La destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la crisis de las basuras de 2012 ha levantado ampollas. Las protestas han aumentado en la capital colombiana al mismo tiempo que Petro ha convocado 'la mayor movilización de la historia' para este viernes. En tanto, la ONU también ha pedido explicaciones sobre el polémico cese e inhabilitación del burgomaestre.

Miles de personas se congregaron de forma pacífica en la céntrica Plaza de Bolívar para apoyar a Petro, defender la democracia y reclamar que se respete a un alcalde elegido en las urnas, tal y como manifestaron en sus arengas y ante los medios de comunicación. Ya, durante la noche, el alcalde salió al balcón del Palacio de Liévano (sede de la Alcaldía) e invitó a los ciudadanos a participar el viernes en una movilización popular que recorrerá las calles de Bogotá.

Durante su largo discurso, interrumpido constantemente por los vítores de la multitud y gritos como 'Petro no se va', el alcalde anunció que este miércoles la Guardia Indígena, una fuerza civil y pacífica conformada por jefes nativos del Cauca (suroeste), llegará a la capital para proteger el Palacio de Liévano. 'La orden es que aquí gobernamos hasta el último momento', aseveró el alcalde.

El objetivo de esta movilización es dejar sin efecto la decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, encargado de controlar y fiscalizar a los funcionarios públicos y quien ayer cesó e inhabilitó a Petro para ejercer cargo público durante 15 años, un fallo que ha causado una gran controversia. Ordóñez tomó la decisión por considerar que hubo mala gestión en la crisis de basuras desatada en diciembre de 2012, cuando el alcalde no renovó los contratos a las empresas privadas que recogían los residuos y puso en manos de compañías públicas esa labor, en un proceso que Petro ha calificado de 'desprivatización'.

Hoy, el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, pidió una cita al procurador para hablar de la jurisprudencia existente a nivel internacional sobre funcionarios elegidos democráticamente. 'En este caso podemos hablar de los derechos del alcalde o sus derechos de participar en política, pero lo más importante es que tenemos que hablar de los derechos de los ciudadanos de Bogotá que votaron por él', agregó. Según Howland, 'cualquier intervención de un funcionario que no esté elegido tiene que ser equilibrada'.

El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, pidió hoy a la ONU que se mantenga al margen: 'Que pidan una audiencia no le veo ningún problema pero que se inmiscuya en las decisiones de orden disciplinario, sí le veo problema', afirmó. Y es que para Iragorri, 'los órganos internacionales están para otros menesteres'. Sin embargo, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, propuso el lunes revisar las competencia de la Procuraduría para la destitución de cargos públicos elegidos por voto popular.

Las protestas y la petición de la ONU se sumaron a la incertidumbre y a los movimientos de distintos políticos que mueven fichas para la batalla por la Alcaldía que quedará vacante si no se revierte la decisión del procurador. De avanzar el proceso contra Petro, quien ha pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se convocarían elecciones entre febrero y marzo.

Entre los que han expresado públicamente su interés por el cargo están el ex alcalde Antanas Mockus, quien disputó la Presidencia con Juan Manuel Santos en las elecciones de 2010, y Antonio Navarro, aliado de Petro y quien fue durante algunos meses su secretario de Gobierno. Muchas voces apuntan a Francisco Santos, quien fue vicepresidente durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), como el más interesado en llegar a la Alcaldía, aunque hoy pidió 'serenidad' en 'un momento institucional y no electoral'. Mientras tanto, Petro, que sigue gobernando desde su despacho, expidió varios decretos de última hora como el que establece un subsidio de transporte a la población de más bajos recursos o el que ubica las primeras estaciones del metro.

Desde La Habana, la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que negocia la paz con el Gobierno acusó al procurador de asestar 'otro grave golpe contra el proceso de paz'. 'Ayer, de un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente', denunció la delegación sobre la destitución de Petro, un exguerrillero del M-19.