La proximidad del final del periodo estival en la mayor parte de los países de América Latina, los del hemisferio sur, está coincidiendo con el desembarco de la pandemia de la covid-19 en una de las zonas geográficas más castigada históricamente por las inestabilidades económicas y más vulnerable a los sobresaltos políticos. Dicen los observadores internacionales y los think-tanks que analizan la región que, debido a la fragilidad de sus sistemas institucionales, a su aún escasa experiencia en procesos de alternancia en el gobierno de las distintas formaciones ideológicas y a la debilidad de sus partidos políticos; algunos de ellos señalan casi por consenso a encumbrar liderazgos autocráticos.

Al término de la pasada semana, el censo de decesos por coronavirus sobrepasó ya la frontera de los 4.000 fallecidos. En concreto, 3.969 el pasado 17 de abril. Con Brasil, la gran potencia económica, el noveno PIB global, con 1,8 billones de dólares –casi medio billón más que la capacidad productiva de España–, y el máximo exponente de un gabinete populista surgido del descontento social, acaparando la mitad de ellos. La cifra cuando se consumó el cese fulminante del ministro de Sanidad, Luíz Henrique Mandetta, por defender un periodo de confinamiento riguroso en contra del criterio economicista de Jair Bolsonaro, ascendía ya a 1.952 muertes por coronavirus. Brasil está en el ojo del huracán y con elevadas dosis de confusión social. En México, por ejemplo, cuando la pandemia obligó al Gobierno italiano a iniciar la cuarentena en Lombardía, la tercera parte de la población creía que el contagio podría transmitirse a través de cualquier producto llegado de China.

Al margen de la permisividad que, por norma general, ha reinado entre los dirigentes de la zona a la hora de tomar conciencia y activar recursos para combatir la pandemia, las naciones de esta comunidad disponen de sistemas sanitarios mal equipados. Y lo que es peor, la crisis económica que parece haberse instalado en cada rincón de la región, igual que en el resto de latitudes del planeta, pone en tensión los resortes de sus entramados políticos e institucionales. Porque el espacio latinoamericano es especialmente dependiente de los flujos de capital estadounidenses, europeos y chinos.

Los tres principales bloques económicos globales –y todos ellos– han entraron en recesión en marzo, según convienen el FMI y los análisis de mercado. A lo que hay que añadir la parálisis total del comercio, cuya contracción se calcula que será del 11% a la conclusión del actual ejercicio, y que sumirá a la región en unos números rojos aún más intensos dada la condición de mercados exportadores de las economías latinoamericanas, la mayoría de ellas vendedoras de materias primas, desde petróleo a cobre o zinc.

La contracción internacional se ha llevado el dinamismo exportador y la entrada de inversiones extranjeras. Una pinza que ha sacado a relucir el mal endémico de la región, las devaluaciones monetarias. La totalidad de las divisas del espectro Latam están perdiendo tracción respecto al dólar, que vuelve a recuperar el nivel de sobrevaloración en el mercado que protagonizó el último baile de monedas, en el último semestre de 2018 y la primera mitad del pasado año.

Con sus primeros daños colaterales, el alza del precio de importaciones y de deudas empresariales, denominadas de manera masiva en billetes verdes en toda la zona bajo la órbita de la divisa estadounidense, está haciendo ya mella en sus coyunturas. Y en las finanzas familiares, porque ya se ha registrado un retroceso notable de los envíos de remesas, desde EEUU y desde las naciones europeas preferentemente. Así como las pertinentes secuelas colaterales que todo ello supone sobre el entramado político. Porque las protestas civiles han empezado a germinar en Ecuador, Colombia, Brasil, México, Perú y Argentina.

El FMI ha medido la gravedad del shock en América Latina

"Mientras la pandemia se propaga por la región, los países se enfrentan a la peor recesión desde que empezaron a registrar datos estadísticos, en la década de los cincuenta", reconoce Alejandro Werner, director del Fondo para el hemisferio occidental, término con el que denominan a las naciones latinoamericanas y de la comunidad caribeña. La combinación de factores externos -la profusión contagiosa de la covid- y la alarmante necesidad de medidas para contener la crisis sanitaria que se avecina generará una contracción regional del 5,2% en 2020. La región se enfrenta a otra década perdida, un fantasma que resurge con demasiada frecuencia en el espectro latinoamericano desde el llamado efecto tequila de México, de devaluación del peso, en 1995. En este caso, con motivo de la covid-19, en el periodo 2015-2025.

