Publicado: 14.07.2016 13:04 |Actualizado: 14.07.2016 13:04

Egipto "silencia, tortura y secuestra" a la disidencia y oposición, denuncia Amnistía Internacional

La organización publica un informe en el que acredita centenares de desapariciones forzosas de estudiantes, activistas políticos y manifestantes ejecutadas por el Estado egipcio, "en una tendencia que busca intimidar y aterrorizar a los oponentes al Gobierno".

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Egipcios rodean un tanque blindado durante las manifestaciones del año 2013.-EFE

Egipcios rodean un tanque blindado durante las manifestaciones del año 2013.-EFE

Amnistía Internacional publica un informe que documenta numerosos casos de secuestros, torturas y desapariciones en Egipto llevados a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) del país. Se trata de una “tendencia qu busca intimidar a los oponentes al Gobierno egipcio y acabar con la disidencia pacífica” a través de este brazo gubernamental, según denuncia la organización.

El informe Egypt: Officially, you do not exist expone un “aumento sin precedentes” de las desapariciones forzadas que han tenido lugar desde principios de 2015. Dicha publicación acredita centenares de secuestros de estudiantes, activistas políticos y manifestantes que desaparecen “sin dejar rastro”, presuntamente a manos del Estado. Algunos de estos desaparecidos son incluso menores de “tan sólo 14 años de edad”, explica Amnistía.



Las ONG egipcias establecen un promedio de entre tres y cuatro detenciones al día. Detenciones que habitualmente se producen de forma violenta al “irrumpir en su domicilio fuerzas de seguridad fuertemente armadas que están dirigidas por agentes de la ASN”. Muchas de estas personas terminan recluidas durante meses “sin poder saber cuándo terminará su cautiverio”, además de “permanecer esposadas y con los ojos vendados durante todo ese tiempo” critican las ONG.

La lucha antiterrorista como pretexto para "amedrentar y aterrorizar"

Este informe desvela tácticas “despiadadas y escandalosas que las autoridades egipcias están dispuestas a emplear en su intento de aterrorizar a manifestantes y disidentes para silenciarlos” afirma Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Luther acusa al Estado egipcio de instrumentalizar las desapariciones forzadas para “amedrentar y aterrorizar” a las personas que son secuestradas por las autoridades, “elemento que se ha convertido en un instrumento clave para la política de Egipto”. Además, Luther explica que la lucha antiterrorista se ha convertido en un pretexto para ejecutar estos secuestros, e interrogar y torturar a las personas que cuestionan a las autoridades. “Cualquier persona que se atreva a alzar la voz corre peligro” sentencia.

Las autoridades egipcias han negado de forma continuada que existan dichas desapariciones forzadas en el país, pero para Luther el informe de Amnistía Internacional ofrece “firmes indicios en sentido contrario”. “Saca a la luz no sólo la brutalidad a la que se enfrentan las personas desaparecidas sino también la connivencia entre las fuerzas de seguridad nacionales y las autoridades judiciales” remacha. Y remarca que estas ocultan su rastro y no investigan las denuncias de tortura “lo que les convierte en cómplices en violaciones graves de derechos humanos”.

Jóvenes ejecutados tras un juicio militar "injusto"

La organización ejemplifica esta situación con el caso de seis chicos que fueron ejecutados en Egipto tras “un juicio militar injusto”, en el que se denunció que sus confesiones tuvieron lugar bajo tortura. Asimismo, explican que tratan de evitar que finalmente se ejecute la condena a muerte de ocho jóvenes que han denunciado ser víctimas de desaparición forzada, tortura y que no han tenido acceso a un juicio justo.

España exporta a Egipto material de defensa valorado en 460 millones

Amnistía Internacional también afea a España por exportar a Egipto material de defensa por valor de 460 millones desde 2003. Reclama al gobierno español que suspenda las transferencias de armas a Egipto “que puedan ser empleadas para reprimir protestas”, y debe también “demostrar que las armas exportadas no están siendo utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional” reitera la organización.