El Parlamento Europeo no tiene la obligación de revelar cómo sus miembros gastan alrededor de 40 millones de euros anuales en dietas, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que alega la defensa de la privacidad de sus señorías y una posible sobrecarga administrativa.

Este fallo se produce tres años después de que un nutrido grupo de periodistas de investigación pidiese al TJUE que examinase la legalidad de la negativa del Parlamento Europeo a facilitar información sobre gastos de viaje, dietas y gastos de asistencia parlamentaria que los eurodiputados reciben, además de sus salarios.

El tribunal avala la negativa de la Eurocámara a proporcionar estos datos —la respùesta ha sido negativa ya en dos ocsaiones—, y justifica su decisión porque la documentación requerida incluye, obviamente, datos personales de los eurodiputados en cuestión.

Asimismo, el TJUE estima como "abstractas y genéricas" las razones por las que los informadores pretendían acceder a la información sobre las dietas ("numerosos supuestos de fraudes cometidos por los miembros del Parlamento, confirmados o presuntos, en los últimos años").

"Procede señalar que los demandantes se limitan a citar el ejemplo de un único miembro búlgaro del Parlamento", puede leerse en la sentencia, y añade: "Este ejemplo no basta, por sí solo, para justificar la transmisión de los datos personales de todos los miembros del Parlamento".

Asimismo, el Tribunal apoya el pretexto de la Eurocámara para negar a los periodistas el acceso a estos datos, dado que "consideró que la ocultación de todos los datos personales en los documentos solicitados no permitiría alcanzar los objetivos perseguidos en las solicitudes de acceso y conllevaba una carga administrativa excesiva".

En el mismo fallo, el TJUE condena a los demandantes en costas.

Según recuerda Marcos García Rey en El Confidencial, uno de los periodistas afectados, éstos "demandaron al Parlamento Europeo en otoño de 2016 ante el Tribunal de Justicia Europeo porque la petición de información pública sobre esos gastos públicos fue rechazada en dos ocasiones". 

Los miembros del parlamento europeo reciben un salario mensual de más de 8.600 euros mensuales, más una pensión. Cuando abandonan la Cámara reciben un subsidio que puede alcanzar los 200.000 euros, dependiendo de la duración del servicio, recuerda el diario The Guardian.

Este caso judicial concreto se ha centrado en los gastos otorgados a los diputados en el Parlamento Europeo para financiar las oficinas de sus circunscripciones, lo que le cuesta al erario público 40 millones de euros al año. "Cada eurodiputado cuenta con 52.104 euros al año, lo que supone unos 40 millones de euros en el presupuesto comunitario anual", sobre los que no hay control público, afirma García Rey.

En un comunicado conjunto, los periodistas remarcan que "si bien los diputados al Parlamento Europeo deberían disfrutar de privacidad en sus vidas privadas, son empleados públicos y las personas tienen derecho a saber cómo se gastan los recursos públicos".