El Tribunal de L'Aquila condenó este lunes a seis años de cárcel a los siete miembros de la Comisión de Grandes Riesgos que se reunieron seis días antes del terremoto que azotó la región de Los Abruzos el 6 de abril de 2009, causando más de 300 muertos, y no dispusieron medidas de prevención ante un posible sismo. Todos ellos han sido declarados culpables de homicidio y lesiones por negligencia.

El juez, Marco Billi, ha impuesto además una indemnización de 7,8 millones de euros a favor de 56 personas que se han constituido contra ellos en el juicio.

Los condenados son Bernardo de Bernardinis, subdirector del departamento técnico de Protección Civil; Enzo Boschi, presidente del Instituto italiano de Geofísica y Vulcanología; Giulio Selvaggi, director del Centro Nacional para los Terremotos; Gian Michele Calvi, director de Eucentre, el Instituto de investigación sobre seísmos; Claudio Eva, profesor de física en la Universidad de Génova;  Mauro Dolce, profesor de Geofísica y director de la oficina de riesgos sísmicos de Protección Civil; y Franco Barberi, presidente de la Comisión.

El proceso ha evaluado la actuación de los siete expertos los días antes del mortal terremoto de magnitud 5,8. En concreto, se ha utilizado como prueba principal para condenarlos el informe que realizó la comisión el 31 de marzo de 2009, en el que descartaban la posibilidad de que hubiera un temblor como el que se registró poco después. De hecho, los técnicos tampoco atendieron a las súplicas del entonces alcalde de la ciudad, Massimo Cialente, quien les envió un telegrama pidiéndoles que activaran algún dispositivo de seguridad.

'En relación a los graves y constantes episodios sísmicos cuyo inicio se remonta al 16 de enero pasado, bajo forma de cotidianos goteos de terremotos de unas doscientas sacudidas o más, culminados con un temblor de cuarto grado el 30 de marzo pasado, pediría una urgente aprobación de fondos para las primeras emergencias', rezaba el telegrama del 1 de abril. Cialente pidió además 'la declaración de estado de emergencia a fin de efectuar las necesarias intervenciones para el restablecimiento de la idoneidad de los edificios públicos y privados. Además, se señalan en particular gravísimos daños estructurales en dos edificios escolares que acogen a 500 alumnos'.

Al inicio del proceso, los fiscales acusaron a los siete expertos condenados hoy de haber hecho 'una valoración del riesgo sísmico aproximativa, genérica e ineficaz' de la situación en los Abruzos, que había sufrido más de 400 temblores en apenas tres meses, y dieron a la población 'informaciones imprecisas, incompletas y contradictorias'. Los efectos del seísmo fueron devastadores, además, porque los edificios de la ciudad histórica no estaban preparados para los terremotos pese a estar en una zona de permanente actividad sísmica. 

Tras conocer la sentencia, Boschi dijo sentirse 'desesperado'. 'Estoy devastado, estaba convencido de que al final sería absuelto porque nunca le aseguré nada a nadie. Reto a todo el mundo a encontrar una declaración mía por escrito, oral o en la televisión en la que yo asegure a alguien algo sobre el terremoto', dijo. Y después fue al centro de la que ha sido la defensa de los siete condenados: 'Precisamente nadie va a encontrar eso porque nadie puede prever los terremotos. La calidad de los edificios en Italia es tan pésima que cualquier terremoto puede causar un desastre así'. Por su parte, De Bernardinis se proclamó 'inocente ante dios y ante los hombres' y por ello recurrirá la sentencia.

Luciano Malani, actual presidente de la Comisión, atizó -como es costumbre en Italia, a los fiscales-: 'Es la muerte del servicio que prestan los profesores y los profesionales al Estado. No es posible dar una valoración al Estado serena, profesional y desinteresada con esta presión mediática y judicial. Esto no pasa en ningún otro país del mundo'.