El millón de mujeres que salió a las calles en febrero bajo el lema '¿Si no es ahora cuándo?', los miles de estudiantes pateando Roma con escudos de poliespán en forma de libros, los trabajadores de los astilleros que bloquearon Génova contra el cierre de sus empresas, las madres de Terzigno que plantaron cara a los camiones de basura que llegaban de Nápoles, los teatros ocupados por los recortes a la cultura, los organizadores del referéndum contra la privatización del agua, el nuclear y la inmunidad parlamentaria, los indignados, los parados, los precarios, los pensionistas. Todos ellos esperaban que el final fuera distinto. Más íntimo. Menos frío. Democrático.

El Gobierno de Mario Monti nacerá con este estigma y sólo respondiendo a las reivindicaciones históricas del pueblo podrá justificar los duros recortes que sin duda tendrá que aplicar. Empezando por los costes de la política, que le cuestan cada año a las familias 9.000 millones de euros.

Berlusconi nunca cumplió con su promesa de reducir a la mitad los casi 1.000 parlamentarios que hay entre Senado y Parlamento. De ellos, 350 aún no han llegado a los cinco años que establece la ley para percibir la pensión vitalicia, y esta ha sido una de las razones por las que no se ha adelantado el proceso electoral. Por el camino se quedó también la eliminación de las provincias y el tajo efectivo a los 70.000 coches oficiales.

El segundo empeño sería la lucha efectiva contra la evasión fiscal. El Estado pierde cada año 120.000 millones de euros por el fraude y hay un ejemplo muy gráfico: 3.106 personas declaran cobrar más de 500.000 euros al año, mientras por el país circulan 131.000 coches de lujo. Giulio Tremonti prometió cárcel para los grandes defraudadores y un impuesto a los capitales en Suiza que nunca llegó.

El Estado pierde cada año 120.000 millones de euros con el fraude fiscal Con esto se relaciona el mercado laboral. Berlusconi propuso despidos fáciles y más contratos de formación, lo que acarrea precariedad. En Italia uno de cada diez empleados trabaja en negro según los sindicatos. La alta presión fiscal a las empresas y la inexistencia de un sueldo mínimo son factores clave.

El hecho de tener a uno de los empresarios más potentes de Italia en el Gobierno durante diez años ha provocado que el conflicto de intereses sea uno de los principales lastres para el crecimiento económico. Monti fue comisario de la Competencia en Bruselas y los industriales le piden a gritos un sistema justo que permita al país desarrollarse sin favoritismos.

La reforma de la ley electoral será el último paso. La actual legislación no permite a los italianos elegir a sus representantes en las instituciones y da vía libre a la corrupción. El país sólo podrá evolucionar con un bipolarismo activo y la imposibilidad de entrar en el Parlamento teniendo antecedentes penales.