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"Colombia tiene las cifras más altas de sindicalistas asesinados"

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que Uribe ha enviado a EEUU a los paramilitares para que no declaren en Colombia sobre sus relaciones con su partido.

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Al presidente Álvaro Uribe, las declaraciones de José Miguel Vivanco no le caen nada bien. Después de que el director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina criticara las recientes extradiciones de 14 paramilitares a Estados Unidos, el Gobierno colombiano sacó la artillería pesada contra él. Hasta The Washington Post llegó a citarle con nombre y apellido en un reciente editorial al reprocharle el bloqueo, con sus “amigos demócratas”, del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia.

El Gobierno colombiano reprocha a HRW haber criticado la extradición de los paramilitares pese a haberla exigido durante años. ¿Cuál es la posición de su organización?

Nuestra posición ha sido siempre muy coherente: consiste en instar al Gobierno colombiano a utilizar eficazmente la amenaza de la extradición a EEUU para lograr que los responsables de hechos atroces y de crímenes de narcotráfico cooperen plenamente con la justicia en Colombia. Nosotros creemos que la extradición es un medio para alcanzar un fin. Es un instrumento que bien utilizado puede rendir frutos en Colombia. La razón es muy simple. Los paramilitares temen la extradición.

¿Por qué cambió de opinión el Gobierno?

En el último año y medio, producto de los avances que hizo la Suprema Corte y la Fiscalía General en Colombia en las investigaciones de la parapolítica, se ha empezado a conocer más sobre los nexos entre estas mafias y políticos, muchos de ellos muy cercanos al Gobierno del presidente Uribe. De hecho, el 95% de los más de 60 congresistas procesados por sus vínculos con el paramilitarismo son del partido de Uribe. Ahora, el Gobierno nos sorprende con una extradición de todos los principales paramilitares, justamente cuando los familiares de las víctimas se preparaban para interrogarlos sobre sus responsabilidades, en momentos en que el primo del presidente, el senador Mario Uribe, fue detenido por vínculos con el paramilitarismo.

¿Cree que el Gobierno colombiano oculta algo?

El timing suscita muchas preguntas. Habría bastado con enviar uno de ellos aquí a Washington hace tres o cuatro años, antes de que conociéramos los escándalos de la parapolítica, para negociar con ellos desde una posición de fuerza. Los únicos factores que han cambiado desde entonces han sido las investigaciones penales y las revelaciones de la profundidad de los nexos entre políticos del partido del presidente Uribe y de esta gente. Lo que ha cambiado ha sido la detención del primo del presidente. Que cada cual saque sus conclusiones sobre esta decisión abrupta.

En las últimas semanas, los Gobiernos de Colombia y EEUU arremetieron contra HRW por su posición contraria a la extradición. ¿A qué atribuye dichos ataques?

No nos sorprende. Es habitual en el trabajo de defensa de los derechos humanos. Muchas veces, la táctica utilizada por aquellos que se sienten cuestionados ante la opinión pública es recurrir a ataques personales y descalificaciones. Es el viejo estilo de apuntarle al mensajero, en lugar de responder por los graves cargos que nosotros planteamos cuando formulamos críticas al Gobierno colombiano. Además, The Washington Post tiene una visión de América Latina basada en un total e incondicional apoyo al Gobierno de Uribe. En esto, no hay diferencia alguna con la posición del presidente Bush. El tema de derechos humanos pasa a un segundo plano.

Los demócratas exigieron a Uribe que resuelva el problema de los asesinatos de sindicalistas para aprobar el TLC. ¿Ha percibido usted algún progreso?

No, al contrario, la situación está empeorando. El número de sindicalistas que han sido asesinados en lo que va de año es superior a la cifra del año pasado a la misma fecha. No veo cómo puede alguien argumentar que hubo mejorías. Colombia tiene las cifras más altas a nivel mundial de sindicalistas asesinados.

¿La imagen que tiene Bush de su aliado colombiano contrasta con la realidad que ustedes ven sobre el terreno?

La imagen es producto del trabajo de las operaciones de lobby que se hacen en Washington. En los últimos dos meses, Uribe ha invertido casi dos millones de dólares en Washington en firmas que le ayudan a promover su imagen en EEUU. Como el Gobierno de Bush entiende que es el único aliado estratégico, hace la vista gorda sobre los problemas serios que existen en materia de derechos humanos. Colombia es el país que tiene la crisis humanitaria y de derechos humanos más seria de todo el continente. Sin embargo, estos temas no son objeto de discusión.

El Gobierno de Bush acusa a menudo a los adversarios del TLC con Colombia de favorecer la expansión de Hugo Chávez por la región.

Son recursos retóricos para distraer la atención de problemas fundamentales. Nosotros hemos sido y seguiremos siendo, en la medida que creamos que existan méritos para eso, muy críticos con lo que está ocurriendo en Venezuela, especialmente con el esfuerzo del Gobierno por concentrar el poder. Pero esto no significa que haya que dar un cheque en blanco a un Gobierno como el colombiano. Este análisis bipolar de que se está con Uribe o se está con Chávez le hace gran daño a la causa de los derechos humanos.

¿Le parece que el Gobierno español toma suficientemente en cuenta la cuestión de los derechos humanos en sus relaciones con Uribe?

El Gobierno español podría hacer mucho más. Creo que ha hecho la vista gorda sobre estos profundos problemas de derechos humanos en Colombia. Nos gustaría tener en España un aliado mucho más decidido, que no confunda sus intereses comerciales con la promoción de valores tan importantes como la democracia y los derechos humanos en América Latina, en particular en Colombia.