Viernes, sábado y lunes. Todos los días hábiles han servido en Uruguay para denunciar los crímenes de la dictadura (1973-1985). No hay tiempo que perder desde que la semana pasada el Parlamento aprobara a toda prisa la ley que impidió que anteayer prescribieran los delitos del régimen militar.

Precisamente este lunes, 90 militantes de izquierda presentaron una querella ante la Justicia para que se investigue la operación Morgan, lanzada en 1975 contra el Partido y la Juventud comunistas. El plan de represión, que también se extendió a lo largo de la dictadura contra otros grupos de izquierda, incluyó la detención de miles de personas, hizo morir bajo tortura a una veintena de ellas, y decenas más fueron desaparecidas.

También el lunes, 38 expresos políticos denunciaron en el departamento de Treinta y Tres, al este del país, que en 1973 militares del régimen les habían sometido a torturas y a agresiones sexuales, cuando la mayoría apenas contaba con entre 13 y 17 años.

Estas demandas suceden a otra iniciativa, promovida el sábado por un colectivo ciudadano en varias comisarías de Montevideo, que reunió al final 170 denuncias sobre privaciones ilegítimas de libertad, torturas e incluso asesinatos.

El afán de enfrentar los crímenes hasta ahora impunes no termina aquí. El mismo día que el presidente uruguayo, José Mujica, promulgaba la ley que impedía la caducidad de los delitos de la dictadura, 28 mujeres detenidas durante el régimen acusó a un centenar de militares, policías, médicos y enfermeras de someterlas a tormentos y abusos sexuales. Su querella se convirtió en una de las primeras que hizo explícita la violación como parte de la tortura.

Estas denuncias respaldan la intención del Gobierno de permitir la investigación de los crímenes de la dictadura por ser 'delitos de lesa humanidad' y no 'delitos comunes', como ratificó en mayo la Suprema Corte de Justicia.