriminada y dijo poseer testimonios y documentos de las atrocidades cometidas por el Ejército sirio.

La dimisión, en caso de confirmarse, supondría la primera renuncia de un alto cargo sirio desde el inicio de las revueltas. El régimen asegura que Al Bakur fue secuestrado y coaccionado para que dijese esas palabras. Sin embargo, grupos de derechos humanos dan credibilidad a las denuncias del fiscal, que se encuentra en paradero desconocido. Los activistas consideran, además, que las imputaciones de Al Bakur serán utilizadas para denunciar ante la Corte Penal Internacional al régimen sirio por crímenes contra la humanidad, como ha sucedido con Libia. La ONU estima que unos 2.200 civiles han muerto en Siria en los seis meses de revueltas contra Al Asad.