Publicado: 23.11.2015 13:12 |Actualizado: 23.11.2015 13:12

El estado de emergencia en Francia
se salda con más de mil registros, 117 detenciones y 201 armas incautadas

El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, presenta un paquete de medidas para luchar contra el terrorismo en el sector financiero, como el mayor control de las pequeñas transacciones de fondos internacionales

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Miembros de la policía patrullan un mercado navideño en la Avenida Campos Elíseos en París, el pasado jueves./ EFE

Miembros de la policía patrullan un mercado navideño en la Avenida Campos Elíseos en París, el pasado jueves./ EFE

PARÍS.- Las fuerzas del orden francesas han llevado a cabo 1.072 registros administrativos sin orden judicial y 117 detenciones tras la entrada en vigor en la medianoche del 13 de noviembre del estado de emergencia decretado por los atentados de París, según informa este lunes el diario Le Monde.

El recuento ofrecido por ese rotativo en su edición digital añade que se ha dictado la "residencia vigilada" (que restringe la libertad de movimiento del individuo) para 253 personas y se han incautado 201 armas. Los efectivos franceses han descubierto además productos estupefacientes en 77 de sus intervenciones, precisa ese último dato.



El actual estado de emergencia se decretó a las 23.00 horas GMT del viernes 13 para el territorio metropolitano y Córcega, y el martes se amplió a los territorios franceses de ultramar por coherencia con el resto del dispositivo. 

El Parlamento francés adoptó el pasado viernes definitivamente el refuerzo y la prolongación de esa medida durante tres meses, hasta el 26 de febrero, tras los votos casi unánimes del Senado y, el día anterior, de la Asamblea Nacional. La prolongación del estado de emergencia comenzará a partir de este jueves, fecha en la que expira el establecido en un primer momento, que era de 12 días de duración.

Por otra parte, el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, presentó este lunes un paquete de medidas para luchar contra el terrorismo en el sector financiero, como la mejor coordinación de servicios o el mayor control de las pequeñas transacciones, que, dijo, "tuvieron un papel en los atentados" del 13-N.

Sapin aseguró, además, que la batalla financiera contra el terrorismo es "también europea", por lo que pidió que se trate este asunto en el Consejo de Ministros de Finanzas de la UE del próximo 8 de diciembre. En el mismo, París pedirá a sus homólogos europeos que se constituyan grupos de información financiera "autónomos y eficientes para detectar los flujos" que financian el terrorismo, señaló Sapin. Además, pedirá "registros centralizados de cuentas bancarias y de pago para identificar los flujos sospechosos" con el fin de "congelar rápidamente los bienes de los terroristas".

Sapin trabajará para que Europa tenga más acceso a los datos de transacciones de fondos internacionales, que en la actualidad pasan por el sistema SWIFT, mayoritariamente controlado por Estados Unidos. "Los europeos no somos capaces de explotar nuestros propios datos", se lamentó el ministro.

Compromisos del G-20 y el GAFI

Una mejor vigilancia de las transferencias de fondos, el refuerzo de la lucha contra el tráfico de obras de arte —uno de los medios de financiación del terrorismo—, el mayor control de las tarjetas bancarias prepagadas y la mejora de las capacidades de congelación de los bienes del terrorismo son otras de las medidas que presentará Francia.

Sapin aseguró que la lucha contra la financiación de grupos terroristas debe tratarse en otros foros, como el G20 y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que aseguró que no todos sus países miembros cumplen los objetivos en la lucha contra la financiación del terrorismo. "Antes del G20 de finanzas de febrero próximo tenemos que identificar los países que presentan lagunas y proponer un mecanismo de seguimiento eficaz para presionar a los países que incumplen hasta que puedan modificar sus legislaciones", aseguró.

Entre las medidas internas que anunció Sapin destaca el control de las tarjetas bancarias prepagadas, de las que dijo que "se usaron en los atentados del 13-N". El ministro afirmó que es preciso "reducir el anonimato" del uso de estos instrumentos de pago, que hasta ahora pueden utilizarse sin verificación de identidad a partir de 2.500 euros.

Además, los servicios de investigación sobre tráfico ilícito de capitales tendrán mejor acceso a las informaciones sobre presuntos yihadistas y viceversa. Finalmente, la confiscación, que hasta ahora afectaba esencialmente a los bienes bancarios, se podrá aplicar también a otros, como los inmobiliarios o los vehículos.