Publicado: 15.03.2016 19:58 |Actualizado: 15.03.2016 20:04

Dilma blinda a Lula ante el acoso de los fiscales y le coloca en su Ejecutivo

El caso del expresidente, que asume la cartera de Secretaría del Gobierno, pasa ahora a la Corte Suprema de Brasil

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El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (d), con su esposa Marisa (i) y la actual presidenta, Dilma Rousseff, en su domicilio de Sao Bernardo do Camopo, saludando a sus simpatizantes. REUTERS/Paulo Whitaker

El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (d), con su esposa Marisa (i) y la actual presidenta, Dilma Rousseff, en su domicilio de Sao Bernardo do Camopo, saludando a sus simpatizantes. REUTERS/Paulo Whitaker

BRASILIA.- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha decidido incorporar a su Gobierno a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, que obtendría de esta forma protección frente a la investigación iniciada por la Fiscalía de Sao Paulo por su supuesta vinculación con una trama de corrupción y blanqueo de capitales. Según fuentes de la presidencia, es probable que el ex presidente asuma la Secretaría de Gobierno en lugar del ministro Ricardo Berzoni. 

Lula ya avisó el lunes a varios militantes de su partido que había decidido aceptar la invitación "para integrar un ministerio y volver a trabajar en el Palacio de Planalto", la sede del Ejecutivo brasileño, antes de una reunión prevista para el martes en Brasilia con Rousseff.

Con su entrada en el Ejecutivo brasileño, el caso de corrupción en el que se investiga a Lula pasaría de las manos del actual juez federal Sergio Moro a la Corte Suprema de Brasil. A Moro se le había entregado el lunes la jurisdicción para decidir sobre cargos de lavado de dinero contra el ex presidente. Moro ha arrestado a decenas de personas para interrogarlas y las mantuvo detenidas durante meses mientras investiga el rastro de una trama de sobornos y arreglos de contratos que comenzó en Petrobras, la petrolera controlada por el Estado.



Lula fue detenido brevemente el pasado 4 de marzo para interrogarlo sobre la propiedad de un tríplex ubicado en el Edificio Solaris, un condominio de lujo ubicado de Sao Paulo construido por el grupo de ingeniería OAS, involucrado en el escándalo de corrupción de Petrobras. Los investigadores creen que Lula es el verdadero dueño del apartamento y que lo habría recibido como pago por ejercer su influencia en la adjudicación de los contratos públicos de Petrobras, de acuerdo con la prensa local.

Rousseff ha criticado en varias ocasiones las medidas coercitivas aplicadas sobre su antecesor y la semana pasada llegó a apuntar que sería un "orgullo" tener a Lula da Silva como ministro del actual Gobierno.

Un delator del caso Petrobras acusa ante el juez a Rousseff y a Lula de chantajear a testigos de los casos de corrupción, entre ellos a él mismo

Mientras, siguen produciendose denuncias de corrupción que implican a Lula y a Rousseff. El exjefe del oficialismo en el Senado, Delcidio Amaral, acusó a la presidenta y a su antecesor de participar en múltiples casos de corrupción, según documentos filtrados por la prensa. La declaración de Amaral a la Policía, ofrecida en el marco de un acuerdo de cooperación con la Justicia, fue aceptada por la Corte Suprema, con lo que se incorporó a la causa abierta por el caso de corrupción en Petrobras. En su declaración, que suma 255 páginas y aporta pruebas como sus agendas oficiales, listas de llamadas y pasajes aéreos, el senador denuncia también a numerosos políticos de partidos oficialistas y de oposición.

Entre otros ilícitos, acusa a Rousseff y Lula de chantajear a testigos de los casos de corrupción, entre ellos a él mismo, de financiación ilegal de sus campañas electorales, de presionar a jueces del Tribunal Supremo y de tener conocimiento o autorizar operaciones ilegales en Petrobras. Según Amaral, el ministro de Educación, Aloízio Mercadante, en nombre de Rousseff, le ofreció dinero para tratar de evitar su confesión y su delación.

La oposición brasileña exigió la "inmediata y sumaria" destitución del ministro de Educación, Aloizio Mercadante, acusado por un delator del caso Petrobras de intentar sobornarle a cambio de que no cooperase con la justicia. "Si a la presidenta (Dilma) Rousseff le queda algo de dignidad, debe destituir inmediatamente al ministro" y "reconocer que su Gobierno cada día avergüenza más al país", dijo el diputado Antonio Imbassahy, jefe del Partido de la Social Democracia Brasileño (PSDB) en la Cámara Baja.