El referéndum constitucional que finalmente se celebrarán los días 15 y 22 de diciembre en Egipto no sólo está poniendo a prueba la capacidad del presidente Mohammed Mursi para gestionar el conflicto que enfrenta a la mayoría islamista y la minoría laica, sino que también ha abierto el debate acerca del papel que debe jugar el Ejército dentro de una crisis que presenta un aspecto nada halagüeño y que puede deteriorarse más en los próximos meses o semanas.

Mursi ha ordenado a los militares que salgan a las calles para garantizar la calma antes y durante la votación del sábado y hasta que se conozcan los resultados oficiales, lo que ha suscitado críticas al presidente. La decisión de Mursi recuerda a la oposición el papel que jugó el Ejército durante la dictadura de Hosni Mubarak. Lo más preocupante es, según los opositores, que los militares podrán detener a civiles que vulneren el orden público durante los próximos días.

Portavoces militares se han apresurado a indicar que los poderes de los soldados serán limitados y que los detenidos no serán conducidos ante tribunales castrenses sino que se pondrán a disposición de tribunales civiles, pero esta aclaración no ha servido para tranquilizar la incertidumbre de la oposición.

Mursi ha ordenado a los militares que salgan a las calles para garantizar la calma

Los portavoces han dicho que el único interés del Ejército es mantener la estabilidad, una circunstancia que peligra desde el momento en que las manifestaciones de islamistas y oposición se suceden a diario y los desórdenes también. En un incidente ocurrido en la madrugada del martes, una decena de manifestantes opositores resultaron heridos de bala, lo que da una idea de la volatilidad de la situación.

Más de dos docenas de sedes de los Hermanos Musulmanes de distintas provincias han sido incendiadas en los últimos días por elementos de la oposición que, a su vez, acusan a los islamistas de que, con la connivencia de la policía, han formado células que detienen a manifestantes laicos e incluso los torturan.

'El ejército egipcio tiene unos grandes intereses económicos que debe proteger y por lo tanto es lógico que esté del lado del poder', dice el profesor Efraim Inbar, de la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv, una institución muy conservadora que se alinea con el sector más radical del Likud. Inbar no cree que la oposición laica vaya a conseguir frenar a los Hermanos Musulmanes, en primer lugar porque ya ha quedado demostrado en las urnas que los islamistas son mayoría, y también 'porque la oposición no está unida y Egipto carece de una tradición democrática' que permitiría compromisos entre las distintas corrientes de la sociedad.

En su opinión, Mursi conseguirá mantener el Gobierno más allá del referéndum y es muy posible que se mantenga en el poder durante bastante tiempo. El Gobierno se irá islamizando paulatinamente e Inbar no descarta que surjan tensiones en el seno de los Hermanos Musulmanes, entre los radicales y los moderados, que se traduzcan en una radicalización del Ejecutivo cada vez más visible.

'El ejército egipcio tiene unos grandes intereses económicos que debe proteger'

Desde el lunes, el Ejército ha comenzado a tomar posiciones en El Cairo y las provincias para guardar lugares estratégicos y para vigilar los alrededores de los colegios electorales. Los militares históricamente han estado con el Gobierno, aunque hasta ahora quienes han detentado el poder, al menos desde Gamal Abdel Nasser, a principios de los años cincuenta, eran también militares.

Mursi no solo no es militar, sino que hasta su reciente elección fue un destacado miembro de los Hermanos Musulmanes y, aunque entonces se dio de baja, continúa siendo un islamista por dentro y por fuera. Por un lado quiere ser presidente de todos, pero por otro lado es un islamista, aunque sus decisiones no las compartan todos los Hermanos Musulmanes, sobre todo los sectores más radicales.

La economía egipcia no se ha recuperado del sobresalto revolucionario; la visita de turistas es menor que antes de la caída de Mubarak y el país depende en gran medida de los préstamos y ayudas de Occidente. Si la economía no logra dar un giro rápidamente, se podrían desencadenar pronto más tensiones que incidirán directa y negativamente en la situación política y que pondrían a prueba la estabilidad del país.