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Brasil pierde la memoria

La familia de un periodista asesinado por el régimen militar combate la impunidad de la Ley de Amnistía

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A Luiz Eduardo Merlino lo mataron en 1971. Era periodista, trotskista y militaba en el Partido Obrero Comunista (POC). En 1970 viajó a Francia para participar en la IV Internacional, pero volvió a Brasil al año siguiente para reorganizar la resistencia. Apenas dos días más tarde, los militares lo arrestaban en casa de su madre, en la localidad paulista de Santos. Poco después, comunicaban a la familia que el periodista se había suicidado.

Hubiera sido un desaparecido más de no ser porque su cuñado, Adalberto Dias de Almeida, era policía. 'Con la excusa de estar buscando a un criminal, entró en una institución médica y encontró su cuerpo, sin identificación y lleno de marcas de torturas. Por eso pudimos enterrarlo'. Así lo narra, en un café del barrio paulistano de Perdizes, Tatiana Merlino, sobrina de Luiz Eduardo e hija de Adalberto, también periodista y activista en la lucha por la memoria historia en Brasil. Lucha con la pluma, desde la militante revista de izquierdas Caros Amigos, y lucha desde la justicia, buscando los resquicios legales que deja la Ley de Amnistía, con la que los militares y sus cómplices se garantizaron la impunidad en 1979.

'El terror no alcanzó el sadismo de Argentina o Chile, pero no se puede hablar de 'dictablanda''

Luiz Eduardo fue torturado hasta la muerte en el DOI-CODI, un centro de detención ubicado en São Paulo que durante los años más duros de la represión, de 1969 a 1973, dirigió el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. El mismo que torturó a cinco miembros de la familia Teles, incluidos dos niños que serían entregados a familias afines al régimen. Fueron los Teles quienes abrieron el camino a los Merlino, al emprender una acción civil contra Ustra. 'Esa acción sólo busca el reconocimiento del Estado de que los hechos sucedieron', explica Tatiana Merlino, ya que la amnistía veta cualquier vía penal. Con todo, en octubre de 2008, Ustra se convertía en el primer y único militar reconocido como torturador por la Justicia brasileña. El proceso, por testimonial que fuese, dejaba un regusto de victoria.

La hermana de Luiz Eduardo, Regina Merlino, y su excompañera, Angela, buscaron entonces al abogado de los Teles, Fábio Konder Comparato, para emprender una acción similar, pero no llegó a buen puerto. Volvieron a la carga, aunque no llegaron a pedir ninguna indemnización económica: 'No es dinero lo que queremos', recuerda Tatiana Merlino. Así comenzó un proceso en el Tribunal de Justicia de São Paulo, al que la acusación llevó testigos presenciales de las torturas y del abandono del cuerpo. De nuevo en el banco de los acusados, pero sin mucho que perder, el coronel Ustra se dedicó, según Tatiana, a entorpecer el procedimiento para ganar tiempo. En esa siguen.

'Brasil no pasó por una transición política: hay continuidad. No se hizo una depuración en las instituciones: se sigue instruyendo a los policías en la tortura y utilizando el electrochoque en los interrogatorios', afirma Tatiana. 'Son herencias del régimen. El Estado sigue matando mucho, sólo que durante la dictadura las víctimas eran jóvenes de clase media y ahora es la población pobre'. Y mientras 'los torturadores de entonces siguen en los puestos de mando', su impunidad da un mensaje de carta blanca a los torturadores de hoy. De ahí el empeño de las asociaciones de derechos humanos en que Brasil recupere su memoria.

'Los torturadores son ahora dueños de empresas de seguridad privada', dice la sobrina

No parece que la Comisión de la Verdad, cuya creación aprobó el Congreso en septiembre, vaya a cambiar esa realidad. No tendrá capacidad de punición y contará con recursos limitados para investigar un plazo muy amplio: de 1948 a 1989. Esa es la primera crítica: al no centrarse en la dictadura militar (1964-85), el Estado no asume explícitamente que existió un periodo diferenciado en el que hubo un régimen represor y violento. Muchos siguen llamando 'revolución' al golpe de 1964. Y permanece esa idea de que la dictadura en Brasil no fue tan mala. 'Es verdad que el terror no alcanzó números tan sádicos como en Argentina o Chile, pero eso no justifica hablar de una dictablanda', resume Tatiana Merlino. El informe realizado por la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos de 2007 apuntaba a 476 casos de muertes y desapariciones. Las torturas se cuentan por millares.

Para Tatiana, la Comisión es una cortina de humo para no derogar la amnistía, como exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Oganización de Estados Americanos) cuando, a fines del año pasado, condenó al Estado brasileño por la sangrienta represión de la guerrilla de Araguaia en los años setenta. La Corte entiende que la ley habla de 'crímenes de motivación política', lo que se aplicaría a las acciones de la guerrilla, pero no a las torturas y asesinatos cometidos por el Estado, que son crímenes de lesa humanidad. Por tanto, no pueden prescribir y tampoco están sujetos a amnistía. Algunos juristas defienden que no sería necesario derogar la Ley de Amnistía, sino sólo reinterpretarla.

En la dictadura hubo 476 casos de muertes y desapariciones, además de miles de torturados

¿Por qué tanto interés en mantener la amnistía a capa y espada, aunque sea a contramano de la historia y de lo que sucede en otros países de la región? 'Se dice que en 2002 Lula y su Gobierno llegaron a un acuerdo con los militares para que no se tocase la amnistía', señala Tatiana. Ese trato habría sido reafirmado cuando la exguerrillera Dilma Rousseff llegó al poder, pese a las tensiones dentro del Ejecutivo.

Son muchos los intereses en juego. 'No sólo los militares se incomodan con la idea de destapar lo que fue la dictadura', apunta Tatiana Merlino. 'Hay empresas que apoyaron al régimen y patrocinaron centros de tortura. Entre ellas, Camargo Correa, que es hoy una de las grandes firmas que están contribuyendo a ese desarrollo económico del que presume el Gobierno'. Más aún: 'Los torturadores de entonces son los actuales dueños de empresas de seguridad privada'. Merlino intuye que ese famoso acuerdo del Gobierno 'no fue sólo con el Ejército, sino también con el poder económico'.