BERLÍN.—El Gobierno alemán ha aprobado una reforma que quiere limitar el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a obtener ayudas sociales si se encuentran en situación de desempleo y no llevan al menos cinco años viviendo en Alemania.

Después de meses de pequeños cambios en las cláusulas de una de las leyes más complicadas de Alemania (así la definen los propios trabajadores de las instituciones sociales e incluso el propio Ministerio de trabajo), la reforma se ha hecho efectiva. Ahora deberá ser aprobada por el Parlamento, trámite casi estrictamente burocrático, ya que el Gobierno de la Gran Coalición (Merkel más sus socios socialdemócratas) ostenta la mayoría absoluta de la Cámara.

Esta modificación también provocará que los europeos que no hayan trabajado nunca en Alemania tengan que abandonar el país si deciden pedir una ayuda social. Al cumplir cinco años de residencia en el país, cualquier europeo adquiere los mismos derechos que los nacionales, es decir, puede solicitar la ayuda social aunque esté desempleado. Se dan pocos casos de este tipo porque ante una situación de desempleo, acarreada normalmente por la carencia idiomática, la mayoría de los inmigrantes, incluidos los europeos, elige desempeñar un trabajo precario o minijob.

La solicitud de las ayudas sociales, más allá de ser parte de lo que en Alemania se denomina "turismo social", viene ocasionada normalmente por la imposibilidad de hacer frente al pago mensual del seguro médico obligatorio, cantidad que ronda los 200 euros por persona, y que un minijob no cubre.

La complejidad del sistema alemán y la obsesión institucional por maquillar las estadísticas de desempleo hace que muchas personas tengan que completar sus insuficientes ganancias solicitando la ayuda estatal. Es el llamado Hartz IV, subsidio que cubre los gastos de manutención, calefacción, vivienda y también el seguro médico. Este subsidio se oficializó al aprobarse la Agenda 2010, con la que el Gobierno de Merkel legalizó los minijobs. Estos trabajos reducidos no superan los 450 euros mensuales por pocas horas a la semana, calculando cada hora a 8,84 euros, que es el salario mínimo establecido por el Gobierno.

Lo que en un inicio eran pequeños trabajos para estudiantes o gente que quisiera sacarse un sobresueldo, se ha convertido en el principal medio de subsistencia para más de siete millones de personas en Alemania, incluidos los jubilados que no consiguen llegar a fin de mes con su pensión.

La consecuencia lógica ha sido, además de precarizar el mercado laboral (muchos empresarios prefieren hacer contratos de minijob porque se ahorran pagar el seguro de salud), que aumenten las personas que tienen que depender del Estado para poder sobrevivir.

Si eres un estudiante extranjero y pides una ayuda social puedes ser expulsado de Alemania

En el caso de los ciudadanos europeos residentes en Alemania, hace tiempo que ya no se les conceden las ayudas si no desempeñan, al menos, un minijob o son autónomos. Pero, en teoría, debido a una sentencia del Tribunal Constitucional, podían ser beneficiarios de las mismas si llevan más de seis meses residiendo en el país.

La novedad ahora es que, en el caso de que no hubiesen trabajado desde su llegada y soliciten el Hartz IV sin llevar cinco años en Alemania, el Estado alemán les dará una ayuda de un mes y posteriormente correrá con los gastos para que vuelvan a sus lugares de origen.

Debido a los acuerdos de la Unión Europea de libre circulación de personas, es difícil expulsar formalmente a ciudadanos de la UE. Pero algunos países como Bélgica llevan tiempo practicándolo a través de la negativa social. Hasta ahora Alemania lo hacía únicamente denegando las ayudas, pero tras este cambio comenzará a pagar viajes de repatriación.

Desde la Oficina Precaria de Berlín dicen que "a primera vista no parece que vaya a cambiar mucho la situación, porque en la práctica ya estaban denegando estas ayudas sociales a europeos que no tuviesen el estatus de trabajadores. Parece que la medida se deba más a un ejercicio de xenofobia que a una medida razonable", dicen.

Este "estatus" se adquiere habiendo trabajado en Alemania previamente (aunque algunas veces también se rechazan solicitudes si la relación contractual ha sido breve) y es válido por los seis meses venideros, aunque es fácil que las instituciones pongan trabas que obliguen a la persona solicitante a realizar cualquier pequeña ocupación mientras busca otro trabajo de mayor calidad. Desde el Ministerio de empleo, dirigido por la socialdemócrata Andrea Nahles, justifican su nueva reforma porque "quienes viven aquí y no trabajan suponen una carga para el Estado y además pueden solicitar prestaciones sociales en sus propios países. Queremos evitar la sobrecarga financiera. Además, con esta aclaración aumentamos la confianza en la idea de Europa y uno de sus mayores logros: la libre circulación de personas".

