El Tribunal Supremo Federal de Brasil ordenó esta madrugada la puesta en libertad del italiano Cesare Battisti, exmilitante del grupo terrorista de extrema izquierda Proletarios Armados por el Comunismo (PAC) que huye de la Justicia italiana desde 1981 y está condenado a dos cadenas perpetuas por cuatro asesinatos a finales de la década de los setenta.

La noticia, aunque era esperada, cayó como un jarro de agua fría en Italia, ya que la misma Corte denegó la solicitud de extradición a Roma. Las autoridades italianas aseguraron ayer que podrían recurrir al Tribunal de Justicia de La Haya, tal y como desveló a los medios el ministro de Exteriores Franco Frattini y luego confirmó el primer ministro, Silvio Berlusconi. Medida que recibió el apoyo del presidente de la República, Giorgio Napolitano, que calificó de 'deplorable' la sentencia.

Berlusconi, en un comunicado, dijo que acogía 'con profunda decepción la decisión', ya que 'no ha tenido en cuenta el deseo legítimo de justicia del pueblo italiano y en particular de los familiares de las víctimas de Battisti'. Sea cual sea la reacción final de Italia, el caso promete degradar al máximo las relaciones con Brasil.

Unas relaciones que ya estaban de por sí enrarecidas desde que el pasado mes de diciembre el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, también se negara a extraditar al exterrorista por estimar que podía correr peligro en Italia.

Lula denegó la extradición de Battisti en diciembre por suponer un peligro para su integridad Entonces el ministro de defensa, Ignacio La Russa, habló de boicotear los productos brasileños, idea que fue retomada esta tarde por el ministro para la Simplificación, Roberto Calderolli, quien apoyó un boicot al Mundial de fútbol de 2014.

La imagen de Battisti recorre el imaginario italiano como uno de los peores ejemplos de lo que fue el terrorismo de izquierdas durante los denominados años de plomo, aunque sobre su juicio hay algunas sombras.

Pero el hecho de que ayer quedara en libertad demuestra la incompetencia de las autoridades italianas, que durante los últimos 30 años no han sido capaces de que ningún Gobierno de los tres países por donde ha pasado en todo este tiempo escuchara sus peticiones de extradición.

En 1977, a los 23 años de edad, Battisti pasó un breve periodo de tiempo en una cárcel de Udine por un robo. Allí conoció a Arrigo Cavallina, uno de los líderes del PAC, que le enseñó los fundamentos de la formación terrorista.

Battisti se convirtió enseguida en un miembro activo del grupo y según la versión de la Justicia italiana cometió o instigó en los dos años posteriores los asesinatos del guardia penitenciario, Antonio Santoro (6 de junio de 1978 en Udine); del carnicero Lino Sabbadin (16 de febrero de 1979 en Mestre); del joyero Pierluigi Torregiani (el mismo día que el anterior, pero en Milán); y del agente de la Policía de Estado, Andrea Campagna (19 de abril de 1979).

Battisti fue detenido justo un mes después e ingresó en la cárcel de alta seguridad de Frosinone, a medio camino entre Roma y Nápoles. En 1981 consiguió fugarse y emprendió rumbo a París, donde vivió escondido durante un año hasta que decidió dar el salto a México.

Estuvo allí más de una década y mientras daba sus primeros pasos como escritor, en 1993 el Supremo italiano hizo firmes las condenas por cadena perpetua. El juicio, que se desarrolló en primera instancia en 1988, es aún criticado por una parte de la sociedad, ya que considera que las pruebas contra Battisti no son concluyentes al venir fundamentalmente de la confesión de Pietro Mutti, un arrepentido militante del PAC, que después vio cómo se reducía su condena.

Un año después se instaló definitivamente en París, donde gracias a la legislación del expresidente François Mitterrand, podía permanecer por ser considerado un perseguido político. Las autoridades galas siempre se negaron a extraditarlo, pero en 2004 la ley cambió y Battisti volvió a hacer la maleta, esta vez, rumbo Brasil. El 18 de marzo de 2007 fue detenido en Río de Janeiro y estuvo en prisión hasta ayer.

Los familiares de las víctimas clamaron contra la decisión del Supremo brasileño, que según ellos supone 'la enésima bofetada que recibimos de la Justicia'. También apoyaron el recurso ante La Haya.