Luxemburgo y Austria –los dos únicos países de la UE que mantienen el secreto bancario– han mantenido este martes su bloqueo a la nueva directiva sobre la fiscalidad del ahorro, cuyo objetivo es reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, pese a la fuerte presión del resto de socios de la UE, entre ellos el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El comisario de Fiscalidad, Algirdas Sementa, se ha declarado 'decepcionado de que no seamos capaces de acordar hoy esta importante directiva'. Por su parte, el ministro irlandés de Finanzas, Michael Noonan, ha anunciado que la cuestión volverá a discutirse en la cumbre de líderes europeos del 22 de mayo.

El ministro luxemburgués de Finanzas, Luc Frieden, ha confirmado que su país tiene previsto levantar el secreto bancario el 1 de enero de 2015, lo que a su juicio es 'un paso importante', pero pese a ello ha rechazado apoyar la directiva. 'No puedo dar mi acuerdo político hoy a la directiva porque debemos garantizar que se aplique la igualdad de trato' respeto a países terceros, ha dicho Frieden.

Ello sólo se logrará, ha sostenido, cuando la UE firme acuerdos de lucha contra el fraude fiscal con Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino. Por ello, tanto Luxemburgo como Austria han levantado el veto que mantenían hasta ahora al mandato negociador para que la Comisión cierre estos pactos. Sólo cuando concluyan estos acuerdos, los dos países reconsiderarán su veto, según han explicado.

La ministra de Finanzas austriaca, Maria Fekter, ha dicho que desbloquear este mandato supone 'un gran paso adelanta para Austria'. No obstante, ha mantenido su veto a la directiva alegando que 'el capital es extremadamente móvil y hay que garantizar la igualdad de condiciones'.

'No quiero flexibilizar el texto, lo acepto, pero no quiero adoptarlo hoy porque tendríamos una situación en la que los europeos estamos yendo más lejos y siendo más duros con nosotros mismos que en las negociaciones con los terceros países' ha dicho Fekter. 'No es satisfactorio', ha apuntado.

La norma contempla una alternativa para Luxemburgo y Austria:aplicar una retención en origen de hasta el 35% y enviar una parte al país de procedencia El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha expresado su apoyo tanto a la directiva como al mandato negociador y ha defendido que el intercambio automático de información debe ser 'la piedra angular de nuestro compromiso contra el fraude y la evasión fiscal'.

La directiva en cuestión, que lleva bloqueada desde 2008, trata de cubrir las brechas detectadas en la legislación vigente, que ya obliga a los Estados miembros a enviar información sobre los intereses que se pagan a las cuentas bancarias de no residentes a las autoridades fiscales del país de procedencia. La norma contempla además una alternativa para los países que quieran preservar el secreto bancario –Luxemburgo y Austria– que consiste en aplicar una retención en origen de hasta el 35% y enviar una parte al país de procedencia de los ahorradores.

Sin embargo, según el examen de Bruselas resulta fácil para las personas físicas escapar a la norma recurriendo a estructuras interpuestas (como algunas fundaciones o trusts) cuyos ingresos no están gravados. Por ello, la nueva directiva se aplicará también a estas estructuras interpuestas y no cubre sólo los ahorros sino también otros instrumentos como seguros o fondos de inversión.

Los ministros de Economía de la UE han alcanzado un acuerdo político para aportar 7.300 millones de euros extra al presupuesto de 2013 con el fin de cubrir parte de los compromisos de pago pendientes hasta finales de año en ayudas regionales y otras facturas.

La aprobación de esta partida extra era una de las condiciones exigidas por la Eurocámara para desbloquear las negociaciones sobre el marco financiero de la UE para el periodo 2014-2020. Las negociaciones comenzaron finalmente este lunes y la presidencia irlandesa espera un acuerdo de aquí a junio.

Bruselas había pedido un total de 11.200 millones para cubrir todo el déficit de 2013. El Ecofin ha decidido aplazar el debate sobre el segundo tramo de esta cantidad hasta el otoño, cuando las necesidades financieras reales estén más claras.

El presupuesto de la UE de 2013, tal y como fue acordado el año pasado por el Consejo y la Eurocámara, asciende a 132.000 millones de euros en compromisos de pago. El Ejecutivo comunitario ya avisó entonces de que esta cantidad se quedaba corta para pagar todas las facturas pendientes.