Amnistía Internacional (AI) ha querido aprovechar el partido amistoso que jugará el próximo 16 de noviembre en Malabo la selección de fútbol de España para denunciar el 'oscuro historial de derechos humanos' del régimen de Guinea Ecuatorial de Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde que encabezó un golpe de Estado en 1979. Asimismo, ha reclamado la liberación del preso de conciencia Agustín Esono, encarcelado desde hace más de un año por motivos políticos.

En un comunicado, AI ha recordado este miércoles que es costumbre suya aprovechar los eventos deportivos para hacer campañas de denuncia sobre la situación de los derechos humanos en los lugares donde se celebran, como las que ha llevado a cabo con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 en Bahréin, los Juegos Olímpicos de Pekín (2008) y Londres (2012), los inminentes Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, en Rusia (2014), y los Mundiales de Fútbol de Suráfrica (2010) y Brasil (2014).

Entre los abusos denunciados, Amnistía ha llamado la atención sobre las restricciones a la libertad de prensa, expresión y manifestación y ha asegurado que, pese a que la Constitución garantiza estos derechos, 'se restringen de forma rutinaria en Guinea Ecuatorial'.

Asimismo, la organización ha denunciado la vigencia de la pena de muerte y ha recordado que en 2010 se produjeron cuatro ejecuciones, 'las últimas de las que se tiene noticia'. Sin embargo, la organización ha asegurado que una persona fue condenada en 2012 a la pena capital y que la pena de muerte 'se ha aplicado a opositores políticos condenados por delitos contra el Estado'.

AI ha advertido también del acoso y la privación de libertad de que son objeto los activistas y defensores de derechos humanos, una represión que se intensifica 'en el contexto de la celebración de elecciones o antes de otros eventos importantes'. Estas personas, a las que 'no es raro' que les acuse de 'tratar de desestabilizar el país', permanecen en prisión durante 'un tiempo indeterminado de días o meses', ha proseguido. 'A menudo se hostiga y persigue a familiares de los activistas para obligar a estos a entregarse a las autoridades', ha añadido.

El informe de la organización denuncia también 'es una práctica habitual transferir a activistas políticos a cárceles o comisarías de policía de otras ciudades en secreto, donde permanecen en régimen de incomunicación durante algún tiempo, convirtiéndose, en la práctica, en víctimas de desapariciones forzadas'. 'En todos los casos conocidos por Amnistía Internacional, las autoridades se niegan a reconocer que mantienen a estas personas bajo su custodia ni a revelar su paradero', ha asegurado.

Asimismo, a pesar de que la Constitución establece el derecho a ser juzgado en juicios justos, 'los opositores políticos y otras personas críticas han sido juzgados por cargos inventados', ha manifestado la organización. En los últimos cuatro años, según AI, algunos civiles han sido juzgados en tribunales militares. Ha denunciado además que los tribunales aceptan las confesiones obtenidas bajo tortura, 'incluso en los casos en que esto constituye la única prueba contra las personas acusadas'. 'Los jueces y los abogados defensores son designados por las autoridades militares o políticas y carecen de formación jurídica', ha agregado.

Por otra parte, Amnistía Internacional ha documentado casos de tortura u otros malos tratos desde 2009 que, en ocasiones, han acabado con la muerte de los afectados. Además de los malos tratos físicos, las personas detenidas por motivos políticos pueden ser sometidas a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La ONG también ha puesto la voz de alarma ante la 'impunidad casi total' de que gozan los policías y soldados 'cuando cometen homicidios ilegítimos, incluso ejecuciones extrajudiciales'.