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Marielle Franco Al menos 36 concejales han sido asesinados en Brasil desde enero de 2016

El asesinato de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro, ha puesto sobre el tapete una cruda realidad: su caso es un crimen político que está lejos de ser una excepción en el país. El Gobierno brasileño ha ignorado hasta ahora los avisos de la ONU sobre las amenazas y asesinatos de activistas de derechos humanos.

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Protesta en Río de Janeiro por el asesinato de Marielle Franco. | MARCELO SAYAO (EFE)

El asesinato en Brasil de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), activista de derechos humanos y líder del movimiento feminista, no sólo ha conmocionado al país, sino que además ha puesto sobre el tapete una cruda realidad: el caso de Marielle, crítica con la intervención del Ejército en cuestiones de seguridad en las favelas de la ciudad, es un crimen político que está lejos de ser una excepción en Brasil.

Según Nodal, un medio latinoamericano, una investigación independiente realizado por la web Congresso em Foco, señala que desde enero de 2016 han sido asesinados 36 concejales en todo Brasil durante el ejercicio de su mandato por motivos políticos. Pero el número de víctimas sería mayor si se contaran a todos los exconcejales, candidatos, o parientes de concejales asesinados.

Los crímenes de estos concejales se han producido en 17 de los 26 Estados que forman Brasil. La mayoría de las víctimas murieron por armas de fuego, como ocurrió con Marielle Franco. 

El Estado de Ceará encabeza este macabro ranking: hasta siete concejales han sido asesinados allí. Le siguen con cuatro concejales asesinados cada uno, los Estados de Maranhão y Pará. 

Ante esta realidad, el Gobierno brasileño no ha tomado medidas para proteger no sólo a concejales amenazados, sino también a activistas y demás militantes de cualquier causa. Según un reportaje difundido el jueves  por el diario O Estado de Sao Paulo, el Gobierno ignoró los avisos de las Naciones Unidas sobre amenazas y asesinatos que afectan al menos a 17 activistas de derechos humanos en Brasil.