En Estados Unidos, los 50 estados mandan mucho. Tienen sus propios congresos, sus propias policías, sus propias normas. Así lo quisieron los padres fundadores. La décima enmienda de la Constitución estipula que todos los poderes no explícitamente transferidos a Washington serán retenidos por los estados y los ciudadanos, y estos incluyen temas tan básicos como la educación pública, la salud, el transporte y las infraestructuras, aunque todos reciban una financiación federal significativa.

La tendencia general ha sido hacia la centralización, pero hay un debate continuo sobre los 'derechos de los estados' que concierne al grado y la naturaleza de los poderes y soberanía de los estados en relación al Gobierno federal, como se ha visto recientemente en el tema de la ley migratoria de Arizona.

La semana pasada un tribunal federal respaldó el argumento presentado por el Departamento de Justicia según el cual Washington tenía competencias exclusivas en el tema migratorio. Otros 18 estados tenían pensado presentar un proyecto parecido al de Arizona, pero ahora esperarán que el asunto se decida en los tribunales, y no se descarta que llegue hasta el Supremo.

El caso de la pena de muerte es otro tema polémico y muestra el poder de los estados: 35 la aplican y otros 15 la han suspendido. Los estados son libres de organizar sus gobiernos estatales en la forma que deseen, mientras se ajusten a la única exigencia de la Constitución estadounidense: que tengan 'una forma republicana de gobierno'.

A pesar de que los estados han decidido seguir en líneas generales el modelo federal, hay diferencias significativas en algunos de ellos. Uno de los casos más notables es el de la legislatura unicameral de Nebraska, que, a diferencia de las legislaturas de los otros 49 estados, tiene sólo una Cámara. La mayor parte de estados basa su sistema en el derecho inglés (aunque hayan incorporado cambios sustanciales), salvo Luisiana, cuya legislación bebe en gran medida del derecho civil francés.