Dilma Rousseff parece dispuesta a superar la ola de protestas que desde hace dos semanas vive Brasil, ejercitando el difícil arte de sacar provecho de las adversidades. Su oferta sorpresa de convocar un plebiscito para que los brasileños se pronuncien sobre la puesta en marcha de un proceso constituyente que aborde la reforma política del país, es una buena muestra de ello. Una medida con la que la presidenta parece dispuesta a aprovechar la energía desatada en las calles para poner en marcha una propuesta muy reclamada por la sociedad, pero que hasta la fecha ha sido bloqueada parlamentariamente por el resto de grupos políticos, incluidos sus socios de gobierno, que veían en los modelos presentados un intento del Partido dos Trabalhadores (PT) de ampliar su implantación electoral.

De hecho, el pasado 1 de febrero la dirección nacional del PT acordaba en Fortaleza impulsar una campaña para recoger 1,5 millones de firmas en apoyo de la puesta en marcha de ese proceso constituyente para abordar la reforma política, una vieja reivindicación social con la que se aspira a adaptar la democracia brasileña a la nueva realidad social y afrontar males endémicos del sistema como la corrupción. En realidad, se trata de una reivindicación social, que ha generado a lo largo de los últimos años importantes movilizaciones como la promovida por la Plataforma por la Reforma del Sistema Política, una coordinadora que engloba a más de cuarenta organizaciones sociales.

Sin embargo, hasta la fecha ninguna de las propuestas de reforma que ha comenzado a tramitar el parlamento ha llegado a buen puerto. La falta de consenso ya frustró el debate de la iniciativa diseñada en 2007 por el diputado conservador Ronaldo Caiado. Y la misma suerte corrieron los proyectos diseñados hasta ahora por el parlamentario del PT Henrique Fontana, primero en 2011 y, más recientemente, a principios del pasado mes de abril.

Ninguna propuesta de reforma que ha comenzado a tramitar el parlamento llegó a buen puerto Varios son los temas polémicos en la reforma que el PT quiere poner en marcha. Uno de ellos es la financiación pública de las campañas electorales con el que se quiere atajar la dependencia de los candidatos de las empresas donantes, un fenómeno clave para algunos para entender la corrupción latente en el sistema. Según los datos de Justicia Electoral, en las elecciones de 2010 los 3.767 candidatos que aspiraban a alguno de los 513 escaños más 58 suplencias, captaron fondos por valor de 887 millones de reales, unos recursos que en un 70% fueron gestionados por los aspirantes que finalmente fueron elegidos. De hecho, 290 de elegidos contaron para su campaña con más de un millón de reales. Entre los principales donantes se encuentran las empresas contratistas que en total aportaron a la campaña 197,2 millones de reales.

Esta dependencia de los donantes estaría agravado por el sistema de listas abiertas por candidatos que debe de gestionar su propia campaña y sus propios recursos. Una práctica que facilita la creación de grupos parlamentarios 'oficiosos' por encima de las siglas, práctica favorecida por el voto secreto en el parlamente, como por ejemplo el fuerte lobby ruralista defensor de los grandes fazenderos, cuya influencia se pude ver recientemente en los recortes sufridos durante su tramitación por ley de la Floresta. Si la eliminación de ese voto secreto es una de las consignas más coreadas en las manifestaciones ('voto secreto no/queremos ver la cara del ladrón'), la propuesta de Fontana planteaba también un sistema de listas de partido que fortalezcan la ligazón del diputado al programa, aunque el elector tenga opción a elegir entre los nombres de esa lista.

La financiación pública de las campañas electorales es uno de los puntos delicados de la reforma

Junto a ello, la reforma del PT también abogaba por limitar las coaliciones electorales, una propuesta que ha generado rechazo entre los pequeños grupos que ven en este mecanismo una de los principales medios para obtener representación institucional. De hecho, la fragmentación del arco parlamentario, sin mayorías claras, es visto por muchos como otra fuente de corrupción, como pondría de relieve casos como el mensalão por el que el PT habría comprado el apoyo de diputados de otros grupos para sacar adelante sus propuestas. Así mismo, los petistas proponen una facilitar la presentación de iniciativas legislativas populares, rebajando el número de firmas necesarias. En cualquier caso, oposición y socios de gobierno se han opuesto a estas medidas que, a su juicio, solo buscan mejorar las expectativas de voto del PT a costa de los grupos minoritarios y beneficiar a los grandes partidos en el reparto de fondos públicos para la campaña, sin garantías para acabar con las cajas B.

Precisamente, este bloqueo parlamentario de la reforma llevó al PT a apostar por la movilización de sus militantes para promover mediante la recogida de firmas una constituyente que analizara la reforma política. Campaña a la que se encarga de poner cara el carismático ex presidente Lula quien ya se había mostrado partidario en 2011 de promover una asamblea constituyente si la reforma política se veía paralizada desde el congreso. Ahora su fotografía ilustra el pliego de firmas de apoyo a la propuesta que el PT viene distribuyendo desde mayo. Una iniciativa que esta semana la Dilma Rousseff ha querido subir, ante las suspicacias y el rechazo de la oposición, a la cresta de la ola de unas protestas que desde hace semanas se expande por el país.