Nadie lo esperaba. El ministro de Defensa colombiano, Rodrigo Rivera, irrumpió ayer intempestivamente en la Corte Constitucional de Colombia una hora antes de que esta se reuniera, apurando un plazo que vencía ayer, para decidir sobre la constitucionalidad del acuerdo suscrito entre el Gobierno de Álvaro Uribe y el de Estados Unidos en octubre de 2009, por el que se autorizaba la instalación y uso por el Pentágono de siete bases militares en territorio colombiano.

Rivera llegó cuando la Corte Constitucional se disponía a declarar 'inexequible' (no ejecutable por no estar ajustado a la legalidad) el pacto que Uribe puso en marcha a pesar del dictamen contrario del Consejo de Estado.

La visita efectuada por el titular de Defensa -uno de los miembros más uribistas del Gabinete del nuevo presidente, Juan Manuel Santos- al presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, fue acogida con gran disgusto por los integrantes de la más alta magistratura de Colombia y como un intento de presión. Podría ser un indicio de agostamiento de la esperanzadora primavera política que se anunciaba tras el final de la era Uribe y que incluyó una declaración manifiesta del ministro de Justicia e Interior, Germán Vargas Lleras, de que el poder judicial sería respetado y se acabaría el acoso al que sometió Uribe a los tribunales por contradecir sus decisiones.

El texto íntegro del tratado de las bases permanece todavía en absoluto secreto

Santos se reunió ayer con la cúpula militar para darle tranquilidad y asegurarle que no tiene prevista una negociación con la guerrilla. Allí anunció que no va a nombrar sucesor del anterior Comisionado de Paz hasta que no se den circunstancias nuevas.

La sentencia de la Corte se produce a instancias del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una de las ONG colombianas más destacadas en la defensa de los derechos humanos, y después de que el propio Consejo de Estado se manifestara contundentemente contra la autorización de las bases.

El dictamen del Consejo de Estado, no vinculante y desoído por el Gobierno de Uribe, argumentaba que el acuerdo con Estados Unidos, por su naturaleza, debe ser conocido, debatido y aprobado por el Congreso antes de ser firmado, según lo que prescribe la Constitución de Colombia.

El tratado para la instalación de siete bases estadounidenses en Colombia tuvo una gran repercusión en toda Suramérica. Venezuela lo consideró como una agresión a la soberanía del subcontinente. Prácticamente todos los países de la región, incluidos Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil, manifestaron su oposición al acuerdo.

El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, fue, junto con su homólogo venezolano Hugo Chávez, el más enérgico opositor al tratado, que consideraba un sabotaje a la alianza Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Esta, formada por 12 países, prevé contar con una alianza militar propia al margen de Norteamérica.

El texto íntegro del tratado de las bases ha permanecido hasta ahora oculto y se desconoce cómo se ha ido articulando su aplicación en las bases de Malambo, Larandia, Tolemaida, Apiay, Bahía Málaga, Cartagena y Palanquero.

El Consejo de Estado ya emitió un dictamen en contra, que Uribe desoyó

Esta última base sería el más importante foco de presencia estadounidense en América del Sur: cuenta con la pista de despegue y aterrizaje más larga del país (3.500 metros), hangares para 60 aeronaves, entre ellas los C-17, el Boeing para el transporte de tropas y tanques, así como los aviones AWACS, capaces de sobrevolar varios países interceptando todas las comunicaciones.

Para el dirigente liberal y ex ministro de Defensa Rafael Pardo, en virtud del acuerdo, Colombia se convierte en un portaaviones de EEUU. La parlamentaria Cecilia López y la formación de izquierda Polo Democrático Alternativo desmintieron que las bases militares fueran a combatir el narcotráfico y la guerrilla.

Un documento del Pentágono desmintió plenamente a Uribe cuando, para argumentar la concesión de los fondos necesarios para la base de Palanquero, destacaba: 'Esta instalación es una oportunidad única para poder hacer un completo abanico de operaciones en una región crítica donde la seguridad y la estabilidad están bajo constante amenaza por gobiernos hostiles a Estados Unidos'.