Diez policías municipales del municipio mexicano de Arteaga se encuentran bajo arraigo (detención preventiva) para investigar su posible vinculación con el asesinato de doce agentes federales, informó hoy la Fiscalía.

Los cadáveres fueron hallados el lunes en una autopista del sureño estado de Michoacán, dos días después de la detención de uno de los líderes del cártel de La Familia Michoacana, organización criminal cuya sede se localiza en dicho territorio.

El múltiple asesinato se interpretó como una represalia del cartel por la captura de Arnaldo Rueda, alias 'La Minsa', a quien sus sicarios intentaron liberar de forma violenta.

El jueves se produjo la aprehensión de 19 policías de Arteaga, de los que, finalmente, y tras rendir declaración ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), diez han sido arraigados.

La figura jurídica del arraigo, muy utilizada durante la presente Administración, se emplea para retener a posibles delincuentes asociados al crimen organizado mientras se reúnen pruebas contra ellos.

Los diez policías no enfrentan aún cargos, ya que se está dirimiendo su responsabilidad o no en el asesinato de los doce agentes federales.

Michoacán, estado natal del presidente Calderón, se encuentra ahora blindado contra el narcotráfico por más de 5.000 policías y soldados, en respuesta al repunte de la violencia derivada de las actividades de La Familia Michoacana y su choque con las autoridades federales.

El Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, ha lamentado la intervención federal en su territorio por considerar que viola su soberanía.

En mayo, 30 alcaldes y altos funcionarios de Michoacán, algunos muy próximos a Godoy, fueron detenidos acusados de nexos con el cartel, en lo que la prensa llamó 'el michoacanazo', apenas dos meses antes de las elecciones al Parlamento. Tres de los regidores fueron puestos en libertad más tarde.

En lo que va de año, las muertes obra del crimen organizado en México ascienden a 3.718, según el recuento del diario El Universal. De diciembre de 2006, fecha en la que asumió el poder Calderón, a diciembre de 2008, se registraron cerca de 10.500 asesinatos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).