Cerca de dos meses después del comienzo de las movilizaciones en Kiev (Ucrania), decenas de miles de personas siguen congregándose en la conocida como Euromaidan o Plaza de la Independencia, especialmente fieles a las convocatorias dominicales. Pero parece que otras arriesgadas fichas se empiezan a mover en el tablero político institucional. En el que algunos medios han calificado de 'jueves negro' para la que llegó a ser  la mayor esperanza democrática de los países ex soviéticos de la zona, el pasado jueves 16 de enero se aprobó en Verkhovna Rada -Parlamento Ucraniano- una draconiana serie de medidas legales que limitan los derechos a la libertad de expresión y de reunión, entre otros.

El paquete de medidas, anunciado en la página web oficial del Parlamento ucraniano aquella misma mañana pretende evitar que los manifestantes continúen en las calles, permite la retirada de inmunidad a políticos de la oposición e incorpora fuertes restricciones ciudadanas y censura. El anteproyecto de  ley fue propuesto de forma imprevista y aprobado mediante una votación a mano alzada por una mayoría del Partido de las Regiones del presidente Viktor Yanukovich y 235 de los 450 parlamentarios.

Los 27 puntos de esta ley tienen demasiado en común con la Ley de Seguridad Ciudadana

 Como reacción, numerosos medios independientes y organizaciones no gubernamentales que incluyen el Grupo de Protección de los Derechos Humanos de Kharkiv, comenzaron pronto a difundir información acerca de lo que supondría la ley, que entraría en vigor al día siguiente. Los 27 puntos de esta ley ucraniana tienen demasiado en común con los recogidos por la Ley de Seguridad Ciudadana aprobado en noviembre en España, que establece siete tipos de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros, así como 31 de infracciones graves y 20 leves.

Al igual que la ley mordaza española sanciona con hasta 30.000 euros la participación en manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad; su homóloga ucraniana castiga con hasta diez días de prisión la alteración de la paz y el orden a través de reuniones ciudadanas. Desde ahora, en Ucrania, podrán aplicarse penas de 15 días de prisión por la colocación de tiendas, escenarios y equipos de sonido sin el permiso de la Policía (en el caso español, está prohibido establecer tiendas de campaña y otros tenderetes en el espacio público, con multas de entre cien y mil euros).

Quienes participen en reuniones en espacios públicos llevando una máscara, uniforme o armas se enfrentarán a hasta diez días de encarcelamiento en Ucrania, si bien en España las personas que alteren 'el orden público encapuchadas o con cualquier elemento que dificulte la identificación' pueden llegar a ser sancionadas con los 30.001 euros.

Las diferencias más llamativas entre una y otra ley reflejan los propios modus operandi de las movilizaciones en uno y otro lugar. Puesto que para el movimiento del 15-M tomó relevancia el debate en torno a la legitimidad de las protestas ciudadanas en determinadas jornadas señaladas como electorales, la norma de aquí incluye artículos sobre la perturbación del orden en campaña electoral o considera infracciones muy graves 'la convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación'.

Por su parte, ahora en Ucrania cualquier fila de de cinco o más coches podrá ser castigada con la retirada del permiso de conducción y la confiscación del vehículo por un período de hasta dos años. Esto se debe a que en Kiev se popularizó en el mes de diciembre la conocida como Automaidan, una forma de protesta consistente en la decoración de los automóviles con las banderas ucranianas y europeas, así como las marchas hacia propiedades de personalidades políticas, como la residencia en Mezhyhirya del presidente Yanukovich.

Compartir noticias como una agencia de información, sin una autorización gubernamental, supone la confiscación del equipo

Tampoco las normas relativas al libelo salen mucho mejor paradas. Según informa The Euromaidan Journalist Collective -el ECJ, o Colectivo de Periodistas de Euromaidan-, un  grupo independiente de profesionales y estudiantes norteamericanos que surgió con la intención de informar en inglés y ucraniano sobre los acontecimientos, el hecho de 'compartir noticias, actuando como una agencia de información, sin una autorización gubernamental es también punible con la confiscación del equipo técnico asociado a la empresa y una cuantiosa multa'. Con parecida laxitud se tratan los delitos contra el honor y el libelo en ambas normas, aunque en Ucrania las sanciones económicas se sustituyen por penas que alcanzan los dos años de cárcel.

Las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, han expresado su preocupación por la implementación de una ley que podría considerar 'extremista' o 'amenazante contra las autoridades' información y actividades con las que trabajan a diario.

La coordinadora de la Red de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional en Kiev, Ruslana Panukhnyk, expresa su desconcierto hacia las medidas tomadas por el Gobierno, que 'atentan contra los derechos básicos de libertad de expresión y actuación de la ciudadanía'.

Al igual que las actuaciones de las autoridades ponen en ocasiones en peligro el libre ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales en España, el Gobierno ucraniano podrá desde ahora limitar el acceso a Internet, así como añadir trabas al ya maltrecho derecho a la investigación por parte de la ciudadanía y los profesionales de la información. Recopilar información acerca de la unidad especial de Policía Berkut, jueces y otros cargos de autoridad puede conllevar privación de libertad de hasta tres años.

Si la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones son consideradas infracciones graves por la nueva ley mordaza, el equivalente ucraniano ha concedido la amnistía a aquellos agentes de Berkut partícipes en las agresiones en Maidan a manifestantes y periodistas. El joven camarógrafo ucraniano Dimitri Strashny asegura que se siente 'cada vez más como si estuviera en Corea del Norte, adonde siempre he tenido curiosidad por ir como documentalista, sin siquiera haber salido del propio territorio'.

Sin duda, dos de los artículos más controvertidos de la ley ucraniana son los referidos a los juicios in absentia [sin estar presente los acusados] así como el que un miembro del Parlamento pueda ver retirada su inmunidad o arrestado en una sesión plenaria, sin necesidad de la sesión de control del comité oportuno.