De todo se puede hacer negocio. Hasta de los inmigrantes sin papeles. Varias multinacionales privadas se han especializado en estos últimos años en el manejo, internamiento y repatriación de los cientos de miles de indocumentados que cada año cruzan las fronteras de países como EEUU, Australia y Reino Unido.

En EEUU, donde en 2010 se detuvo a 400.000 sin papeles (280.000 en 2005), empresas privadas controlan casi la mitad de los puestos carcelarios donde son internados. En Reino Unido, siete de los once centros donde se encierra a los ilegales están en manos privadas. Pero el país que más ha subcontratado la gestión de sus indocumentados ha sido Australia, que desde 1998 ha dejado el asunto en manos de tres compañías que han crecido lo suficiente como para exportar su know how empresarial, según The New York Times.

Una de las tres grandes es GEO Group, establecida en Boca Ratón (Florida) y con sedes en Australia, EEUU, Reino Unido y Suráfrica, una capacidad para albergar a 80.000 personas en 116 centros y 20.000 empleados. El grupo se especializa, según su web, en 'la gestión de centros carcelarios y en proveer servicios a las comunidades, entre ellos servicios de salud mental a agencias y gobiernos'. Perdió su contrato con Sidney en 2003, cuando se supo que los niños detenidos bajo su cuidado habían sido sometidos a tratos crueles.

Todos los centros australianos son privados. En Reino Unido, siete de once

La crisis no parece afectar al negocio de los sin papeles. GEO Group ha tenido unos ingresos de 407 millones de dólares en el segundo trimestre de 2011, comparados con los 280 millones del mismo periodo del año pasado. Ahora mira esperanzado la posibilidad de que el Estado de Florida privatice 29 prisiones y se ha postulado para el contrato.

G4S es otro de los grandes grupos que gestiona a los indocumentados por cuenta de los gobiernos. Se autodefine como 'el líder mundial en soluciones de seguridad' y es la compañía que mas empleados tiene (625.000) de todas las registradas en la bolsa de Londres. Opera en 125 países y tiene un amplio abanico de actividades ('Protegemos a estrellas de rock, hacemos transporte de fondos, garantizamos la seguridad de puertos y aeropuertos. Más de lo que se puede imaginar: G4S mantiene seguro su mundo', reza su página web). Otro grupo al que la crisis no afecta. G4S obtuvo unos beneficios brutos de 605 millones de euros en 2010, un 4% más que los 581 millones de 2009.

Una empresa perdió su contrato por tratar con crueldad a los niños internos

La compañía también perdió su contrato con las autoridades australianas cuando se descubrieron abusos en los centros de Woomera y Curtin. El reportaje de The New York Times mencionaba un episodio ocurrido hace unos años en el que los niños se cosieron los labios durante una huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de detención.

Canberra otorgó entonces el contrato a otra empresa privada especializada en este tipo de servicios, Serco, un grupo británico con sede enHook (North Hampshire). Es un gigante de la seguridad parecido a G4S, con unos ingresos de 180 millones de euros en 2010 y unos 100.000 empleados repartidos por el mundo. En 2010, varias revueltas e incendios ocurridos en centros gestionados por Serco en la isla de Chritsmas y en Villawood (a las afueras de Sidney) despertaron la alarma en Australia y motivaron un informe del Gobierno el pasado agosto en el que se relataban espantosas condiciones de confinamiento.

Menciona por ejemplo el caso de Alwy Fadhel, un ciudadano indonesio de 33 años que buscaba asilo huyendo de la persecución de los fundamentalistas islámicos, quien fue mantenido en régimen de aislamiento durante casi tres años. O el de Naomi Long, una niña malaya de nueve años, nacida en uno de los campos de internamiento, que creció con serios problemas mentales.

GEO Group, con 116 cárceles, facturó 407 millones de dólares sólo en un trimestre 

Los contratistas operan en un limbo legal que crea problemas precisamente cuando hay conflictos. G4S ha sido investigado en numerosas ocasiones: en 2010, cuando un inmigrante angoleño murió asfixiado mientras era conducido a un avión para ser repatriado; en 2007, cuando una comisión de investigación australiana determinó que los conductores de un convoy de indocumentados dejaron que se deshidratasen, y uno de ellos tuvo que beber su propia orina; y en 2008, cuando un aborigen murió en circunstancias parecidas.

'Cuando algo va mal, una muerte, una fuga, el Gobierno puede achacarlo al problema de una empresa privada en vez de aceptar sus responsabilidades', declaró al diario Matthew Gibney, politólogo de la Universidad de Oxford especializado en movimientos migratorios.