Desesperados por los abusos de paramilitares, soldados y también guerrilleros, los habitantes de una pequeña comunidad campesina en el noreste de Colombia se plantaron. Los 1.400 residentes de San José de Apartadó se rebelaron en 1997 contra la violencia y contra la única opción que se les ofrecía para escapar de esta: abandonar sus fértiles tierras, ricas además en carbón y recursos hídricos, uniéndose así a los más de cuatro millones de desplazados colombianos.

San José se declaró Comunidad de Paz y, por tanto, neutral en el conflicto armado 'para exigir respeto a las partes y poner fin a la barbarie', explica en Madrid Jesús Emilio Tuberquia, representante legal de la localidad. La osada decisión se ha visto recompensada por el Parlamento Europeo 15 años después: esta comunidad fue declarada finalista del Premio Sajárov 2011 por su defensa de la libertad.

'Exigir respeto a las partes y poner fin a la barbarie'

Invitados a España por Amnistía Internacional, Jesús Emilio y Noelia Tuberquia agradecen el reconocimiento de la UE, pero subrayan que los resultados han sido muy diferentes de los esperados: el hostigamiento y la persecución se han intensificado desde 2007 y casi 200 habitantes de San José han sido asesinados.

'Cuando tenía 6 años, los paras mataron a mi padre. Después asesinaron a mis tíos, a primos... Violan a jóvenes, a mujeres... La fuerza pública nos debería proteger, pero son ellos quienes nos atacan, utilizando a los paras', denuncia Noelia.

La historia se ha repetido desde que San José se declaró neutral. 'El Ejército me mató a mi hija de 3 años y medio en 2003. En 2005 asesinaron a cuatro jóvenes y les vistieron de guerrilleros, también a un bebé de 18 meses, al que después despedazaron como si fuese un animal No tengo esperanza de cambio si el control sigue en manos de un Estado criminal, pero somos campesinos: ¿dónde vamos a ir, de qué vamos a vivir si dejamos nuestras tierras? Vamos a seguir aquí y vamos a seguir denunciando', asegura con voz entrecortada esta valiente colombiana.

Dudan de que un Ejecutivo que apostase por el diálogo acabase con décadas de violencia enquistada

La llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia ha permitido aprobar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, con la que se espera reparar a más de cuatro millones de víctimas del conflicto armado y devolver más de dos millones de hectáreas a colombianos a quienes se les habían usurpado, pero Jesús Emilio se muestra escéptico: 'Nuestra situación no ha mejorado. Estamos en una zona bananera y las multinacionales agrícolas quieren quedarse con nuestras tierras. Ahora también Corea del Sur las quiere. Y con el Tratado de Libre Comercio la presión aumentará. Esto sí que es una verdadera guerra, una guerra silenciosa: nos roban con el apoyo de la oligarquía y el Gobierno sin honor que tenemos'.

Los dos primos dudan que un Ejecutivo que apostase por el diálogo acabase con décadas de violencia enquistada. 'Mejoraría quizás, pero el cambio no depende de los políticos, sino de la sociedad civil, nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros', dicen al unísono.

Jesús Emilio, abogado autodidacta, también rechaza tajante las reparaciones económicas ofrecidas a las víctimas: 'Sólo sirven para legitimar los crímenes del Estado colombiano, la impunidad. Si aceptas el dinero estás diciéndole al Estado que tiene derecho a matar y a seguir matando. Como comunidad, no admitimos esa reparación ni la inversión social, porque primero nos destrozan los sistemas de salud, las escuelas y ahora las vuelven a construir porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos les está mirando. Y cuándo no mire, ¿qué pasará?'.