"Con una atípica crisis de demanda externa, de desabastecimiento industrial y comercial por la crisis del coronavirus, y unos elevados costes de financiación, la región requerirá acciones para mitigar los impredecibles efectos humanos y económicos", afirma Werner. A pesar de que "han activado programas de estímulo fiscal para atender las exigencias sanitarias y ayudas a hogares y empresas" y de que precisarán aumentar las medidas para perfilar respuestas más agresivas a la pandemia. Y de que sus bancos centrales también hayan hecho los deberes aportando planes de liquidez y poniendo orden a la dispersión financiera de sus mercados domésticos.

Peligrosas cotas de economía sumergida

Sin embargo, el Fondo pone el dedo en la llaga. Las extensiones de las asistencias sociales chocan con una de las enfermedades crónicas de la región, la economía sumergida. Donde operan gran parte -la mayoría- de las pequeñas empresas, que proporcionan ocupación de forma prevalente a las personas activas de las unidades familiares. Y a las que tendrán que atender, primero, para dotarles de medios de salida de la crisis y, luego, de métodos de legalización de sus actividades y de sus plantillas laborales. Mediante censos registrales y reformas de calado que devuelvan a estas empresas a la formalidad legal, y a sus trabajadores, a su plena regularización. Porque este punto es una de las rémoras al crecimiento sostenible.

Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (IADB) se incide en una grave secuela que el mercado negro ha revelado en la historia económica reciente de México. Esta institución multilateral, la que más líneas de préstamo facilita al conjunto de América Latina, por encima del Banco Mundial, y con lazos directos con el llamado consenso de Washington -Reserva Federal, Tesoro americano y FMI-, el cónclave desde el que se dictan las consignas que exigen a los países bajo escenarios de quiebra o suspensiones de pagos a cambio de las líneas de crédito que les permitirá afrontar sus crisis monetarias.

Lo hace, entre otros, Santiago Levy, uno de sus directivos y ex viceministro de Finanzas mexicano, quien ha editado sus conclusiones en un libro de referencia. En el que habla de distorsiones en la generación de riqueza del país por este peculiar sistema productivo: "La inmensa mayoría de los trabajos se dedican a labores poco productivas, mientras hay demasiadas personas que actúan como empresarios o que están en situación de autoempleo". En un mercado -dice- en el que la imposición sobre los negocios está demasiado gravada mientras persiste un amplio abanico de subsidios improductivos, que genera una "espiral de destrucción", mantiene en la estructura económica a firmas débiles y crea un clima empresarial poco dinámico y escasamente propenso a su consolidación.

Levy destaca el elevadísimo número -casi desproporcionado, afirma- de pequeñas empresas en México. En 2013, según el censo oficial de sociedades mercantiles, el 90% de los 4,1 millones de compañías tenía menos de cinco empleados. Y otras nueve de cada diez estaban en situación informal; es decir, operaban en el mercado negro. Aun así, absorbieron el 33% del stock de capital y el 40% de la plantilla laboral del país.

Levy califica de informales a las firmas que no tienen salarios asignados por contrato a sus empleados y que sus propietarios ni están autoempleados ni pagan retribuciones variables ni, por supuesto, comparten beneficios. Y que sólo tienen la obligación de pagar por el Impuesto de Sociedades el 2% de sus ingresos si son inferiores a los 2 millones de pesos, unos 105.000 dólares al año. Por contra, las que están instaladas en la formalidad deben sufragar -como en cualquier otro entorno económico del club de la OCDE- cotizaciones sociales, una parte de la fiscalidad personal de sus trabajadores y una dura norma laboral que, en el caso mexicano, impide el despido por pérdida de beneficios.

En la actualidad, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador maneja una economía en estado de recesión, de una décima en 2019, aunque con los últimos tres trimestres con caídas interanuales. Una herencia de más de una década de tenue vigor económico, propiciado por los bajos índices de productividad, que ya entre 1995 y 2015, apenas logró elevar el PIB per cápita en un 1,2 % de media; menos que en cualquier otra latitud de América Latina, con la sola excepción de Venezuela. Dato que, además, resulta aún más grave si se tiene en cuenta que el PIB por trabajador sólo ha repuntado un 0,4 % anual desde entonces, mientras la productividad -medida de eficiencia económica- apenas ha crecido desde entonces. O que México es, con 1,27 billones de dólares, después de Brasil, la segunda potencia de todo el subcontinente americano, y la decimoquinta del mundo, con un tamaño casi similar al español, y una de las economías más abiertas al capital y al comercio.

