Publicado: 20.03.2016 21:21 |Actualizado: 21.03.2016 08:00

Qué se esconde tras el "bienvenidos refugiados" de Merkel

Desde que se declaró abierta la crisis de refugiados, Angela Merkel ha pactado acuerdos y reformas cada vez más duros contra los migrantes que huyen de la guerra.

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Una niña tapada con una manta a su llegada a la isla griega de Lesbos.- ALKIS KONSTANTINIDIS (REUTERS)

Una niña tapada con una manta a su llegada a la isla griega de Lesbos.- ALKIS KONSTANTINIDIS (REUTERS)

BERLÍN.- En 2015 pisaron suelo alemán 1,1 millones de refugiados, pero no todos han podido ni podrán quedarse. La política de “puertas abiertas” que Angela Merkel quiere hacer creer a los medios de comunicación que practica Alemania, es cada vez más excluyente. Con el paso de los meses y, debido también a las presiones de su coalición de gobierno en Baviera (CSU) y de su propio socio de gobierno (el partido socialdemócrata), las leyes de asilo alemanas han ido mutando hasta convertirse en un duro proceso burocrático y en ocasiones lento por el que los demandantes de asilo deben pasar para poder quedarse.

En septiembre del año pasado la Unión Europea acordó repartirse en cuotas a 120.000 personas. Quienes se negaron a firmar este pacto fueron Hungría (que puso vallas y concertinas en su frontera con Serbia, además de lanzar gas lacrimógeno a quienes intentaban cruzar), Eslovaquia, República Checa y Rumanía. Los repartos se han ido haciendo de forma desorganizada y permitiendo que se creasen asentamientos cercanos a fronteras, como en Idomeni (Grecia), donde miles de personas están atrapadas esperando a que Macedonia les deje pasar. Tras el cierre de fronteras ha quedado bloqueado el acceso por los Balcanes y la Unión Europea apenas le ha reprochado nada a Macedonia, exactamente igual que hizo con Hungría unos meses atrás. Los países que votaron en contra del acuerdo no estaban exentos de su cumplimiento.



Angela Merkel, acostumbrada a ser quien lleve la voz cantante en las decisiones que se toman en la Unión Europea, suplicó a los estados miembros que se comprometiesen a acoger a los solicitantes de asilo por cuotas, tras amenazar con que, de lo contrario, se revisaría el acuerdo Schengen. La cantidad asignada era el resultado de un cálculo en el que se tenía en cuenta el PIB de cada país, su nivel de desempleo y otras condiciones socioeconómicas. España se comprometió a acoger a 17.680 personas procedentes de Grecia, Italia y Hungría. Hasta la fecha sólo ha acogido a una veintena de personas, aunque se espera que tras la firma del nuevo acuerdo con Turquía puedan empezar a llegar más. El desinterés del ejecutivo español en la acogida de refugiados es patente y el viernes pasado el Presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, firmó el pacto de la Unión Europea con Turquía a pesar de que la mayoría del nuevo parlamento surgido tras las elecciones del 20-D se había posicionado en contra.

Desde octubre de 2015 Alemania aplica nuevamente el acuerdo de Dublín, que es el que determina qué estado miembro tiene que tramitar la solicitud de asilo de cada persona. Normalmente se tramita desde el país por el que se accedió a la Unión Europea. Aplicarlo implica la devolución de migrantes al primer país de territorio Schengen en el que se hayan inscrito. Las deportaciones se han hecho normalmente de Alemania hacia Austria, país por el que pasaba la ruta más común de llegada hasta que se ha cerrado el acceso por la zona de los Balcanes. Esto le ha supuesto un enfrentamiento diplomático con el canciller austriaco, el socialdemócrata Werner Faymann, quien recientemente declaró que “Austria no es una sala de espera para Alemania. Queremos llevar una cuota diaria de refugiados directamente desde Grecia para que no tengan que pasar por Austria si quieren llegar hasta allí”. Lo que implícitamente quería decir es que no querían ser el país que tramitase sus solicitudes de asilo. El ejecutivo alemán no tardó en rechazar esta propuesta y alegar que en Alemania no se funciona con cuotas diarias.

