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La UE avisa a Hungría por su deriva antidemocrática

Las nuevas leyes de Orban violan el derecho comunitario

CAROL PÉREZ SAN GREGORIO

La deriva antidemocrática que está tomando el Gobierno húngaro del ultraconservador y populista Viktor Orban se está convirtiendo en una pesadilla para las instituciones europeas. Durante todo el mes de diciembre, diferentes responsables de la Comisión Europea enviaron a Budapest varias cartas mostrando sus preocupaciones respecto a las leyes que se estaban gestando sobre el pluralismo de los medios, la independencia de los juecesy el Banco Central húngaro.

El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durão Barroso, se dirigió por escrito en dos ocasiones directamente a Orban para alertarle contra el tenor de su política. No obtuvo ningún éxito, al igual que la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, que también tomó cartas en el asunto sin conseguir un cambio de posición de Orban.

Las 30 normativas fortalecen al Fidesz en el poder, miembro del PP Europeo

Sin embargo, no ha sido hasta ahora, cuando el paquete normativo está aprobado y a punto de aplicación, cuando la maquinaria comunitaria puede comenzar a actuar. Teniendo en cuenta que se trata de un Gobierno legítimo de un Estado miembro que ha ratificado un paquete normativo a través de la cámara de representantes democráticamente elegidos, Bruselas tiene serios problemas para hacer un pronunciamiento político, que es lo que los analistas esperan de la denominada 'guardiana de los tratados'.

A partir de la aprobación de los textos, los servicios jurídicos de la Comisión Europea se han puesto manos a la obra para verificar 'la compatibilidad' con el derecho comunitario de todas las leyes aprobadas por el equipo de Orban, incluida la nueva Constitución que entró en vigor el pasado domingo.

Limitan atribuciones del Constitucional y del BCE y endurecen el sistema electoral

Para Bruselas, el paquete de 30 nuevas normas aprobado es 'potencialmente incompatible' con el derecho comunitario porque la oposición denuncia que debilita las instituciones democráticas y sólo fortalece el poder del partido gobernante, el Fidesz, miembro del Partido Popular Europeo. Además, las nuevas leyes restringirían el margen de maniobra del Tribunal Constitucional en cuestiones esenciales como los presupuestos, reorganizarían el sistema electoral de modo que favorecerían ampliamente al partido gobernante y vulnerarían la independencia del Banco Central, algo expresamente prohibido por el Tratado de la UE.

Ante este panorama, la principal arma en manos de la Unión Europea para doblegar las intenciones de Orban son las necesidades de financiación internacional de Budapest. Según cálculos de las autoridades húngaras, sus aspiraciones económicas son obtener de sus socios internacionales entre 15.000 y 20.000 millones de euros. No obstante, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional decidieron a mediados de diciembre suspender las 'discusiones preliminares' con el Gobierno húngaro precisamente por el extraño cariz que estaban tomando los acontecimientos en Budapest.

El Gobierno de Orban ha solicitado una reunión la próxima semana en el marco del FMI, en Washington, para hablar de ello, pero Bruselas no ha tomado una decisión al respecto por 'la falta de certidumbre sobre el marco legal del Banco Central húngaro'.

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