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La Asociación Catalana de Víctimas dice que Albert Vilalta donará la indemnización a "fines sociales"

El cooperante es el único de los tres secuestrados por Al Qaeda para el Magreb Islámico que ha decidido solicitar el reconocimiento oficial como víctima del terrorismo

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El director de Túneles y Accesos de Barcelona y Túneles del Cadí, Albert Vilalta, ha decidido donar a 'fines sociales' el dinero que reciba de indemnización si finalmente es reconocido por el Ministerio del Interior como víctima del terrorismo, según declaró hoy José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas.

Público reveló hoy que Vilalta había completado los trámites burocráticos para ser reconocido formalmente por Interior como víctima del terrorismo, después de haber pasado 267 días en manos de Al Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI). A diferencia de Vilalta, ni Roque Pascual, que pasó el mismo tiempo retenido, ni Alicia Gámez, cuyo cautiverio se prolongó durante 101 días, han decidido reivindicar su condición de víctima del terrorismo. La Ley marca un año de plazo para hacerlo desde la finalización del secuestro.

A los tres cooperantes se dirigió ACVOT para informarles del derecho que tenían a solicitar el reconocimiento de Interior, que conlleva indemnizaciones económicas y otro tipo de prestaciones, como la asistencia médica o psicológica. Tras conocerse la noticia, Vilalta telefoneó a Vargas y le comunicó su intención de 'no hacer uso personal' de lo que cobre si es reconocido como víctima del terrorismo, una cantidad que podría superar los 132.000 euros. Según el presidente de ACVOT, Vilalta ya le había trasladado esta intención en el pasado y hoy se ha mostrado 'molesto' con que se conociera su solicitud ante Interior.

Al producirse el secuestro fuera de España, la legislación vigente fija como requisito que el ataque se produjera contra intereses españoles. Antes de pronunciarse, la Dirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo solicitará al Ministerio de Asuntos Exteriores un informe al respecto. Si no se cumple esta condición, Vilalta tendrá que aguardar a que se apruebe la nueva ley, aún en trámite parlamentario, que tendrá carácter retroactivo y elimina el citado requisito para el reconocimiento de las víctimas.

El Ministerio del Interior tiene un año para resolver desde la presentación de la solicitud, pero con toda seguridad lo hará antes. Si para entonces no ha entrado en vigor la nueva Ley, Vilalta recibirá 48.000 euros más otra indemnización por las secuelas físicas y psicológicas, en el caso de que las hubiera, consecuencia del secuestro más largo en la historia de AQMI.

Un tribunal médico de la Seguridad Social, en el que participará un facultativo de Interior, evaluará estas secuelas y cómo afectan a la actividad laboral de Vilalta. El secuestrado recibió varios disparos en el momento del rapto y conserva una leve cojera. Las víctimas de los atentados del 11-M con incapacidad parcial permanente recibieron 85.000 euros de indemnización.

El rapto de los cooperantes mantuvo en vilo al Gobierno y ocupó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante nueve meses. Fuentes de todos los Servicios de Información e Inteligencia españoles consultados por este periódico aseguraron que la libertad de los cooperantes se produjo tras el pago de un botín millonario, además de la excarcelación en Malí del autor material del secuestro, un mercenario ligado a AQMI que Mauritania había entregado previamente a las autoridades de Bamako.

El pago del Gobierno español pudo alcanzar los 10 millones de euros por los tres cooperantes, según las fuentes consultadas. El ex ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, negó el pago de un rescate en sede parlamentaria.

El CNI formó un equipo de especialistas que se encargaba las 24 horas del secuestro y dormía en la sede del centro. Sus integrantes trabajaban conectados a otro reducido grupo de agentes trasladado a la zona para obtener la liberación de los cooperantes.

Países como Estados Unidos y Argelia, que cooperaron en la operación y que son claves en la lucha contra el terrorismo de AQMI, han trasladado en los foros policiales de cooperación su malestar por el pago del rescate. En el caso de Argelia, el argumento es que, con ese dinero, los terroristas de Al Qaeda para el Magreb Islámico se arman y cometen cruentos atentados en su territorio.