Sí parecen interesarle más los números a la Gran Coalición cuando se trata de expulsar a refugiados hacia otros países europeos. A cambio, están dispuestos a calificar a Turquía como país seguro, tal y como hicieron a principios de año con Marruecos, Argelia y Túnez al aprobar la nueva ley de asilo “Asylpaket II”, que impide la reunificación familiar durante dos años a migrantes procedentes de estos países y abre la puerta a las expulsiones colectivas fletando vuelos predispuestos especialmente para ello aunque los migrantes estén enfermos, si no revisten gravedad notoria. En esta ley la calificación de seguros de estos países se hace para enviar a los solicitantes de asilo más rápidamente a sus lugares de origen. Automáticamente pasan a ser considerados inmigrantes económicos, pero con menos derechos que el resto de inmigrantes económicos procedentes de la Unión Europea.

El nuevo pacto firmado el viernes devolverá de Grecia a Turquía a quienes se han jugado la vida cruzando el mar Egeo y se comprometerá a ir acogiendo paulatinamente a refugiados en Europa. El cambio es de 1 a 1, es decir, por cada refugiado deportado a Turquía otro refugiado entra en lista de espera para poder ser realojado en Europa, con un máximo de 72.000 (realojados, no hay número máximo de deportados). Si se sobrepasa esta cifra, el acuerdo no se aplica. Para que un país sea calificado como seguro no puede tener conflictos abiertos, caso que no se cumple con Turquía y su conflicto con el Kurdistán.

Tampoco podrá devolver a los migrantes a sus localidades de procedencia. Este acuerdo sigue la misma metodología que los que España ha firmado con Marruecos para impedir el paso por la valla de Melilla: pagar a un país no perteneciente a la Unión Europea para que impida que los refugiados lleguen a territorio Schengen. La calificación de que estas expulsiones serán caso por caso se ha establecido pensando en no contravenir el artículo 19 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Este artículo prohíbe las expulsiones colectivas y dice que “nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes”. No se pueden contar con los dedos de una mano las veces que Turquía se ha saltado los derechos humanos desde que comenzó esta crisis.

Tampoco es cierto que en Alemania los refugiados cobren ayudas de asilo de forma prolongada y desde el primer día. Las ayudas se conceden por un plazo de seis meses en los que se tienen que cumplir estrictos requisitos como no poder salir de la ciudad de asilo, por ejemplo. Pasado este periodo de tiempo hay que renovar la solicitud, portando una cantidad sustanciosa de documentos y que puede ser fácilmente denegada, lo que obliga a muchos migrantes a tener que vivir en la ilegalidad. Aunque las solicitudes de asilo deberían resolverse rápidamente, en febrero el Presidente del BAMF (Agencia estatal de Migración y refugiados), Jürgen Weise, admitía que “hay entre 670.000 y 770.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución todavía”. Uno de los principales motivos por los que muchos sirios solicitan el asilo son las raíces familiares. En Alemania hay una gran comunidad kurda de origen sirio y muchos refugiados tienen familiares viviendo allí desde hace tiempo.

Lo que sí resulta jugoso para Merkel y sus socios de gobierno es que los refugiados puedan llegar a trabajar por menos del salario mínimo. Desde el inicio de esta crisis se han oído declaraciones como las de David Folkers-Landau, presidente del principal banco de Alemania, el Deutsche Bank, en las que pedía que se añadiese como excepción que puedan cobrar menos de los 8,5 euros por hora del salario mínimo aprobados a principios de 2015. En sus declaraciones dijo que “estaría bien si los refugiados ganasen menos porque a cambio Alemania les ofrece un lugar seguro en el que vivir y una infraestructura altamente desarrollada”. Con este tipo de declaraciones no sorprende que el racismo se haya quintuplicado en el último año en Alemania. La perpetuación de estas ocurrencias económicas puede suponer el enfrentamiento entre los trabajadores autóctonos respecto a los nuevos migrantes. Hacer confrontar ambas situaciones para rebajar aún más las condiciones laborales del mercado alemán (ya fuertemente tocado con 7 millones de minijobs en los que no se puede ganar más de 450 euros) puede llegar a ser la estrategia a seguir. Además, a las presiones de los partidos en el gobierno, de los lobbys económicos y del resto del 'establishment' se une la fuerte entrada de la derecha populista de AfD a los parlamentos el pasado 13 de marzo. En sus eslóganes dicen querer combatir la inmigración y también proponen quitar el salario mínimo. No es casualidad. Quizá esta Unión Europea no es el paraíso que muchos de sus habitantes imaginan. Hay que recordar que al mismo tiempo que se estableció el espacio Schengen se blindó a la Unión Europea del resto de países ajenos a este acuerdo.