La estructura productiva heredada por López Obrador, con un PIB navegando muy por debajo del potencial de crecimiento de uno de los mercados emergentes con vitola de industrializado -México forma parte del club de la OCDE- es, en realidad, un regalo envenenado. Porque con la llegada del coronavirus -o, para ser exactos, antes de que la covid-19 se instalara como pandemia sanitaria- en las cuatro semanas previas al 6 de abril, en México se perdieron 347.000 empleos formales, más de los creados a lo largo de 2019. Con perspectivas de recesión del 6,6% este año. La de mayor calibre, con la excepción de Venezuela, en todo el hemisferio sur americano.

No por casualidad, el 55% de los trabajadores de América Latina, según revela Foreign Policy, trabaja en la economía informal. Sin ningún tipo de redes de protección social, antes de la crisis del coronavirus. Cuando, por ejemplo, el pasado mes de octubre -un mes de reivindicaciones en varias latitudes del planeta-, las manifestaciones proliferaron por varios territorios de la región; aunque fueron especialmente dirigidas a la fragilidad de los estados de bienestar en Colombia y Chile.

Ahora, cuando la pandemia arrecia, los gobiernos se deben afanar en configurar planes de rescate que ocasionarán aumentos exponenciales de la deuda y deterioros substanciales de los déficits públicos. De ahí que países como Brasil, Chile o Perú, con normas de flexibilidad para sobrepasar los límites de desequilibrios presupuestarios, ya hayan invocado su uso. Sin que sus dirigentes hayan aceptado algún compromiso de cómo reconfigurar a medio plazo sus cuentas, aunque sepan que este asunto implicará cambios de calado en sus sistemas fiscales, de gastos y de garantías financieras. El FMI acaba de admitir que 16 países de la región han solicitado préstamos de emergencia, dentro del billón de dólares. Además de otros que, como Honduras, han pedido ampliar sus programas de ayuda en activo o como Haití, que forman parte del plan de alivio de deudas, dentro de la iniciativa del FMI para supuestos de catástrofes.

Debilidades institucionales

El sombrío panorama económico, con una recesión sin precedentes, llega a América Latina con unas instituciones políticas en estado de debilidad acuciante. Los escándalos de corrupción, que proliferan desde hace ya demasiadas décadas, y los rampantes índices de criminalidad, han pasado factura en las urnas. De donde han emergido populismos como el de Jair Bolsonaro en Brasil y sucesiones de poder complejas como la vuelta del peronismo a Argentina o la de los conservadores del uribista Iván Duque, contrario a la paz con las FARC -histórico movimiento guerrillero reconvertido en partido- y alejado de postulados propicios a la búsqueda de un acuerdo de alto el fuego con el ELN que aún mantiene su foco de guerra activa abierto contra Bogotá.

Ambos, el peronismo en Argentina -desde Carlos Menem a Cristina Fernández de Kirchner- y el de la formación que encumbró a Álvaro Uribe, en Colombia, con unos claros antecedentes de falta de lealtad hacia las divisiones de poderes. Aunque de igual forma ha resurgido el nepotismo en la Nicaragua de Daniel Ortega, mientras la Venezuela de Nicolás Maduro se aleja de cualquier entendimiento político y social en un país asolado por la recesión, la hiperinflación, las embestidas monetarias y una crisis humanitaria estructural.

Aun así, en el territorio latinoamericano ha desaparecido prácticamente los gobiernos de tinte progresista. Con conflictos altamente peligrosos como los que sacaron del poder a Evo Morales en Bolivia, que las instituciones supra-continentales, como la OEA, o la comunidad internacional se afanan en no denunciar como golpes de estado, aunque el poder ejecutivo acabe en manos de formaciones minoritarias y extremistas. La única excepción a esta regla, con permiso de los ejecutivos de Nicaragua y Venezuela -con cotas democráticas ínfimas- es México. Donde López Obrador logró convertirse en el primer jefe del Estado ajeno al PRI y el PAN, los dos partidos del frente conservador que han impedido que hubiera un gobierno de izquierdas, en ocasiones bajo acusaciones de complot electoral.

Con independencia de la posición ideológica, la mayoría de los líderes latinoamericanos operan con estructuras de partido desorganizadas y fragmentadas que acentúan las consecuencias de los episodios de crisis. Y los votantes dejan de apoyar a formaciones que muestran debilidad en mayor propensión que en otras partes del planeta. Esta ha sido una constante a lo largo de la década pasada, donde floreció una mayoría izquierdista -o, al menos, no conservadora- en gran parte de la región. Con la crisis del coronavirus, y la amenaza de colapso económico, la situación no ha cambiado, explica Michael Albertus, en Foreing Policy, para quien "este fenómeno daña la democracia".

