Publicado: 10.12.2014 16:11 |Actualizado: 10.12.2014 16:11

La Comisión de la Verdad de Brasil pide juzgar a los represores

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La Comisión de la Verdad de Brasil, que investigó las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura (1964-1985), incluyó en su informe final, presentado este miércoles, la "recomendación" de juzgar a los culpables de delitos de lesa humanidad.

Esa sugerencia fue incluida en el capítulo de conclusiones del vasto informe de 4.500 páginas presentado por la comisión y reabre una polémica sobre la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen militar, que hasta hoy impide juzgar a los represores y responsables de torturas, desapariciones y otros crímenes. El documento fue entregado en un acto público a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió en su propia carne la tortura debido a sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra la dictadura.

Rosa María Cardoso, una de los seis miembros de la comisión, dijo en una rueda de prensa posterior a esa ceremonia que "las leyes internacionales que Brasil ha firmado dicen que (los culpables) tienen que ser castigados". Jose Carlos Dias, otro de los integrantes del grupo, indicó que "una amnistía no puede convertirse en instrumento de impunidad" y agregó que "la dictadura juzgó, condenó, torturó y mató a aquellos acusados de practicar crímenes políticos, pero los crímenes de sus agentes no fueron comunes, sino delitos de lesa humanidad".

La decisión de incluir esa recomendación, que no tiene carácter vinculante, no fue unánime en el seno de la Comisión de la Verdad. La única voz disonante en el grupo fue la del abogado José Paulo Cavalcanti, quien en la misma rueda de prensa aseguró que no se puede "cuestionar" una decisión del Tribunal Supremo, que hace poco más de cuatro años respaldó la "constitucionalidad" de la amnistía. "Fue una decisión técnicamente correcta", consideró Cavalcanti.

El informe final de la Comisión de la Verdad contiene indicios sobre la supuesta responsabilidad de unos 300 agentes del régimen militar por delitos de lesa humanidad y establece que en los 21 años de dictadura hubo un total de 434 muertos y desaparecidos. En relación a la amnistía, el documento sostiene que no puede aplicarse a los responsables de "detenciones ilegales, torturas, ejecuciones, desapariciones forzosas y ocultación de cadáveres, lo cual es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional".

Según el informe, esos delitos fueron cometidos "de una forma sistemática, constituyen crímenes contra la humanidad y, por tanto, son imprescriptibles y no pueden ser objeto de una amnistía". El documento dice que "además de la responsabilidad que puede o debe recaer individualmente sobre los agentes públicos" también es "imperativo un reconocimiento institucional de las Fuerzas Armadas de su responsabilidad por ese cuadro terrible".