El Ministerio de Justicia de Egipto emitió hoy un decreto que permite a efectivos militares arrestar a civiles, lo que estaba reservado a la policía, según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado. La norma entra en vigor desde mañana, jueves, hasta que comience a aplicarse la nueva Constitución, motivo de discrepancias entre las fuerzas laicas e islamistas del Parlamento egipcio.

Por otra parte, la Comisión Electoral de Egipto rechazó hoy entregar el censo electoral a los candidatos presidenciales para que estos comprueben la veracidad de la información incluida, ya que violaría la ley de confidencialidad de datos personales. El secretario general de la Comisión, Hatem Bagato, se opuso a la petición del aspirante de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, que reclamó el acceso a la base de datos de los electores ante la posibilidad de que se produzca fraude.

'Los datos personales son secretos, no se pueden difundir a no ser que todos los votantes den su permiso a la comisión para hacerlo', aseguró Bagato, contrario a las manifestaciones que los islamistas organizaron en la víspera para 'presionar' al órgano electoral. El responsable de la Comisión señaló que los jueces supervisarán la transparencia de los comicios, previstos para los próximos 16 y 17 de junio, y que podrán seguir los representantes de los candidatos y observadores nacionales e internacionales. Además, se comprometió a subsanar los posibles errores en las listas electorales, preparar todo lo necesario para garantizar la votación e investigar cualquier irregularidad para evitar el fraude.