Concha Álvarez es una activista que vive en Berlín desde hace dos décadas. Cuenta que esta reforma evidencia que "siguen los recortes. Quieren hacer válido el principio de que un extranjero que viva aquí tiene necesariamente que trabajar o estudiar, y si éste pide la ayuda social se le devuelve a su casa".

Otras asociaciones de ayuda a inmigrantes, como La Plaza, formada en 2013 para favorecer la integración y difundir la cultura, creen que "el hecho de esta nueva ayuda de un mes suena casi a limosna, más aún el préstamo para volver a casa. Las prestaciones sociales en los últimos 15 años han sido una inteligente inversión para atraer a inmigrantes altamente cualificados y mejorar la competitividad del mercado alemán", declara Santiago Suárez, uno de sus integrantes.

Los estudiantes de Universidad o formación profesional no tienen derecho a pedir esta ayuda, aunque pueden solicitar otras. Sin embargo, alguien que haya llegado recientemente y se dedique a tiempo completo a estudiar alemán en academias privadas sí podría ser devuelto a España si solicita la ayuda sin tener un trabajo remunerado. El dominio del alemán es prácticamente fundamental para encontrar un trabajo de calidad en Alemania.

Galimatías jurídico

A este galimatías jurídico se van sumando las modificaciones que, poco a poco, el Ejecutivo alemán aprueba. Muchas veces los beneficiarios se enteran sorprendentemente por cartas de las propias instituciones de que se han modificado las condiciones de su prestación. Es el caso de Esperanza Martínez, que llegó a Alemania en 2011 y no pudo tener respaldo económico familiar, por lo que tuvo que solicitar la ayuda social a la vez que realizaba trabajos precarios. "Vine sola y estuve trabajando en una empresa de limpieza con un minijob. Desde las instituciones sociales me pagaron una formación profesional. Eran siete horas al día más los trabajos en casa. Debido a la sobrecarga, tuve que dejar mi trabajo. Después me penalizaron diciendo que tenía que devolver todo el dinero que me habían dado esos seis meses por haber abandonado el empleo", relata. "Me denegaron la ayuda cuando más lo necesitaba. El proceso de solicitud es bastante complejo como para pedirlo si no se tiene realmente necesidad. Además de esta penalización, el semestre siguiente, me lo denegaron dejándome sin nada", añade Esperanza.

Desde el Ministerio de empleo, dirigido por la socialdemócrata Andrea Nahles, justifican su nueva reforma porque "quienes viven aquí y no trabajan suponen una carga para el Estado y además pueden solicitar prestaciones sociales en sus propios países"

De la concesión de la ayuda social depende, en gran parte, el distrito en el que la persona viva. Uno de los barrios más humildes de la capital es Neukölln, en el que las colas para solicitarlo son de varias horas y la mayoría de su población es inmigrante. Allí desde la propia institución se intenta disuadir a los demandantes para que no soliciten prestaciones o se cansen de los obstáculos que les impone una institución que, teóricamente, debería facilitar la inclusión social.

Desde que en las elecciones de Macklenburgo-Pomerania occidental el partido ultra Alternativa para Alemania (AfD) superase en votos a la CDU de Angela Merkel, éste marca la agenda política. El Gobierno alemán ha tomado este punto de inflexión como giro hacia políticas más nacionalistas que puedan hacer que parte de su electorado vuelva a votarles en detrimento de AfD. Una de las consignas de la formación ultraderechista dirigida por Frauke Petry es que, si todo sigue como hasta ahora, los alemanes van a dejar de disfrutar de su sistema de bienestar social debido a la inmigración, que focalizan primordialmente en los refugiados.

Ante este discurso de "primero los de dentro", la gran coalición responde reforzando la idea de que los nativos no se van a ver afectados por estos recortes sociales.

Paralelamente al anuncio de esta reforma también anunciaron una rebaja fiscal por valor de 6.300 millones de euros anuales, de la que se beneficiarán todas las capas sociales y también aumentarán en dos euros la prestación por cada hijo. Son las nuevas medidas paliativas para paralizar un vertiginoso ascenso de Alternativa para Alemania, partido que en 2017, año de elecciones generales, podría convertirse en el primer partido de la oposición en el Parlamento alemán.