Nunca un país había sometido a sufragio popular la elección de sus autoridades judiciales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó esta insólita elección en el país andino para acabar con los nombramientos políticos y, por el contrario, ver cómo los máximos tribunales del Estado eran ocupados por letrados imparciales e independientes. Pero la mayoría de los 5,2 millones de bolivianos convocados a las urnas dudaba de unos comicios que no acababa de entender y hacía temer una baja participación. Ambas circunstancias fueron aprovechadas por la oposición para pedir el voto nulo e intentar convertir las elecciones judiciales en un plebiscito sobre el presidente.

Para evitar favoritismos y que los magistrados con más medios o contactos políticos aventajasen a los más desconocidos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vetó las campañas electorales de los candidatos, la difusión de sondeos de opinión y los editoriales a favor o en contra de los contendientes.

La única información de la que disponían los electores para votar era el currículum, el listado de méritos de los candidatos y cortas entrevistas publicadas de forma equitativa en los medios de comunicación. El presidente del TSE, Wilfredo Ovando, señaló que el objetivo de estas reglas tan estrictas era permitir 'que los bolivianos escojan magistrados que no demuestren intereses políticos o económicos'. Sin embargo, como resultado de estas limitaciones, un 92% de los bolivianos afirmaba no conocer a ninguno o tan sólo a unos pocos de los candidatos, según una encuesta publicada hace un par de semanas por el periódico El Día.

'Este pretende ser un proceso de democratización explicó a Público el exdirector de Le Monde diplomatique en Bolivia, Pablo Stefanoni, pero, sin información y sin campañas electorales, es complicado para cualquier persona que no este metida en esto saber cuál es el currículum ideal'.

La preselección de candidatos a los 56 cargos del Tribunal Constitucional, el Supremo, el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura se realizó en sesiones públicas y mediante entrevistas. Pero eso no bastó a la oposición, que acusó a Evo Morales de querer acaparar el Poder Judicial. Algunos partidos criticaron que la última palabra en la preselección de los candidatos corrió a cargo de la Asamblea, de mayoría oficialista, ocultando que el proceso electoral fue establecido en la Constitución, aprobada en referéndum antes incluso de que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales se hiciera con el control mayoritario de la Asamblea.

'En teoría, los aspirantes a los cargos judiciales son apartidistas', explicó Stefanoni. 'Pero el MAS de Evo Morales cuenta con dos tercios de la Asamblea, y eso ha generado dudas sobre si los candidatos son independientes'.

La oposición ha sabido capitalizar las deficiencias del proceso electoral y la indignación popular contra la construcción de una carretera que iba a atravesar una reserva natural indígena en la Amazonia para llamar al boicot, poniendo en un aprieto a muchos electores. 'Si votas nulo, como propone la derecha, o si votas no, como ha pedido el Movimiento Sin Miedo que gobierna La Paz, caes en la consigna política de la oposición', sentencia Stefanoni.