Desde la caída de Gadafi se han repetido en muchas ocasiones las informaciones sobre los abusos cometidos por el nuevo poder en Libia. Durante estos meses, distintos medios han hablado de ejecuciones sumarias, torturas, malos tratos a los prisioneros y racismo. Pero fue ayer cuando la propia ONU denunció las condiciones que presentan las cárceles libias.

El representante especial de la ONU para Libia, Ian Martin, reconoció ante el Consejo de Seguridad que la tortura sigue siendo una práctica habitual, apremió a las autoridades gubernamentales a detener esas prácticas y a acelerar la toma de control de todos los centros de detención del país. En este sentido, aseguró que su oficina tiene pruebas de que al menos tres detenidos murieron torturados en una cárcel de Misrata el pasado 13 de abril.

La gravedad de la denuncia recae en que la cárcel de la que habló es uno de los 31 centros de detención que las nuevas autoridades libias sí controlan en todo el país, a diferencia del resto de lugares donde hay retenidos alrededor de 4.000 personas a manos de brigadas revolucionarias que están fuera del control gubernamental.

Las brigadas  fuera de control gubernamental mantienen a 4.000 prisioneros

'Persisten los casos de maltrato y tortura de detenidos', aseguró ante los quince Martin, que detalló que su personal cuenta con pruebas de que otros siete encarcelados fueron torturados en el mismo lugar y que ha exhortado a las autoridades a investigar esos abusos. También aseguró que la ONU trabajará 'con las autoridades libias para garantizar que estudian estos casos, así como las denuncias de tortura recibidas del resto de Libia, incluidas instalaciones en Trípoli, Zawiya y Zintán'.

'Dar respuesta a estas prácticas debería ser la principal prioridad del Gobierno en su camino por crear una nueva cultura de derechos humanos y del estado de Derecho en la Libia posrevolucionaria', añadió Martin, quien destacó que el país está cerca de vivir 'un momento histórico' con la celebración de elecciones en junio. Serán las primeras en libertad que el país celebre en 42 años y servirán para elegir el parlamento encargado de redactar la Constitución del país.

Un millón de personas se registraron para poder votar entre el 1 y el 9 de mayo, pero tan solo el 36% fueron mujeres, mientras que ya hay registrados 1.100 candidatos a las elecciones, de los que el 29% son mujeres.

El representante de la ONU, finalmente, también quiso llamar la atención a las autoridades libias sobre otros desafíos que todavía están patentes en el país, como la necesidad de reforzar el control de las fronteras, sobre todo en el sur para evitar el tráfico de armas, y la desmovilización de los antiguos combatientes contra el régimen de Muamar el Gadafi.

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, afirmó que su oficina 'centra sus esfuerzos' en investigar las violaciones de mujeres en las revueltas en Libia. Así, Ocampo ha reconocido que 'estimamos que ha habido cientos' de casos.

El jurista avanzó que la nueva investigación cuenta con testimonios de médicos e informes de organizaciones internacionales porque en Libia 'es un tema del que cuesta mucho hablar'.

Siendo un crimen de lesa humanidad que ha investigado en los siete casos abiertos por la CPI, para que la acusación esté totalmente ultimada tiene que demostrar también que se trata de un delito que presuntamente se cometió por las fuerzas del asesinado Gadafi 'de forma sistemática y masiva'.