La Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad bajo fianza del disidente Kazajo Alexander Pavlov; un prisionero que podría sufrir torturas y vejaciones de ser extraditado a su país de origen, según organizaciones como Amnistía Internacional, que durante más de un año han intentado que el Gobierno español escuche sus reivindicaciones, pero este no lo ha hecho.

Incluso la OSCE se interesó por el estado del prisionero 'para entender qué está pasando en su caso, por qué le acusan y qué puede pasar si le extraditan', tal y como adelantó este medio. Finalmente ha sido la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia la que ha ordenado la puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros de Pavlov, al que este tribunal y el Gobierno acordaron extraditar en virtud de una orden contra él por presuntos delitos de terrorismo, apropiación indebida y malversación de fondos.

PSOE y UPyD: 'El Gobierno no debe rebajar las exigencias en asuntos de DDHH a cambio de 'ventajas económicas' con 'regímenes dudosos'

El tribunal, que aprobó su extradición en noviembre de 2013, impone al reclamado comparecencias semanales en el juzgado más cercano a su domicilio, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada de su pasaporte.

Los magistrados Concepción Espejel (presidenta), Ángel Hurtado y Enrique López consideran que en las circunstancias actuales 'se reduce, si no por completo el riesgo de fuga, como mantiene la defensa, sí de forma considerable', por lo que con la imposición de una fianza puede asegurarse su sometimiento a la acción de la Justicia.

La resolución de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal se produce después de que este mismo mes de julio la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional anulara una resolución del Ministerio del Interior que se oponía a la concesión del asilo que había solicitado el disidente kazajo.

Los magistrados de lo Contencioso, que paralizaron la extradición en abril, argumentaron que Interior debía volver a evaluar su caso ofreciendo 'razones fundadas' de por qué considera que el solicitante constituye 'un riesgo para la seguridad de España y no es perseguido en su país'.

Pavlov trabajó durante varios años como jefe de seguridad del principal representante de la oposición del país centroasiático, Mukhtar Ablyazov. Llegó a España el 11 de diciembre de 2012 y fue detenido en una estación de tren en cumplimiento de una orden cursada por las autoridades de Kazajistán a través de la Interpol. El pasado 17 de enero, informó a las autoridades españolas de que quería solicitar asilo, algo que finalmente hizo el 6 de febrero.

Acausaban a Pavlov de organizar un atentado que nunca se cometió

La decisión fue rechazada en primera instancia el pasado 5 de julio. La primera solicitud de extradición se llevó a cabo el 17 de abril de 2013 y fue rechazada el 19 de abril por la Audiencia Nacional porque la información aportada por la autoridades de Kazajistán no era suficiente. No obstante, el Ejecutivo decidió volver a cursar el procedimiento de extradición el pasado mes de mayo, una vez subsanados estos 'defectos formales'.

Pavlov trabajó durante varios años como jefe de seguridad del principal representante de la oposición kazaja, Mukhtar Ablyazov. Kazajistán le acusó en un primer momento de estafar al BTA Bank 22,5 millones de euros y añadió después a su petición de extradición un delito de terrorismo.

Su país le atribuye haber preparado junto a otras personas la colocación de un artefacto explosivo en el parque Family de la ciudad de Almaty, 'cuya explosión hubiera tenido lugar el 24 de marzo de 2012 de no haber sido frustrada por las autoridades policiales'.

El PSOE y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) han celebrado la puesta en libertad bajo fianza del disidente kazajo Alexander Pavlov y han vuelto a exigir al Gobierno español que no le extradite a Kazajistán y le conceda asilo político porque, a su juicio, el sistema judicial y penitenciario de este país 'no ofrece las mínimas garantías'.

'España no puede colaborar con regímenes crueles y tiránicos', esgrimen ambos partidosA través de una carta, los diputados Irene Lozano (UPyD) e Ignacio Sánchez-Amor (PSOE) expresan sus satisfacción por la decisión anunciada este miércoles por la Audiencia Nacional de poner en libertad al disidente bajo fianza de 30.000 euros. Este tribunal y el Gobierno acordaron extraditarlo en virtud de una orden contra él por delitos de terrorismo, apropiación indebida y malversación de fondos.

'Como defensores de los Derechos Humanos y del prestigio internacional de nuestro país a la hora de proteger a quienes luchan por la democracia en sus propios países, celebramos la puesta en libertad de Pavlov y, de nuevo, exigimos al Gobierno que le conceda asilo político para que pueda permanecer en España', dicen en la misiva.

Según los dos partidos, extraditar a Pavlov 'equivaldría a entregarlo a un sistema judicial y penitenciario que no ofrece las mínimas garantías'. 'España no puede colaborar con regímenes crueles y tiránicos; antes al contrario, debe dejar sentado en sus relaciones con terceros países que antepondrá las exigencias democráticas a cualquier otro tipo de transacción', subrayan.

Lozano y Sánchez-Amor recuerdan en su carta el interés que, al igual que varias ONG, han mostrado 'desde el primer momento' por el caso de Pavlov, pidiendo al Gobierno español que 'no rebaje las exigencias en asuntos de Derechos Humanos a cambio de ventajas económicas' con 'regímenes dudosos' como el del presidente kazajo, Nursultan Nazarbayev.

Según han manifestado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tramitó la solicitud de asilo del disidente kazajo en 'un procedimiento cuajado de irregularidades', tal como denunciaron en su momento sus abogados y organizaciones internacionales como ACNUR.