Durante los días previos al primer aniversario de la Revolución del 25 de enero, la Junta Militar egipcia ha ido realizando varias concesiones con la finalidad de evitar el lanzamiento hoy de una nueva ola revolucionaria. Su última cesión, y la de más envergadura, es el levantamiento de la ley de emergencia, en vigor durante los últimos 30 años. Esta fue una de las grandes demandas insatisfechas de los jóvenes activistas durante la Revolución, ya que esta normativa ha otorgado cobertura legal a las violaciones de derechos humanos.

'He decidido levantar la ley de emergencia... La decisión se aplicará a partir de la mañana del 25 de enero', declaró el mariscal Hussein Tantawi, presidente de la Junta Militar, en un mensaje televisado dirigido a la nación. Sin embargo, el oficial añadió a su anuncio una coletilla que puede vaciar de contenido su promesa, ya que incluyó una excepción: los actos de 'gamberrismo'.

Tantawi no dio ninguna pista de cómo interpretar este concepto, que era utilizado habitualmente por el antiguo régimen para definir a los disidentes.

'Esta no es una cancelación real del estado de emergencia. La ley sólo se puede suspender de forma completa, o aplicar de forma completa. No hay puntos intermedios', aseguró Essam Sultan, uno de los diputados recién elegidos por el partido islamista moderado Wasat, haciéndose eco de una opinión compartida por la mayoría de revolucionarios.

La otra principal concesión fue la decisión de liberar a cerca de 2.000 presos arrestados después de la Revolución, y juzgados en tribunales militares. Entre ellos, figuran numerosos activistas. El más conocido es Maikel Nabil, un bloguero de 26 años en huelga de hambre que fue condenado a tres años de cárcel la pasada primavera por haber escrito un texto crítico con el Ejército. A pesar de que el anuncio fue el pasado domingo, la puesta en libertad no se hará efectiva hasta mañana.

'Estamos felices por las familias de los prisioneros, pero también queremos que el Ejército diga claramente que pondrá fin de forma oficial a los juicios militares', declaró al periódico Masry al-ium Shahira Aboueleil, miembro de la asociación No a los juicios militares para civiles. Según sus cálculos, unas 12.000 personas han sido juzgadas en tribunales castrenses, o están a la espera de serlo, y muchos continuarán entre rejas tras la amnistía.

Además de estas medidas de gracia, para neutralizar las movilizaciones de los jóvenes activistas, la Junta Militar ha preparado una serie de actos festivos para conmemorar la Revolución que derrocó en 18 días al dictador Hosni Mubarak.

Uno de ellos consistirá en la entrega de una medalla a los familiares de las víctimas de la revuelta, así como a las personas que padecieron heridas graves, a quienes el Gobierno prometió la semana pasada un trabajo como funcionarios públicos.

'Hoy no hay nada a celebrar, no es un día feliz', dijo a Público Amal Sharaf, portavoz del Movimiento 6 de Abril, el más célebre de los grupos revolucionarios, y que aboga por que la Junta Militar entregue inmediatamente todos sus poderes al nuevo Parlamento, constituido anteayer. 'Mucha gente ha muerto, y ha sido torturada este último año. La Revolución no habrá culminado hasta que los militares vuelvan a sus cuarteles', añadió.

Este es el objetivo que esperan conseguir las movilizaciones masivas convocadas para hoy. A diferencia del pasado 25 enero, los revolucionarios sí creen posible su victoria.