Pese a los recursos de última hora y las protestas internacionales, Troy Davis, condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1989, fue ejecutado el pasado miércoles con una inyección letal en una penitenciaría de Jackson (Georgia). El caso Davis desató manifestaciones en todo el mundo y peticiones de clemencia, incluso del propio papa, porque el prisionero clamó su inocencia hasta el final y su condena se basó exclusivamente en las declaraciones de testigos que luego se retractaron.

“Soy inocente. El incidente de aquella noche no fue culpa mía. No tenía una pistola. No maté a su hijo, padre y hermano. Soy inocente”, dijo Davis minutos antes de la sentencia a los familiares del policía Mark MacPhail que presenciaron la ejecución. “Sólo pido que se examine de cerca este caso para que finalmente se sepa la verdad”.

Davis, de 42 años, fue declarado muerto a las 23.08 horas después de que el Tribunal Supremo de EEUU rechazara suspender la ejecución. “Se ha hecho justicia para los familiares del oficial MacPhail”, dijo en un comunicado el fiscal general de Georgia, Sam Olens.

Desde la condena de Davis, siete de los nueve testigos cambiaron o se retractaron de su testimonio. Algunos dijeron que fueron coaccionados por la Policía para declarar contra Davis y otros afirmaron que el autor del crimen fue otro hombre. No había pruebas físicas que vincularan a Davis con la muerte.

Cientos de personas se manifestaron a las puertas de la cárcel, gritando “yo soy Troy Davis”. Tuvieron un breve momento de esperanza cuando se pospuso la ejecución unas horas, esperanza que se desvaneció rápidamente. “Este es un momento trágico. Esperábamos un resultado diferente”, dijo Raphael Warnock, pastor de la iglesia baptista Ebenezer, en Atlanta, la de Martin Luther King. “Esta noche, el estado de Georgia linchó legalmente a un hombre bueno, valiente y, además, inocente”, declaró el abogado de la defensa, Thomas Ruffin.

En un comunicado, el expresidente de EEUU Jimmy Carter señaló ese jueves que la ejecución de Davis demostraba que la aplicación de la pena de muerte era “injusta y anticuada”. La mayoría de los estadounidenses apoyan la pena capital y las ejecuciones atraen poca atención, pero el caso Davis generó una oleada de protestas. Barack Obama se vio forzado a aclarar que no iba a intervenir, pese a que muchos le pedían que lo hiciera. En un reciente debate entre candidatos republicanos, el gran favorito, el gobernador de Texas, Rick Perry, el estado que bate récords de ejecuciones, fue ampliamente aplaudido al defender con firmeza la aplicación de la pena de muerte. El miércoles también se llevó a cabo otra ejecución con inyección letal precisamente en Texas: la del supremacista blanco Lawrence Russell Brewer, que fue condenado a muerte por asesinar en 1998 a James Byrd Jr., un hombre negro de 49 años a quien encadenó a la parte de atrás de su camioneta y arrastró hasta destrozarlo. Con estas dos muertes, son 1.269 las ejecuciones realizadas en los 34 estados de EEUU en los que está vigente la pena muerte desde 1976, según las cifras del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.