La Gobierno húngaro de extrema derecha de Viktor Orban y su nueva Constitución siguen provocando desconfianza en las instituciones europeas. En las últimas semanas, mientras miles de ciudadanos se manifiestan en las calles denunciando la deriva antidemocrática del ejecutivo del Fidesz, la Comisión Europea (CE) se ha visto obligada a intervenir. El propio presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durão Barroso, se dirigió por escrito en dos ocasiones directamente a Orban, pero él todavía no ha respondido.

La portavoz Pia Ahrekilde ha anunciado que en los próximos días la CE decidirá si denuncia a Hungría por la incompatibilidad de su nueva Constitución con los valores que representa la Unión Europa. Añadió que el Ejecutivo comunitario, 'como guardián de los tratados, se reserva el derecho de abrir un procedimiento de infracción si procede'.

Las preocupaciones de Bruselas son las leyes que se están gestando sobre el pluralismo de los medios, la independencia de los jueces y, sobre todo, la del Banco Central Húngaro que establece la nueva Constitución.

El pluralismo de los medios y la independencia de los jueces y del Banco Central, lo que más preocupa a Europa El análisis legal que está llevando a cabo la CE aborda también otros posibles incumplimientos del derecho comunitario como 'las prejubilaciones obligatorias para jueces y fiscales a los 62 años y el nuevo régimen para los organismos de protección de datos'.

Si finalmente en los próximos días la CE ve lugar para abrir un procedimiento de infracción contra Hungría, Budapest tendrá hasta dos oportunidades de enmienda antes de que, en un plazo de máximo cuatro meses, Bruselas la denuncie ante el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo.

'Esperamos que Hungría corrija posibles incompatibilidades para no tener que enfrascarnos en un largo y engorroso procedimiento de infracción', ha apuntado Pia Ahrekilde.

Desde el Parlamento Europeo, tanto el grupo de los Verdes como el de los liberales europeos (ALDE) han ido más allá y han pedido que se active la cláusula del artículo 7 del Tratado de Lisboa, por el que un país que quebranta los derechos y valores fundamentales de la UE pierde su derecho a voto en el Consejo.

No son el menoscabo del pluralismo de los medios o la independencia de los jueces lo único que preocupa a la Unión Europea. El déficit, de nuevo, vuelve a ser un asunto prioritario. Hoy la CE ha amenazado con sancionar a Hungría, al considerar que no ha hecho lo suficiente para corregir su déficit.

Ésta es la primera decisión de la CE basada en las nuevas normas del pacto de estabilidad y crecimiento que entraron en vigor el pasado 13 de diciembre, en un intento por reforzar la supervisión europea.

En el caso húngaro, el déficit en 2011 no superó formalmente el 3 % fijado en el pacto de estabilidad, pero Bruselas considera que la cifra responde a la inclusión de elementos excepcionales en el cálculo que esconden 'un severo deterioro' de las cuentas públicas.

La CE cree que la corrección del déficit llevada a cabo por Budapest no es sostenible y propone a los gobiernos europeos tomar medidas para forzar a Hungría a remediar la situación. Sin embargo, al no ser Hungría miembro del euro, la Comisión no podrá proponer multas, pero sí una suspensión de las ayudas europeas.