La semana pasada se cumplieron tres años desde la desaparición de 'los 43 de Iguala'. Eran los estudiantes mexicanos que salieron el 26 de septiembre de 2014 de la localidad Normal Rural de Ayotzinapa (del estado de Guerrero) en cinco autobuses hacia México par participar en las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco. Esto es lo último que se sabe con certeza de ellos, porque pasados los años se sigue sin saber qué ocurrió con ellos, cómo, dónde o cuándo desaparecieron.

Quizás, lo único que ha salido en claro desde entonces, es la violencia abrumadora de México, el aumento de las desapariciones forzadas en el estado o la obstrucción del gobierno para llevar a cabo las investigaciones de observadores internacionales. Y, junto con esto, el silencio del Gobierno español frente a la vulneración de derechos de los ciudadanos mexicanos.

La tragedia de los 43 no ha pasado por alto para nadie. El caso se hizo rápidamente mediático y conocido internacionalmente. Cuando se visibilizan las problemáticas para encontrar la verdad sobre los desaparecidos, las organizaciones civiles de toda Europa y América no dudaron en solidarizarse con las familias de diversas formas, ¿cómo se solidarizó España? ¿Hizo algo el Gobierno o las instituciones?

La 'Eurocaravana 43' en España

Asociaciones y organizaciones civiles organizaron una caravana preparada para recorrer medio mundo y dar a conocer la realidad del caso. Formada por un familiar de uno de los desaparecidos, un defensor de derechos humanos y un estudiante de Ayotzinapa, viajaron a 13 países europeos del 16 de abril al 19 de mayo de 2015. En España, visitaron las ciudades de Zaragoza, Madrid y Barcelona.

CGT fue una de las organizaciones que participó en la red europea que promovió y gestionó el viaje de la 'eurocaravana' y que ha ido convocando, "de manera no uniforme" acciones para los días 26 de septiembre. Ángel Bosqued, secretario de relaciones internacionales del sindicato cuenta a Público que en este trabajo no se recibió prácticamente ninguna ayuda institucional, "únicamente algunos Ayuntamientos facilitaron locales para que los padres durmieran o comieran y hacer charlas".

La realidad es que no vinieron a España con la intención de negociar con ninguna embajada o institución. Omar García, uno de los activistas que viajaba en la 'eurocaravana' y uno de los sobrevivientes a la tragedia, coincide con Bosqued sobre la inexistencia de encuentro con el gobierno español. "No hubo nada formal desde el gobierno. No estamos cerrados a ello, pero tampoco ha habido ningún intento o voluntad por parte de las instituciones españolas".

La Eurocaravana 43 por Ayotzinapa en España durante una rueda de prensa en Madrid: El integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Román Hernández, el padre del estudiante desaparecido Mauricio Ortega Valerio, Eleucadio Ortega, y el estudiante de Ayotzinapa, Omar García / EUROPA PRESS

A nivel europeo ocurrió lo mismo. A pesar de ello, Omar explica la importancia de los pronunciamientos internacionales sobre el caso: "Cualquier posicionamiento contribuye porque suponen una presión diplomática sobre el Gobierno mexicano. Con el Parlamento Europeo o eurodiputados que se mostraron favorables a que se resolviera esta tragedia, descubrimos que si algo le duele al Estado es quedar mal y que su imagen se venga abajo fuera de nuestro país, sobre todo en los países del primer mundo. Pero para posicionarse tienen que enfrentarse a los intereses económicos y militares. Si se sigue sin cuestionar a las autoridades, los gobiernos se mantengan grillados y la ciudadanía de brazos cruzados, el gobierno mexicano no va a hacer por encontrar la verdad".

El Gobierno español alaba a las autoridades mexicanas

"El Gobierno no le va a decir a otro gobierno que lo ha hecho mal, salvo que sea Cuba, Venezuela, Corea o Rusia" sentencia Bosqued. Parece que no se equivoca porque en estos tres años el Gobierno español, lejos de denunciar la actuación del gobierno mexicano, ha alabado el trabajo del mandatario Peña Nieto.

Casi ningún comentario público han tenido las instituciones del Gobierno español. Menos un posicionamiento. Lo más claro hasta el momento han sido las declaraciones del exministro español de Asuntos Exteriores y Cooperacion, José Manuel Margallo, que declaró que "el Gobierno de México está adoptando todas las medidas que puede tomar en un acontecimiento tan trágico” y que es un país "políticamente estable", mientras los ciudadanos se echaban a la calle día tras día exigiendo a las autoridades respuestas sobre el crimen. 

Un año después, el ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, declaró que el gobierno mexicano ha mostrado un "gran compromiso para aclarar el caso Iguala" al igual que "con las víctimas", a pesar de las constantes denuncias de los familiares al Gobierno. 

Otras declaraciones sobre el caso son  las que las del presidente Mariano Rajoy alabando el buen trabajo del mandatario Enrique Peña Nieto, de quien declaro que "ha tomado el toro por los cuernos" para frenar la crisis de violencia que vive el país latinoamericano, ignorando los informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional que evidencian "la generalizada violencia del país".

Otra de las manifestaciones contra la actuación del Gobierno mexicano / EUROPA PRESS

Las dos teorías sobre los 43 desaparecidos

El silencio del gobierno español no supondría un problema sino fuera porque observadores internacionales y organismos humanitarios han denunciado la falta de interés por buscar la verdad en la investigación de las autoridades mexicanas y constantes dilaciones, obstrucciones y bloqueos para el trabajo de investigadores independientes.

A día de hoy, hay varias versiones de lo acontecido. La teoría oficial es que los estudiantes fueron asesinados por narcos de Iguala e incinerados en un basurero. El gobierno sostiene que la policía local de Iguala se lanzó a la persecución de los autobuses de los estudiantes, mandados por el alcalde del municipio, para dar una escarmiento a los jóvenes marxistas. Tras esto, el Gobierno dice que la policía detuvo a los 43 estudiantes, los entrega a los narcos, y estos, los asesinan, y tiran sus cenizas a un río.

Sin embargo, ante las dudas que planteaba la hipótesis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó a un grupo de cinco especialistas extranjeros conocidos como el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) para que realizaran una investigación propia sobre el caso. Las conclusiones fueron que la versión del Gobierno no se sostenía con hechos y que dependía de confesiones de detenidos que pudieron haber testificado bajo tortura. Además, denunciaron que sufrieron una campaña mediática de difamación y que se realizaron múltiples acusaciones de malversación de fondos, entre otras, que imposibilitaron su trabajo.

Así, entre una acumulación de tragedias y misterios sin resolver se mantienen casi el medio centenar de familias desde 2014 sin ninguna incógnita resuelta y sin una sola sentencia condenatoria por lo ocurrido. La violencia en México sigue siendo aterradora, con desapariciones forzadas que llegan a 29.917 personas (22.414 hombres y 7.503 mujeres). Ayotzinapa sigue encontrar la verdad y a sus 43 estudiantes, el gobierno mexicano continúa sigue sin resolver el caso y España mantiene la misma respuesta desde hace tres años: silencio.