Pocas dudas quedan en torno a que fueron agentes de la Policía Militar (PM) quienes mataron hace un mes a la jueza Patrícia Acioli en São Gonçalo, localidad vecina a Río de Janeiro. Unos días después, el Ministerio Público apuntaba, basándose en los análisis de balística, la autoría por parte de agentes policiales. Más tarde, pedía que 34 policías militares que figuraban como reos en procesos conducidos por Acioli fuesen apartados de sus funciones.

Ayer comparecían ante la Policía el teniente Daniel Santos Benitez y los cabos Sérgio da Costa y Jefferson de Araújo Miranda, acusados de tenderle una emboscada a la jueza y disparar 21 balazos contra su vehículo el pasado 12 de agosto. Acioli había decretado prisión para los tres agentes apenas unas horas antes de ser asesinada. Estaban acusados de matar a un joven de 18 años, pero ellos alegan que el muchacho murió 'en un enfrentamiento' con la Policía. Es decir, que sería uno de los más de mil casos registrados cada año en Río como autos de resistencia, el término bajo el que la Policía clasifica las muertes de personas que se resisten al arresto y que, a menudo, encubre ejecuciones sumarias.

Tenía 47 años y dejó atrás una carrera de valiente combate al crimen organizado

La magistrada, de 47 años, dejaba atrás una carrera de valiente lucha contra el crimen organizado. En la lista de condenados por ella figuran varios milicianos y 91 policías acusados de asesinatos. Ello le valió varias amenazas de muerte.

En Río, las milicias son la principal expresión del crimen organizado. Como recuerda el diputado Marcelo Freixo, que agitó una comisión parlamentaria de investigación (CPI) sobre el tema, 'milicia es mafia'. Estos grupos paramilitares mantienen el control de gran parte de las favelas cariocas, especialmente en la zona oeste de la ciudad. Controlan el suministro de servicios básicos en los barrios pobres y están haciéndose con el negocio del narcotráfico.

'Durante mucho tiempo se consideraron un mal menor frente a los traficantes, pero las milicias son el principal problema de seguridad', sostiene Freixo. No está de más recordarlo ahora que el gobernador de Río, Sérgio Cabral, se jacta de que con las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) está cercando a los narcotraficantes. Mientras las UPP ocupan las favelas y desalojan de allí a los traficantes, la mafia de las milicias continúa próspera. Desde la CPI de 2007, algunos agentes y políticos implicados en las milicias han sido castigados: a primeros de septiembre, 14 personas fueron arrestadas por su pertenencia a ellas. Pero su poderío económico sigue en alza y su creciente control del territorio, también.

Los paramilitares han desplazado a los narcos en el control de los barrios pobres

Mientras, la tensión aumenta en el Complexo do Alemão, que adquirió fama internacional cuando, el pasado noviembre, el Ejército entró tras expulsar a los narcos de las 16 favelas del complejo, donde viven 120.000 personas. El Gobierno afirma que los traficantes han vuelto, que será necesario intensificar la militarización ya hay 1.800 soldados y que las fuerzas militares serán sustituidas por las UPP sólo a partir de marzo de 2012. En lo que va de mes, las disputas entre soldados y vecinos se han recrudecido, dejando un saldo de varios heridos.

Los habitantes del Alemão piden la llegada de Policía Pacificadora, pero allí donde se ha instalado no es todo de color de rosa. Los vecinos han denunciado en varias comunidades que los agentes imponen arbitrariamente sus reglas e incluso que están comenzando a involucrarse en las milicias y el tráfico de drogas. El Gobierno quiso preverlo al colocar en las UPP a agentes nuevos, no contaminados por las prácticas corruptas, generalizadas en todos los cuerpos policiales de Brasil. Parece que no funcionó.