Petición concertada de ayuda a la región

Quizás por este peligro latente varios ex dirigentes del área que se unieron a una misiva colectiva impulsada por el ex primer ministro británico, el laborista Gordon Brown, para pedir al G-20 y a los organismos multilaterales, especialmente el FMI, el Banco Mundial y el resto de organismos regionales de desarrollo, un papel activo -y urgente- en la liberación de líneas crediticias dirigidas a combatir la pandemia, tanto desde la óptica sanitaria como económica.

Bajo un título más que elocuente -Imperativos éticos y económicos contra Covid-19: una perspectiva latinoamericana- lograron que el FMI ampliara hasta los 1,3 billones de dólares en emisiones de los denominados Derechos Especiales de Giro (SDR) que, en la jerga multilateral se les conoce como la divisa del Fondo Monetario, por tratarse de un activo al que se le otorga el rol de reserva internacional de esta institución desde su creación, en 1969, y cuya misión es la de complementar el acopio de tesorería de sus socios en sus bancos centrales.

Fueron los antiguos mandatarios de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, de México, Ernesto Zedillo, de Chile, Ricardo Lagos y de Colombia, Juan Manuel Santos. Paradójicamente, durante los periplos presidenciales de todos ellos, sus países vivieron etapas de especial reforzamiento de sus instituciones, aunque dos de ellos -Cardoso y Zedillo- tuvieron que lidiar con devaluaciones y crisis económicas de gran enjundia: la del tequila en México en 1995, que hundió el valor del peso, y la del real brasileño en 1998.

En la petición también reclamaron la intervención en esta cruzada financiera del Banco Mundial, así como el Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, las dos entidades prestamistas de mayor dimensión en el espacio latinoamericano. En el ámbito financiero, en el empresarial, en el de los hogares y trabajadores y en la necesaria corrección de sus sistemas productivos, en los que se ha instalado la informalidad. La carta también está suscrita por titulares de Hacienda de épocas recientes, así como ex gobernadores de bancos centrales y académicos con pasado ministerial como el venezolano Ricardo Hausmann (entre 1992 y 1993) profesor de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, entre otras personalidades.

La parálisis económica de la covid-19 acontece en un momento especialmente complicado en esta región del planeta porque ha interrumpido un irónico proceso inversor. De forma inaudita, una serie de bancos de inversión como Bank of America Merrill Lynch o Goldman Sachs se habían enfrascado en una carrera competitiva por reforzar sus divisiones en el patio trasero de EEUU, por anunciar fichajes de primeros espadas en otros mercados, procedentes de sus rivales, de gestoras de fondos o de sociedades de valores, y destinando a empresas y sectores estratégicos cientos de millones de dólares de sus carteras de capital en varios mercados latinoamericanos.

Bank of America, por ejemplo, había activado fondos de inversión de 500 millones de dólares en el área en las semanas que precedieron a la declaración de la covid-19 como pandemia global. A pesar de que los portfolios, en 2019, de este tipo de inversiones privadas retrocedieron en un 7 % en 2019, hasta los 4.000 millones de dólares, en relación al ejercicio precedente; pero un 15 % por encima del promedio del último lustro, según constata Coalition, una firma de business intelligence que aporta análisis económico al mercado.

De igual forma, en América Latina empezaba a contratarse bonos verdes "como helados" decían voces inversoras antes de la crisis del coronavirus. Al menos cinco gobiernos y decenas de firmas de la región estaban negociando reconversiones en emisiones de sus deudas hacia proyectos de plena catalogación ecológica. El pasado fue un ejercicio de especial dinamismo en la decisión de acometer emisiones de deuda en bonos verdes. Con México, Perú, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana como pioneros, según Sean Kidney, CEO de Climate Bonds Initiative, una entidad sin ánimo de lucro que promociona el uso de las denominaciones de deuda en este tipo de instrumentos financieros.

"La munición inversora está lista para actuar", reconocía Kidney a Business Insider desde Bogotá, a mediados de marzo, en las primeras semanas de la pandemia en Europa. "La demanda está en sus parqués y tanto inversores como fondos de pensiones son plenamente conscientes de que los bonos verdes son un bocado suculento de un helado en un día caluroso", explicaba de forma gráfica. El mercado de bonos ecológicos movilizó 205.000 millones de dólares el pasado año, pero las inversiones en América Latina apenas habían logrado representar el 2 % de la cuota total, según Bloomberg. Kidney hablaba en sus previsiones de un potencial negocio de 6.000 millones de dólares en 2020. En línea con las predicciones, previas también a la crisis de la covid-19 en la región, del BID, que hablaba de 7.000 millones de dólares. En una coyuntura, la previa al coronavirus, en la que había vuelto a arraigar la estanflación, estancamiento económico con presiones inflacionistas.