Publicado: 18.09.2015 16:28 |Actualizado: 19.09.2015 08:00

Alemania corta el grifo de las ayudas sociales a los comunitarios

El Tribunal de Justicia Europeo aprueba que Berlín excluya a ciudadanos europeos del cobro de ciertas ayudas de carácter no contributivo si llevan seis meses sin trabajar

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Los ministros alemanes de Interior, Thomas de Maizière, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Andrea Nahles. - AFP

Los ministros alemanes de Interior, Thomas de Maizière, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Andrea Nahles. - AFP

BERLÍN.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dejado la puerta abierta a la denegación masiva de ayudas sociales a ciudadanos de la UE y Alemania ya se ha acogida a esa posibilidad. El tribunal, con sede en Luxemburgo, ha avalado en varias sentencias, la última esta semana, que un Estado miembro excluya de ciertas prestaciones a inmigrantes comunitarios que hayan llegado buscando empleo si llevan más de seis meses sin trabajar en el propio país. Una familia de origen sueco es una de las víctimas de la administración alemana.

La última sentencia de la corte europea responde a un litigio entre cuatro ciudadanos suecos y la administración germana, que les denegó la ayuda social (más conocida como Hartz IV). La familia presentó una demanda ante el Tribunal Federal de lo Social de Berlín, que, ante la duda sobre cómo aplicar su legislación, elevó la pregunta al tribunal europeo y éste dio la razón a Berlín.

El TJUE avala que los Estados miembro excluyan
de las ayudas sociales a inmigrantes comunitarios

Los demandantes habían trabajado ya en Alemania, pero no por un periodo superior al año, plazo que se debe cumplir para poder ser beneficiario del subsidio de desempleo. Ante la denegación del paro tras perder el empleo, la opción es solicitar la ayuda social llamada Hartz IV mientras se busca otro trabajo. No se trata únicamente de una dotación económica, puesto que supone un híbrido entre una ayuda social y una contribución para buscar empleo.



El Hartz IV es una especie de renta básica de reinserción en la que se ofrecen servicios de asesoría laboral, pago de convalidación de títulos europeos o cursos de alemán, que se orientan principalmente a facilitar la entrada de esa persona en el mercado laboral. Para solicitar la ayuda es imprescindible contar con el estatus de trabajador (tener un minijob, ser autónomo con unos ingresos mínimos o haber trabajado y perdido tu empleo por despido o finalización de contrato hasta un máximo de seis meses antes, aunque sólo en el caso de que no se tenga nacionalidad alemana).

Antes de la sentencia del TJUE la abogacía general se pronunció alegando que sería conveniente mirar caso por caso, ya que no todos los ciudadanos europeos que llegan a Alemania lo hacen únicamente por motivos de búsqueda de empleo. Sin embargo, las denegaciones de la ayuda avaladas por la corte europea está obligando a muchos emigrados de la Unión Europea a marcharse de Alemania a pesar de no poder ser deportados oficialmente, debido a la normativa Schengen.

La exclusión social abre la puerta a una mayor precarización del flujo migratorio que llega a Alemania a través de Europa

Por contra, en el caso de los ciudadanos alemanes, las condiciones son totalmente diferentes puesto que tienen derecho a cobrar esta ayuda social a pesar de no haber trabajado nunca. El TJUE establece que su sentencia no rompe con el principio de igualdad de trato. Este principio se reconoce en los Tratados la Unión Europea, en los que se dejan patentes las “cuatro libertades” de las que disfrutan los comunitarios. Una de éstas es la libre circulación de los trabajadores, que garantiza el derecho de entrada con documentación que suspende las fronteras, derecho de residencia y derecho a recibir el mismo trato que los nacionales de ese país.

Se mantiene, pues, la condición de trabajador durante un periodo de seis meses tras el último empleo para poder ser beneficiario de prestaciones sociales. Al finalizar este plazo, el TJUE sentencia que “cuando un Estado miembro se disponga a efectuar una medida de expulsión, o declarar que esa persona se ha convertido en una carga excesiva para el sistema de asistencia social a lo largo de su residencia, se debe tener en cuenta la situación individual de la persona interesada”.

No quedando totalmente clara, esta exclusión social abre la puerta a una mayor precarización del flujo migratorio que llega a Alemania a través de Europa, ya que induce a las personas desempleadas a que acepten cualquier trabajo aunque las condiciones no sean las deseadas si se les rechaza la prestación.

Dotación económica y seguro médico

Además de la dotación económica, la ayuda social incluye el pago del seguro médico, que todo aquel que habite en Alemania (trabajador o desempleado) tiene que pagar y que cuesta unos 150 euros al mes, según la compañía. Este es uno de los principales motivos por los que muchos emigrantes solicitan las prestaciones. La imposibilidad de hacer frente a este seguro supone una exclusión sanitaria con deuda retroactiva, puesto que aunque no se disponga de seguro médico se entiende que siempre se debe estar cubierto y las aseguradoras aceptan asegurar a la persona bajo la condición de que pague todas las mensualidades anteriores, a pesar de haber estado fuera del sistema sanitario hasta ese momento.

El hecho de llegar a Alemania buscando empleo y, posteriormente, solicitar las ayudas sociales, se interpreta en ocasiones por las instituciones como “turismo social”

Asimismo, se puede solicitar un adelanto urgente de la ayuda social si se demuestra que no se puede subsistir en condiciones dignas mientras dura el proceso judicial para su reclamación, que se deberá devolver en el caso de que éste se pierda y que suele demorarse varios meses.

El hecho de llegar a Alemania buscando empleo y, posteriormente, solicitar las ayudas sociales, se interpreta en ocasiones por las instituciones como “turismo social” y es condición para su denegación. Todo este endurecimiento de cláusulas y peculiaridades lo pusieron de manifiesto el verano pasado los ministros de Interior, Thomas de Maizière, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Andrea Nahles, quienes presentaron un documento en el que se limitaba a seis meses este derecho de permanencia en Alemania sin tener una ocupación remunerada.

Los principales impedimentos de integración laboral son el idioma y las convalidaciones de títulos, que pueden demorarse varios meses. El hecho de que existan los minijobs, trabajos en los que se gana un máximo de 450 euros al mes y cuyo seguro médico debe asumir el propio trabajador, provoca que quienes sólo poseen esta “mini-ocupación” se vean forzados a pedir la ayuda social o a combinar varios minitrabajos. En las estadísticas de desempleo alemán no figuran aquellos que tienen un minijob o a quienes se les está pagando un curso formativo a través de la ayuda Hartz IV.