El Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigió este martes a Francia que suspenda la expulsión de 11 afganos. El Gobierno de Nicolas Sarkozy, bajo presión de las asociaciones civiles, ya había anunciado el lunes la suspensión del vuelo de deportación, porque París ya sabía que era objeto de una decisión por trámite de urgencia en el Tribunal de Estrasburgo.

Con el ministro de la Identidad Nacional, Brice Hortefeux, y sus vuelos chárter de expulsión, estos rocambolescos sobresaltos suelen ser costumbre. La política de expulsar no se rige estrictamente por criterios legales, sino por objetivos cifrados 26.000 este año, lo cual obliga a sus servicios a tomarse ciertas libertades con los derechos fundamentales de la persona para poder cuadrar las cuentas.

Entre los casi 60 afganos sin papeles que París tenía en su punto de mira, los había que eran probablemente menores, otros corrían riesgo de muerte en Afganistán, y otros tenían previsto solicitar la condición de refugiados, razones por las cuales no pueden ser expulsados. Pese a ello, París tenía listo el plan de deportación conjunto con el Reino Unido, un tour Londres-Lille-Bakú-Kabul.

La presión de las asociaciones civiles y los trámites judiciales lanzados por las mismas condujeron a la presentación de tres recursos ante el Tribunal Europeo, para defender los casos de los 11 afganos. El Alto Tribunal decidió aplicar el artículo 39 y su trámite de urgencia, por lo que el lunes por la noche la sentencia estaba lista: París debía renunciar al chárter, hasta que se estudie jurídicamente el fondo del problema.

El ministerio Hortefeux se había limitado a hablar de 'una dificultad jurídica sobre el plan de vuelo' y de problemas en las 'condicionesde seguridad'.