Ni su avanzada edad (85 años) ni los argumentos sobre su estado de salud pudieron impedirlo. El dictador argentino Jorge Rafael Videla volvió este viernes a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por el fusilamiento en 1976 de 29 presos políticos en una cárcel de la provincia de Córdoba, en el centro del país.

Han pasado 25 años desde que el dictador fue condenado a cadena perpetua en el histórico juicio a las Juntas Militares, pero cinco años después fue indultado por el entonces presidente, Carlos Menem.

Durante cuatro meses, 60 testigos desfilarán por el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, donde Videla comparece junto al general Luciano Benjamín Menéndez y otros 23 imputados. Los cargos: homicidio calificado y aplicación de torturas.

Los hechos ocurrieron entre abril y octubre de 1976, cuando se decidió el fusilamiento de los presos, que habían sido detenidos antes del golpe de Estado de ese mismo año.

El fusilamiento se justificó con argumento de que los presos políticos habían intentado fugarse de la Unidad Penitenciaria de San Martín, lo cual se demostró falso.

Organismos de derechos humanos consideran este proceso como el más importante después del histórico juicio a las Juntas Militares, que en 1985 concluyó con condenas de prisión perpetua para Videla y el almirante Emilio Massera, y severas penas para otros jerarcas de la dictadura.

Gracias a la amnistía presidencial de Menem, Videla y otros líderes de la dictadura -en la desaparecieron unas 30.000 personas, según las organizaciones de derechos humanos- estuvieron durante 20 años al resguardo de un proceso judicial. Pero un juez acabó por anular el indulto con el que se había beneficiado, decisión que la Corte Suprema de Justicia ratificó en abril de este año.

El fallo determinó que las amnistías no protegen de los delitos de lesa humanidad, decretó la inconstitucionalidad de los indultos y recordó la obligación de los estados de 'esclarecer [los delitos] e identificar a sus culpables'.

Videla, el primero de los cuatro presidentes que hubo durante la última dictadura argentina y que gobernó de facto el país entre 1976 y 1981, estaba detenido desde finales de 2008 en una cárcel de la unidad militar de Campo de Mayo, después de que un juez federal le revocara el beneficio de prisión domiciliaria del que gozó durante una década.

La semana pasada fue trasladado desde una cárcel militar bonaerense a una celda del penal de Bouwer, en las afueras de la capital cordobesa, para que pudiera asistir este viernes al inicio del juicio en su contra.

Jaime Díaz, presidente del tribunal que le juzgará, adelantó que el dictador está 'perfectamente bien' de salud a pesar del cáncer de próstata que padece. La delicada salud fue uno de los argumentos usados por la defensa de Videla para tratar de esquivar a la Justicia.

El ex presidente de facto afronta múltiples causas judiciales, entre ellas por el robo de hijos de desaparecidos durante el régimen militar y por el Plan Cóndor, como se denomina a la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur americano en las décadas de 1970 y 1980.

En agosto próximo, Videla volverá a sentarse en el banquillo, esta vez en la norteña provincia de Santiago del Estero, para responder por el secuestro y asesinato de un estudiante en 1976.