Después de dos días de tensión, en los que la Policía cercó una de las mayores favelas de Río de Janeiro, las autoridades ordenaron la invasión de la Rocinha la pasada madrugada. Pocas horas después, la favela estaba ocupada, según las autoridades, sin encontrar resistencia ni disparar un solo tiro.

El dispositivo incluía a 300 agentes del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), el cuerpo de élite de la Policía Militar, con la ayuda del Ejército, vehículos blindados de la Marina y helicópteros. En total, habrían participado en la operación 1.500 policías y militares.

Los vecinos exigen que no se repitan los abusos policiales del Complexo do Alemão

El despliegue llegaba tras la detención el pasado jueves de Antonio Francisco Bonfim Lopes, alias Nem, presunto jefe del tráfico de drogas en la Rocinha. El objetivo era expulsar de la comunidad a los narcos y preparar el terreno para instalar una Unidad de Policía Pacificadora (UPP). Unos 200 traficantes podrían todavía estar escondidos en la zona. La Policía entró también en la vecina favela de Vidigal.

La Rocinha es una pieza clave para la política de seguridad del gobernador de Río, Sergio Cabral. Con más de 70.000 habitantes, es una de las mayores favelas de la ciudad. Es también uno de los principales puntos de distribución de estupefacientes, desde que la invasión del Complexo do Alemão, hace ahora un año, expulsó de allí a los narcotraficantes.

Además, la Rocinha está ubicada en la rica zona sur, junto a los exclusivos barrios de Gávea y São Conrado, por lo que conforma una de las fotografías más simbólicas de la desigualdad social que parte en dos la cidade maravilhosa.

Tras la captura de Nem', la favela ha sido ocupada sin resistencia

El día anterior, varias asociaciones entre ellas la Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia, Visión de la Favela y Justicia Globaldivulgaron una nota en la que exigían que no se repitan en la Rocinha abusos como los que se dieron en la invasión del Complexo do Alemão o de la Penha.

Entonces, la prensa brasileña divulgó apenas la visión victoriosa y pacífica que de la ocupación dieron las autoridades, pero más tarde se documentaron casos de 'invasión de casas de vecinos sin orden judicial, abordajes policiales truculentos, detenciones arbitrarias, agresiones, ejecuciones sumarias y extorsión y robos por parte de agentes criminales', según las citadas organizaciones.

Las UPP son la piedra angular de la política de Cabral. En teoría, suponen un cambio de paradigma: si durante décadas el Estado sólo entró en las favelas para matar y salir de nuevo, ahora se pretende instaurar puestos de Policía comunitaria permanentes, que se alternen con políticas sociales que promuevan la integración. En casi tres años, se han instalado en Río 18 unidades, la mayoría en la zona sur de la ciudad.

Hasta ahora, el balance es desigual: vecinos de algunas favelas pacificadas u ocupadas, pues la palabra nunca es neutral confirman que los niveles de violencia han bajado; otros se quejan de que los agentes imponen arbitrariamente sus normas de convivencia. Se han documentado casos en que los policías de las UPP se han involucrado en el tráfico de drogas en la favela. Aunque estas unidades se crean con nuevos agentes, la generalizada corrupción en el cuerpo sigue siendo un gran obstáculo.

Las facciones del narcotráfico que controlaban la ciudad, como Amigos dos Amigos y Comando Vermelho, han perdido poder, pero paralelamente se han hecho fuertes las milicias o grupos paramilitares.

El problema de Río de Janeiro, como del resto de ciudades brasileñas, es el estado de abandono de la población pobre en una sociedad que sigue estando entre las más desiguales del mundo. Cuestiones enquistadas que no se resuelven con una invasión policial.

El dilema de Cabral es que se ve impelido a mejorar la inseguridad ciudadana antes del Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016: el Comité Olímpico Internacional le ha pedido que urbanice las casi mil favelas cariocas antes del segundo evento.