Venezuela ordenó ayer el cierre de su frontera con Colombia, ahondando en la crisis desencadenada el sábado por el ataque militar colombiano a las FARC en suelo ecuatoriano.

Esta acción se suma al cese de relaciones diplomáticas de Ecuador con Colombia, a la expulsión del embajador colombiano en Caracas y al envío de tropas ecuatorianas y venezolanas a la frontera colombiana. Mientras los presidentes de los tres países enfrentados cruzan declaraciones incendiarias, la Organización de Estados Americanos (OEA) busca una solución pacífica que evite la desestabilización de la región andina.

Colombia recibió ayer el apoyo rotundo de EEUU. George Bush llamó por teléfono a Álvaro Uribe y le transmitió su completa solidaridad. Bush aprovechó la crisis para pedir al Congreso de EEUU que ratifique el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Los congresistas demócratas se muestran reticentes por la falta de reacción del Gobierno de Uribe ante los asesinatos de sindicalistas.

El ministro venezolano de Agricultura, Elías Jaua, avisó que el cierre fronterizo tendrá un impacto comercial pero negó que provoque problemas de desabastecimiento, como denuncia la oposición. El intercambio comercial bilateral rozó en 2007 los 4.000 millones de euros.

“No podemos depender en absolutamente nada de un país que está en posición de guerra con todos sus vecinos”, añadió el ministro venezolano, quien justificó también el envío de tropas a la frontera “no para atacar a Colombia, sino para prevenir cualquier ataque de Colombia”.

Fuerza multinacional de paz

Ecuador se sumó a las advertencias venezolanas contra Bogotá y planteó la formación de una fuerza multinacional. “Si Colombia no puede cuidar su frontera, que exista una fuerza multinacional de paz que le dé cuidado”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, ante la Asamblea Constituyente. Quito ha declarado anteriormente que el país no limita “con Colombia, sino con las FARC”, debido al control territorial de la guerrilla en zonas fronterizas.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, reconoció que su Gobierno mantuvo contactos con las FARC para mediar en la liberación de doce rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt. Según Correa, el ataque de las Fuerzas Armadas colombianas en que murió el número dos de las FARC, Raúl Reyes, puso fin a la negociación. “Todo fue frustrado por las manos guerreristas y autoritarias”, dijo Correa, quien acusó directamente al presidente colombiano, Álvaro Uribe.

El embajador colombiano ante el organismo interamericano intentará evitar la convocatoria de una reunión de emergencia de ministros de Exteriores ante la falta de acuerdo de sus miembros. Sería la primera vez que se convocaría esa reunión desde la crisis de Haití, en 1993.

Bogotá mantuvo sus acusaciones contra Ecuador y Venezuela por su apoyo a las FARC y anunció que denunciará a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional “por patrocinio y financiación de genocidas”.

El Ejecutivo de Uribe defenderá además ante Naciones Unidas el ataque al campamento de Raúl Reyes a partir de las resoluciones 1368 y 1371 de la ONU, que dieron vía libre en septiembre de 2001 a la intervención de Estados Unidos en Afganistán para derrocar al régimen de los talibanes.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, recordó que hay que alcanzar una solución pacífica a la crisis andina y retomar lo antes posible las gestiones para liberar los rehenes en manos de las FARC.

Los insurgentes dijeron que la negociación “seguía viva” tras la muerte de Reyes pero ayer señalaron que “ha dañado gravemente las posibilidades de un canje de rehenes”.