El clan de Eduardo Bous, el multimillonario gobernador del estado mexicano de Sonora, 'es dueño de medio estado, pero lo quiere todo', denunció el periodista Ricardo Ravelo en el último número de la revista Proceso. Afirma que 'la Fiscalía investiga la relación de sus empresas con el narcotráfico y el dinero' pero eso no impide a Bous ser recibido por el presidente mexicano Felipe Calderón 'para analizar, entre otros temas, el gran negocio que se avecina con la reforma energética'.

Bous no sólo niega todas las acusaciones sino que ha interpuesto una demanda judicial contra la revista. Ayer fue un paso más alla y declaró en una entrevista radiofónica que podría ser víctima de una campaña difamatoria para evitar que se presente como candidato a la presidencia en 2012. El instigador sería, según Bous, su mayor rival político en el PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Según Ravelo, 'La empresa Bachoco, propiedad de los Bours, es investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que decenas de tractocamiones de esa compañía han sido asegurados con cuantiosos cargamentos de droga (marihuana, cocaína y pastillas psicotrópicas) ocultos entre los pollos congelados y los huevos que se envían a varios estados del país'.

La empresa Bachoco, la mayor empresa de producción y distribución de pollos y huevo en México, ocupó, en el 2007, el lugar 101, entre las 500 empresas más grandes del país, por arriba de Sony o de Pfizer. Se trata de la quinta firma más poderosa en el terreno de la producción de alimentos, solamente atrás de Bimbo (productora de pan), Maseca (de tortillas), Nestlé (la trasnacional productora de leches y derivados), Lala (productora de lácteos).

En otra parte del artículo señala la utilización de los transportes de pollo y huevo como fachada del tráfico de drogas: 'A raíz de la detención de algunos de esos camiones, el gobernador Bours lanzó una fuerte protesta contra la PGR y el Ejército por la gran cantidad de retenes y punto de revisión instalados para detectar cargamentos de droga.

La acusación más agresiva fue lanzada por el mandatario el 21 de noviembre de 2007, cuando la PGR descubrió que Lázaro González Cruz, su jefe de escoltas, mantiene ligas con el narcotráfico, en particular con los hermanos Beltrán Leyva'. Estos últimos son conocidos en le país como la principal banda que controla la distribución de droga en el estado de Sonora, desde donde la introduce a los Estados Unidos.

No es la primera vez que el gobernador demanda penalmente a medios de comunicación que cuestionan su forma de gobernar o sus supuestas relaciones con el narco. En años pasados lo hizo en contra del diario local, el Imparcial, luego contra de la revista Contralínea. En ambos casos debido a que se le vinculaba, a él y a su familia, con el secuestro del periodista Alfredo Jiménez Mota, desaparecido desde el 2 de abril de 2005, después de que denunció los vínculos del hermano del gobernador con los narcos.

No hay que olvidar que la tesis de la participación de la familia en esa terrible práctica, fue reforzada, cuando el teniente de la policía, Jesús Francisco Ayala Valenzuela, denunció en la revista Proceso que ese periodista había sido secuestrado por órdenes de Ricardo Bours Castelo.

Hay que señalar que en casi todos los diarios nacionales han salido informaciones que vinculan al gobernador o a su familia con el narco, lo peculiar es que se demanda a la revista Proceso, que viene de un largo juicio en su contra, promovido por la familia del expresidente Vicente Fox.